“Estas declaratorias demuestran el compromiso del Gobierno y el Estado chileno con la memoria histórica, y representan un acto de reparación y justicia con las personas que pasaron por esos recintos, y en general, con las víctimas de la dictadura”.
Esas fueron parte de las declaraciones entregadas por el ministro de las Culturas, el Arte y el Patrimonio, Jaime de Aguirre, luego de que la tarde de este miércoles, en una sesión extraordinaria celebrada en el Salón Montt-Varas del Palacio de la Moneda, el Consejo de Monumentos Nacionales (CMN) discutiera y aprobara por unanimidad una serie de solicitudes levantadas por organizaciones de la sociedad civil para declarar como Monumento Histórico siete sitios de memoria utilizados como centro de tortura y represión durante la dictadura de Augusto Pinochet.
Una decisión que llega en medio de la conmemoración de los 50 años del Golpe de Estado, que se cumple el próximo 11 de septiembre y donde el gobierno ha diseñado una agenda de hitos a desarrollar durante 2023 para “abrir espacios de diálogo, memoria y creatividad”.
Pese a que las solicitudes para los monumentos cuentan con más de un año de antiguedad “en todas ellas la Unidad de Memoria y Derechos Humanos de la Secretaría Técnica del CMN realizó un trabajo muy detallado y preciso, con visitas técnicas a terreno y conversaciones con las agrupaciones de familiares y amigos de detenidos desaparecidos y ejecutados políticos, a la mayor velocidad que fue posible. Esto, con el propósito de cumplir el compromiso del Estado de proteger al menos un Sitio de Memoria en cada región como Monumento Histórico, de modo de conseguir su preservación como una forma de contribución a la protección, promoción y educación de los derechos humanos”, dijo la subsecretaria de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, Carolina Pérez, quien además preside el Consejo de Monumentos Nacionales.
En esta instancia, a cargo del CMN, se aprobó la protección estatal sitios de memoria manejados por la Dirección Nacional de Inteligencia (DINA), otras por la Central Nacional de Informaciones (CNI) o por alguna de las Fuerzas Armadas. Con tres de ellos se cumple el compromiso del Estado en el Plan Nacional de Derechos Humanos de contar con al menos un sitio de memoria en cada región: Arica y Parinacota, con la ex Cárcel de Arica; Atacama, con el Regimiento N°23 de Copiapó, y Ñuble, con el Memorial Puente El Ala.
Los otros sitios son el recinto de la CNI en Talca, la fosa del Cementerio de La Serena y el Campo de Prisioneros de Pisagua. La Comisaría de Ancud, que ya es Monumento Histórico, vio ampliados sus valores para reconocer su condición de Sitio de Memoria, dado el uso del inmueble como centro de detención para los prisioneros políticos de la provincia.
“Esta sesión es un logro significativo”, dijo Marcelo Acevedo, coordinador de la Red de Sitios de Memoria. “Estamos convencidos de que los sitios de memoria son uno de los ejes para las garantías de no repetición, y por lo tanto se deben fortalecer de Arica a Punta Arenas. Hoy aumentamos un buen porcentaje, por lo tanto celebramos este hito y compromiso”.
Una idea a la que el ministro de las Culturas se suma. Esto ya que para la autoridad al convertir estos sitios en monumentos se les entrega protección legal del Estado que “permite que estos recintos no sean destruidos o alterados. El objetivo es que se mantengan como espacios de reparación simbólica; esto no sólo porque reivindican la memoria de quienes fueron víctimas de violaciones a los derechos humanos, sino que también porque son espacios de educación para futuras generaciones”.
Siete monumentos a nivel nacional
El recinto que albergó a la CNI en la calle 4 oriente, en Talca, fue utilizado como lugar de detención y tortura, tal como revelan los testimonios consignados en el Informe Valech. La solicitud fue formulada por Luis Jaque Jaque, presidente de la Agrupación de Expresas y Expresos Políticos “Guillermo Muñoz Zúñiga”.
