A través de una carta, 27 oficiales condenados en Punta Peuco solicitaron la “conmiseración” del poder político y judicial y reconocieron que sus acciones “produjeron violaciones a los derechos humanos (DD.HH.)”.

Fue el diputado Gonzalo de la Carrera quien leyó la misiva en el Congreso, donde los firmantes solicitaron que el contenido de la misma se diera a conocer a la opinión pública, todo ello un día después de la conmemoración de los 50 años del Golpe de Estado, que se concretó con el bombardeo a La Moneda el 11 de septiembre de 1973.

En la carta se lee que los firmantes, “oficiales del Ejército y demás instituciones de las Fuerzas Armadas y de Orden, privados de libertad por hechos ocurridos hace 50 años, sentimos el patriótico deber de señalar a nuestros compatriotas que si bien cumplimos sentencias judiciales que han emanado de un sistema procesal que fue desechado por injusto e inquisidor, lo hacemos con la dignidad y el estoicismo propios de un soldado”.

En esa línea, reconocen que, “en el cumplimiento de nuestros deberes y en la forma como lo entendíamos en esa época, muchas de nuestras acciones produjeron violaciones a los derechos humanos, con graves consecuencias”.

“A no dudar, ello fue reflejo de una formación que daba más importancia a la obediencia que al respeto por el que se consideraba adversario, lo que se cita como dato para su comprensión y no como justificación”, añadieron en la misiva.

Además, los firmantes expresaron su “congoja”, “por quienes, siendo el eslabón más bajo y más débil de la cadena de mando -nos referimos a suboficiales, soldados conscriptos y empleados civiles-hoy tengan como único futuro terminar sus días en prisión por cumplir las órdenes de sus mandos, según lo consagraba la legislación militar vigente”.

En ese sentido, recalcan que han esperado “33 años para que nuestros superiores asuman la responsabilidad de sus órdenes, las que hoy tienen tras las rejas a nuestros fieles subalternos”.

“A partir de ello, venimos hoy en asumir la responsabilidad de sus actos, como consecuencia del pávido silencio de aquellos que, investidos de sus grados y cargos, no han tenido la grandeza de hacerse cargo de las órdenes que impartieron a sus subordinados”, se lee en la carta.

Con ello, los reclusos solicitaron al poder político y judicial “conmiseración” -es decir, que se manifieste compasión o empatía con la condición de quien solicita- “para los suboficiales, clases, soldados y empleados civiles”.

En esa línea, piden aplicar “las medidas necesarias, jurídicas o administrativas”, para que, quienes solicitan “puedan volver a estar junto a sus seres queridos”.

“A la sociedad civil le pedimos el apoyo y la comprensión para hacer realidad el anhelado sueño de una justicia ‘justa’ para nuestros subalternos”, indican en el documento.