“La conmemoración del cincuentenario del Golpe de Estado es una gran oportunidad para abrir espacios de diálogo, memoria y creatividad”.

Ese fue parte del relato que zanjó el gobierno para conmemorar el aniversario de los 50 años del Golpe de Estado, el que se cumple el próximo 11 de septiembre, y cuyas actividades están a cargo de la Comisión Asesora Presidencial, que encabeza el exconvencional y cercano al Presidente Gabriel Boric, Patricio Fernández.

Entre la agenda de hitos a desarrollar durante 2023 el Ejecutivo incluyó la recuperación de sitios de memoria como iniciativa clave para recordar a las víctimas de delitos contra los derechos humanos.

El proyecto está a cargo del Ministerio de Bienes Nacionales, y se definió recuperar un sitio de memoria por cada región, para lo cual se pesquisaron excentros de detención con el fin de gestionar su recuperación y otorgar la administración a comunidades y organizaciones de derechos humanos vinculadas históricamente a cada uno.

Así, para una primera etapa se llegó a una lista corta de seis sitios, los que, tras negociaciones con las Fuerzas Armadas y, en algunos casos, con privados y municipios, serían los primeros en ser anunciados con motivo de los 50 años del Golpe. El cuándo en específico aún no está claro, pero sí que será en el contexto de este aniversario.

En específico, se trata del Cerro Chena en la Región Metropolitana; La Providencia, en Antofagasta, y Rocas de Santo Domingo, en la región de Valparaíso; la Fosa de Pisagua, en Tarapacá; el Morro de Talcahuano, en Concepción e Irán 3037 (ex Venda Sexy) en la RM. Estos últimos dos, aun cuando las tratativas están en pie, son los únicos por los que aún no hay humo blanco.

Con todo, los sitios en su totalidad son lugares emblemáticos en los que se ejercieron sistemáticas violaciones a los derechos humanos durante la dictadura. Entendidos en la materia explican que la elección de algunos de estos espacios se debió a la demanda histórica de las comunidades sobre la concesión fiscal de los sitios.

El cementerio de Pisagua, en Tarapacá e Irán 3037 -ex Venda Sexy- en la Región Metropolitana.

“Todos los sitios que estamos recuperando hoy tienen calidad de Monumento Histórico Nacional hace ya varios años. Hoy nos encontramos gestionando seis, pero esto no coarta que más adelante puedan irse sumando más sitios que tengan un apoyo desde las comunidades y que se considere financiable por parte del Estado”, recalca Karen Gavlic, asesora de género y derechos humanos del ministerio.

La iniciativa contempla que las organizaciones que tengan estos sitios a su cargo puedan postular a financiamiento del Ministerio de las Culturas, el Gobierno Regional, la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo (Subdere) y Subsecretaría de Derechos Humanos, entre otros, para conservar, administrar y realizar los proyectos pensados para cada sitio.

Las negociaciones

Las tratativas tanto con FF.AA. como con privados o municipios, en todo caso, no se iniciaron en este gobierno. Los diálogos ahora se retomaron con motivo de estos sitios de memoria, pero también empujados por el contexto de la emergencia habitacional. Por uno o por otro motivo, el gobierno necesitaba terrenos y por eso es que pusieron sus ojos en 2016, cuando la expresidenta Michelle Bachelet firmó el Acta de Chena IV, documento mediante el cual se traspasaron 64 inmuebles entre el Ejército de Chile y el Ministerio de Bienes Nacionales.

De estos, 41 correspondieron a 168.151 hectáreas que contemplaban la construcción de viviendas, el desarrollo de parques recreacionales y sitios de memoria histórica. Dentro de estos están incluidos varios de los sitios que hoy se esperan anunciar como memoriales.

Esa línea de trabajo no tuvo continuidad en los años recientes y las gestiones se paralizaron durante el último gobierno de Sebastián Piñera. Pero en marzo de 2022 Bienes Nacionales retomó conversaciones que en el pasado ya se habían tenido con el Ministerio de Defensa y las FF.AA., en una mesa de trabajo en la que ahora cobró especial relevancia la División de Ingenieros del Ejército, bajo la dirección del general de Brigada, comandante Guido Frávega Bordoli.

Como se ha dicho, los únicos terrenos que aún están en negociaciones son Venda Sexy y el Morro de Talcahuano. Todos los demás ya están cerrados y listos, o eso al menos es lo que dicen desde el ministerio. “Lo que falta concretar es la entrega de la concesión, eso quiere decir que se hace un hito de entrega con las municipalidades y organizaciones y, en algunos casos, falta la documentación que está para la firma de la ministra o la seremi donde se ubique el sitio”, señalan los entendidos.

La mesa de trabajo actual, enfocada en los inmuebles en desuso con el fin de paliar la emergencia habitacional como para los sitios de memoria, ha logrado “avances parciales muy valiosos gracias a la buena disposición de las partes, a exigir un apego estricto a la normativa y a mirar la administración del patrimonio fiscal con sentido estratégico, no desde el interés corporativo de cada institución”, expresa a La Tercera la ministra de Bienes Nacionales, Javiera Toro. En esta instancia, la autoridad agrega que ha habido “avances significativos” para concretar los principales acuerdos pactados hacia 2016 y retomados en la actualidad, como por ejemplo Cerro Chena y las Rocas de Santo Domingo.

