En la última actualización de los sectores con decreto de escasez hídrica, el Ministerio de Obras Públicas (MOP) en conjunto con la Dirección General de Aguas (DGA), cifró en 58 las comunas del país con falta de lluvias, alta demanda y baja disponibilidad de aguas. Es por esto, como se desprende de las citadas resoluciones, que más de un millón de personas se encuentra bajo medidas para paliar la crisis hídrica.

De acuerdo con la revisión de los antecedentes, las regiones de Atacama y Coquimbo presentan la mayor preocupación de parte del Ejecutivo.

“La sequía no da tregua, ha golpeado fuertemente a la región y como Estado tenemos que poner más énfasis en la solución”, decía el Presidente Gabriel Boric al presentar la planta desaladora en la región de Coquimbo, que tiene por objetivo mitigar la situación en dicha zona.

Pero al margen de aquello, los mencionados decretos de escasez buscan reducir al mínimo los efectos por falta del vital elementos, para así garantizar el consumo humano, saneamiento y uso doméstico de subsistencia.

Las resoluciones, de acuerdo a la normativa, permiten a la DGA exigir a las Juntas de Vigilancia -compuestas por personas u organizaciones de usuarios- que aprovechen aguas superficiales o subterráneas de una misma cuenca que presenten un acuerdo de redistribución previniendo la comisión de faltas graves o abusos. Si no se cumplen estas medidas, la institución ordenaría las medidas redistributivas del agua en el sector.

Es así que desde la DGA explicaron a La Tercera qué método es utilizado para evaluar la ejecución del decreto de escasez hídrica en un territorio, que en 2021 alcanzó sus mayores números, con un 53% de las comunas del país bajo esta disposición.

“La solicitud de decreto de escasez de una comuna, provincia o región la debe formular el delegado presidencial regional a la DGA, la cual realiza un análisis de condiciones hidrometeorológicas, datos de precipitaciones y caudales de ríos, con criterios normados por resolución para cada zona, según sus características y condiciones climáticas. Además, se consideran como variables el estado de embalses de regulación interanual y en el caso de aguas subterráneas, la capacidad de extracción para abastecimiento de agua de las sanitarias y de los Servicios Sanitarios Rurales”, señalaron.

Hasta la fecha, son siete los decretos que están vigentes en el país, donde 13 provincias están incluidas y una población total de 1.599.202.

En la región de Magallanes, las provincias de Última Esperanza, Magallanes y Tierra del Fuego, más de 20 mil personas se encuentran afectadas por el decreto. En Ñuble, son Itata, Punilla y Diguillín, acumulando cerca de 500 mil personas. Pese a esto, desde la región aseguran que, desde el inicio del decreto, la población ha cumplido con las medidas tras la instrucción de la DGA y que por lo mismo, se encontrarían en un superávit hídrico por las últimas lluvias.

Ahora bien, la situación en el norte del país no es la misma. En la región de Coquimbo, la vigencia del decreto de escasez hídrica está programada para su revisión hasta el julio de este año, involucrando a 14 comunas y una población total de 800 mil personas.

Por lo mismo, el Gobierno presentó un paquete de medidas adoptadas tras la crisis hídrica que padece la región nortina, entre ellas, la entrada en vigencia -este año- de una ley que permite al MOP la construcción de plantas desaladoras, además de la instalación de pozos de agua dulce para consumo humano anunciados por la ministra de la cartera, Jessica López y por último, plantas de Tratamientos de Aguas Servidas para riego.

En la provincia de Huasco la situación es peor, el decreto que estaba fechado para finalizar en diciembre de 2023 se extendió hasta noviembre de este año, debido a la solicitud de la Delegación Presidencial Provincial que junto con la DGA mediante análisis hidrológico identificó una situación de sequía para los caudales en el Río Huasco. En esa línea, en este nuevo decreto implementado por el MOP se incluyó a las comunas de Vallenar, Alto del Carmen, Freirina y Huasco, con una población total de 74.406 personas afectadas.

Por otro parte, en la región de Valparaíso las comunas de San Antonio y Petorca se encuentra bajo este decreto y cerca de 250 mil personas afectadas en las comunas de Algarrobo, Cartagena, San Antonio, El Quisco, El Tabo, entre otros. Asimismo, en la Metropolitana esta medida rige en la comuna de Til-Til.

Es por esta problemática, que la Gobernación Regional Metropolitana presentó la nueva hoja de ruta para combatir la crisis hídrica en el país. La instalación de los Organismos de Cuenta de Chile, que coordinarán los sectores de consumo humano, los productivos y de medioambiente, en una mesa técnica y que en plan piloto será aplicado en la cuenta del río Maipo para luego con una base común, sea utilizado en todos los acuíferos del país.