$ 23 millones: la condena a Compagnon que a nadie dejó conforme

Transcurridos 1.254 días desde que parlamentarios de Chile Vamos denunciaran ante la Fiscalía Nacional la arista "madre" del caso Caval, en que pidieron investigar eventuales delitos de tráfico de influencias y uso de información privilegiada, hoy una de las socias de la empresa, Natalia Compagnon, experimentó el primer veredicto en su contra.

El Tribunal Oral en lo Penal de Rancagua estimó que la nuera de la expresidenta Michelle Bachelet deberá cumplir una pena de 541 días de pena remitida y el pago de una multa de $ 23 millones, por la emisión de cuatro facturas falsas. Eso sí, el juzgado también estableció que si la mujer de Sebastián Dávalos demuestra que no tiene recursos para cubrir esta sanción, podrá conmutarla por trabajos comunitarios. Además, se le decretó la pena accesoria de no acceder a cargos u oficios públicos durante el tiempo de la condena y que deberá pagar las costas de la causa.

Esta sentencia marca el fin de un camino judicial que se ha extendido por más de tres años y que tuvo su inicio en febrero de 2015, cuando revista Qué Pasa publicó que la empresa Caval -cuyos socios eran Compagnon y Mauricio Valero- había realizado un negocio de compra y venta de tres terrenos en la comuna de Machalí. Para concretar este negocio, la firma obtuvo un préstamo de $ 6.500 millones del Banco de Chile. Pocos días después, se supo que en el marco de las tratativas para obtener el crédito, Compagnon y Dávalos se reunieron con el vicepresidente del banco, Andrónico Luksic.

Esta información pública marcó un antes y un después en la gestión de Bachelet, lo que se tradujo en una fuerte baja en las encuestas.

De los 13 formalizados originales que tuvo el caso, solo Compagnon llegó a juicio oral por delitos tributarios. Si bien la sentencia de hoy marca un hito, no asegura que esté dicha la última palabra. Esto, porque la resolución no dejó a ninguna de las partes contentas y ya evalúan presentar recursos que obliguen a repetir este juicio.

Marcia Allendes, la fiscal del caso, indicó que los impuestos son muy importantes para el funcionamiento del país, por lo que evitarlos genera un impacto importante. Además, señaló que "el Ministerio Público estaba solicitando cuatro años de prisión efectiva. Tenemos que revisar la sentencia en sí, qué atenuantes, por ejemplo, se adujeron por parte del tribunal".

De acuerdo al fallo (ver recuadros), una de las atenuantes que tomaron en cuenta los jueces fue la colaboración a la investigación por parte de Compagnon, pese a que el Ministerio Público ha sostenido que la nuera de la expresidenta no ha cooperado con la indagatoria. Contrariando esta afirmación, los jueces estimaron que "las anteriores situaciones conocidas a partir del relato de la acusada permiten desde ya estimar concurrente la aminorante en análisis" y que "su aporte ha parecido, sin duda, sustancial".

Una segunda atenuante establecida por el tribunal fue la irreprochable conducta anterior de Compagnon.

El abogado de la mujer, Carlos Fierro, también se mostró abierto a apelar a la resolución judicial: "Es bastante extenso el fallo, tenemos que leerlo con cierta calma y en base a eso veremos cuáles son las acciones que determinaremos y cómo, ya que la sentencia no está ejecutoriada y, por lo tanto, es recurrible". El defensor agregó que "es una posibilidad quedarse con la condena como está actualmente, sin embargo, también es una posibilidad recurrir, depende del estudio de la sentencia", señaló.

La razón por la cual podría apelar al fallo, dijo el abogado de la nuera de Bachelet, es porque "esperábamos que fuese absuelta. Esa fue la petición que realizó esta defensa en el juicio".

Pese a estos reparos, los abogados de la mujer de Sebastián Dávalos celebraron que el tribunal les haya considerado dos aspectos para reducir la sentencia. "Lo que nosotros decimos es que fueron elegidas las atenuantes que solicitamos. También se acogió que la pena que se impusiera estuviera en un rango sustantivamente inferior al solicitado por el Ministerio Público y también por el Servicio de Impuestos Internos (SII), y que esa pena se cumpliera en una modalidad de remisión condicional de la misma, lo que significa firmando", indicó.

Quienes no quedaron conformes, no solo con la resolución de hoy, sino que con la investigación penal, fueron los parlamentarios de Chile Vamos, quienes en febrero de 2015 denunciaron por este caso posible tráfico de influencias y uso de información privilegiada por Sebastián Dávalos y su esposa. Esto, en marzo de 2015, se tradujo en una querella por estos delitos. Además, crearon una comisión investigadora en la Cámara.

Uno de los denunciantes, el exdiputado José Manuel Rojo Edwards -quien pertenecía a RN- indicó que "claramente hay cierta insatisfacción con los resultados finales, aunque el hecho de lograr una condena es algo muy positivo. El Servicio de Impuestos Internos solamente permitió la investigación de las facturas que emitía Caval y no las platas que conseguía Caval, que nosotros teníamos las sospechas de que tenía más involucramiento el hijo de la Presidenta Bachelet".

En ese sentido, el exsocio de Compagnon, Mauricio Valero, quien fue absuelto del delito de soborno al igual que la empresa Caval, dijo que "aquí hay tres años y medio de un costo personal, profesional y familiar tremendo, que a la luz de lo que vemos hoy nadie paga en este país, es decir, alguien puede inventar una acusación y no pasa nada".

Cuando se creó la empresa Caval en 2012, el primer cliente fue el empresario Gonzalo Vial Concha, quien pagó más de $ 1.200 millones por diversas asesorías, algunas de ellas relacionadas a negocios mineros.

Sin embargo, una vez que estallara la causa "madre" del caso Caval, y casi 10 meses después de la formalización de la investigación en 2016, Vial Concha se querelló por estafas reiteradas.

La arista sigue abierta y mantiene a los exsocios de Caval bajo indagatoria penal. Así, la fiscalía formalizó a Compagnon, Valero y a Sebastián Dávalos por el delito de estafa en marzo pasado. El 13 de julio, el Ministerio Público amplió los cargos y sumó presuntas infracciones a la Ley de Propiedad Intelectual, al estimar que parte de los informes entregados a Vial habrían sido copiados a Cochilco.

Las acciones que ha realizado la fiscalía en esta causa ha provocado una serie de enfrentamientos verbales entre los imputados y el fiscal regional de Rancagua, Emiliano Arias. El próximo 17 de agosto se discutirá el cierre del caso.