En todo caso, terrenos como estos últimos no son los únicos que han estado en las tratativas según detallan en Bienes Nacionales, donde agregan que esos otros todavía no pueden ser revelados puesto que el camino es más pedregoso.

En ese sentido, tras las negociaciones de la mesa compuesta por Bienes Nacionales, Defensa y las FF.AA., fue a fines de 2022 cuando el Ejército liberó de su Patrimonio de Afectación Patrimonial (FAP) un paño de 113 mil metros cuadrados ubicado en el exbalneario Rocas de Santo Domingo, el que fue utilizado durante la dictadura como sitio de formación y entrenamiento de agentes de la DINA y como centro de detención y tortura.

Hoy el lugar está pronto a ser destinado a la Fundación Por La Memoria de San Antonio para su intervención y conservación. La vocera de la fundación y sobreviviente del recinto, Ana Becerra, detalló que la petición que realizaron como agrupación fue la administración del inmueble como sitio de memoria para darle un uso educativo sobre derechos humanos. “Queremos que de las cenizas de la escuela de la tortura nazca la escuela de derechos humanos, ese es nuestro sueño final con el sitio (…) Es gestionado por jóvenes y ellos serán los encargados de llevar esta memoria al pueblo de Chile”, enfatizó.

Por su parte, tras siete años de trabajo de la Agrupación por la Memoria Histórica Providencia de Antofagasta, en marzo de este año el Consejo Regional (Core) aprobó la entrega en concesión del cuartel de Carabineros La Providencia en la segunda región. El excentro de tortura y detención -y actual monumento nacional- ahora será un sitio de memoria administrado por la sociedad civil. Desde Bienes Nacionales recalcan que el lugar busca tener una destinación de centro de memoria parecido a Londres 38, en la RM.

En el caso del Cerro Chena -campo de detención y torturas-, donde se instaló el llamado “Cuartel Dos” de la Escuela de Infantería de la comuna de San Bernardo, en 2017 fue declarado como monumento nacional, declaratoria gestada por la Corporación Memorial Cerro Chena, tras una postulación formal en julio de 2016. Esto, luego de que en 2014 el Ejército acordara ceder parte de los terrenos del lugar para la creación del Parque Metropolitano Sur, a lo que hoy Bienes Nacionales ha comprometido un memorial junto a la Corporación Memorial Cerro Chena y patrocinada por el Programa de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.

Cerro Chena, en la comuna de San Bernardo (RM) y El Morro de Talcahuano, Concepción.

En tanto, después de una destinación a la Municipalidad de Huara, el ex campo de prisioneros de Pisagua pasó a manos de Bienes Nacionales con el fin de poner en valor uno de los lugares más emblemáticos de confinamiento que ha existido en el país, no solo durante la dictadura, sino que también durante el gobierno de Gabriel González Videla. La seremi de la región ha comenzado a tramitar la recuperación de la fosa de Pisagua, que fue entregada a través de una transferencia gratuita a la Municipalidad de Huara, sin embargo al incumplirse el objetivo para el cual fue entregada, que era su resguardo y protección, se gestiona su restitución al Ministerio de Bienes Nacionales.

Terrenos municipales y de privados, sin acuerdo

Distinto es el caso de la ex Venda Sexy, cuya recuperación ha presentado piedras en el camino. Ubicado en Irán 3037, comuna de Macul, la casa operó como centro de tortura entre julio de 1974 hasta febrero de 1975 y funcionó de manera intermitente hasta 1981. En el centro dependiente de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA) fueron torturadas cerca de 81 personas, siendo un tercio mujeres y 27 son hoy detenidas y detenidos desaparecidos.

Rocas de Santo Domingo, en San Antonio, y la ex comisaría La Providencia, en Antofagasta.

Con el retorno a la democracia la propiedad fue adquirida por un particular a bajo precio. El 11 de mayo de 2016 el lugar fue declarado sitio de memoria nacional, sin embargo, fue vendido por el dueño a la Sociedad de inversiones Arriagui Limitada, del rubro inmobiliario. Por este motivo la casa no tiene fines sociales ni fiscales.

La recuperación de este inmueble se ve como un proyecto a largo plazo dentro de este mismo gobierno. Pese a que las conversaciones para su recuperación también tuvieron lugar en 2016. Hoy, a través de una nueva mesa de trabajo hemos buscado recuperar las negociaciones con el privado. Pero sabemos que no será un proceso fácil”, mencionó Gavlic.

Sobre el estado actual de tales tratativas, desde la carta no ahondaron más al respecto, pues se trata de un tema complejo donde la prioridad -afirman- es “llegar a buen puerto”. El precio de compra, cuentan conocedores de las conversaciones, estaría siendo la principal traba.

Mientras que el Morro de Talcahuano, también declarado monumento nacional en calidad de monumento histórico, fue un importante campo de prisioneros de la Octava Región. Administrado por la Armada y destinado a la Municipalidad de Talcahuano durante los años noventa, el polígono del sitio de memoria El Morro fue desafectado durante marzo de 2023 del patrimonio municipal para convertirse en un lugar abierto a la comunidad.

Así las cosas, según detallan desde el ministerio, este sitio ya está bastante próximo a resolverse luego de que se modificara su destinación hace algunas semanas, con lo que va a pasar a manos de Bienes Nacionales para, en la misma dinámica de los otros terrenos, una organización, la que en principio será la Corporación Mutualista Bautista Van Schouwen Vasey, pueda hacer uso del espacio como memorial.