En Atacama, el primer Sitio de Memoria elevado a categoría de Monumento Histórico es el Regimiento N°23 de Copiapó, utilizado entre 1973 y 1976 como centro clandestino de detención, de tortura y de ejecución, el principal de la ciudad. Además, según testimonios de detenidos, fueron ejecutadas 13 personas en el caso “Caravana de la muerte”. La solicitud fue presentada por Mario Silva Álvarez, presidente de la Agrupación de Familiares y Amigos de Ejecutados Políticos y Detenidos Desaparecidos de la Región Atacama.
La ex Cárcel de Arica también es el primer Sitio de Memoria que recibirá protección legal desde el Estado en la región. En ese recinto, de acuerdo con el Informe Valech, hubo prisioneros políticos desde septiembre de 1973, quienes vivieron en condiciones de hacinamiento, insalubridad, privados de alimentos y agua. Desde allí fueron sacados para ser interrogados y torturados en otros recintos, especialmente en los regimientos del Ejército de la zona. La solicitud de declaratoria fue presentada por la Agrupación Mujeres Memoria y Derechos Humanos Arica y Parinacota, de abril de 2021.
Para la Región de Ñuble, el CMN acogió la solicitud de declaratoria presentada por Teresa Retamal Silva, coordinadora de Derechos Humanos de Ñuble, para el Memorial Puente El Ala, el primer Sitio de Memoria de la región. Este lugar recuerda el hallazgo de los cuerpos sin vida de nueve jóvenes, el 24 de diciembre de 1973, en la ribera del río Ñuble. En 1996, en el acceso oeste, se instaló un memorial en cuya base se ubicaron 17 trozos de los rieles metálicos, que formaban parte del viejo puente y que recuerda a las 17 víctimas ejecutadas en ese lugar.
Para el Monumento Histórico Comisaría de Ancud se ampliaron sus valores incluyendo su condición de Sitio de Memoria, pues allí estuvieron detenidos prisioneros políticos de la provincia, actuando como afluente para otros centros de detención fuera de Chiloé. Ello significó que a este lugar fueron enviados campesinos, obreros, estudiantes universitarios y militantes políticos. Los testimonios indican que fue centro de detención y prisión de paso para cientos de personas, sufriendo tratos degradantes, aplicación de tortura física y psicológica. La solicitud es de la Agrupación de usuarios PRAIS de Ancud y la Delegación Zonal de Chiloé del Colegio de Arquitectos de Chile.
La fosa del Cementerio de La Serena tiene relación con las acciones de la “Caravana de la Muerte”, que arribó el 16 de octubre de 1973 a la ciudad. En la región de Coquimbo fueron 15 los ejecutados, todos prisioneros en el ex regimiento Arica. Una vez fusilados, ningún médico revisó los cuerpos, los cuales fueron trasladados de manera inmediata al Cementerio Municipal de La Serena. El 9 de septiembre de 1998 se iniciaron las excavaciones en la fosa del cementerio. La solicitud fue hecha por Pablo Muñoz Pinto, presidente de la Agrupación de expresos políticos “16 de octubre” de La Serena.
El último de los nuevos monumentos es el Campo de Prisioneros de Pisagua, localidad que funcionó a través de una red articulada de inmuebles que estaban ubicados en diferentes lugares del pueblo, que en su conjunto conformaron el Campamento de Prisioneros. Las condiciones del recinto no cumplían ninguna normativa del Código Penitenciario, teniendo a los prisioneros totalmente incomunicados con el exterior y viviendo en un extremo hacinamiento. En Pisagua se registra el mayor porcentaje de víctimas fatales: según los antecedentes de la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación, 24 personas habrían sido ejecutadas bajo Consejos de Guerra y Ley de Fuga. La solicitud es de Luis Caroca Vásquez, presidente Corporación de Derechos Humanos y Sitios de la memoria de Tarapacá.
