De los 458 consultorios o Centros de Salud Familiar (Cesfam) que hay en Chile, solo 172 cuentan con autorización sanitaria. Los otros 286 establecimientos, que representan el 62% del total, carecen de tal permiso. Así lo revelan los datos preliminares de 2017, que fueron analizados por la Mesa Nacional de Acuerdo en Salud, convocada por el Presidente Sebastián Piñera en mayo pasado, respecto de las mejoras que requiere la Atención Primaria de Salud (APS).
Esta autorización es obligatoria para que un recinto funcione y son las secretarías regionales ministeriales de Salud (seremis) las que la otorgan. Por medio de ella se acredita que tanto hospitales, clínicas, laboratorios, como los consultorios u otros establecimientos del área, están cumpliendo con los requisitos de estructura y organización que establece el Código Sanitario. Esto quiere decir que cuenta con los recursos humanos, espacios físicos y equipamiento, entre otros, para su funcionamiento.
Según los expertos consultados, las estadísticas son un llamado de atención y apuntan a diversas responsabilidades, que van desde el Ministerio de Salud (Minsal) hasta las municipalidades.
Esteban Maturana, vicepresidente de la Confederación Nacional de Funcionarios Municipales (Confusam), dijo que las cifras "no nos sorprenden y es una evidencia, más allá de los escasos estándares con los cuales funcionan los consultorios, de la grave crisis de la salud pública".
Por su parte, Camilo Bass, vicepresidente del Colegio Médico Regional Santiago y representante de los médicos de APS, dijo que "es una situación lamentable y se relaciona con una falta de supervisión de parte del Minsal a los municipios que administran los consultorios, y que podría ser catalogada como un abandono de funciones".
Por su parte, Matías Goyenechea, presidente de la Fundación Creando Salud, explicó que muchos de estos recintos son antiguos y "pensaron su infraestructura con estándares que no se adecuan a las normativas actuales".
La exsubsecretaria de Redes Asistenciales del Minsal, Gisela Alarcón, sostuvo que durante la administración anterior este fue un tema tomado en cuenta y que se tuvo "especial preocupación por obtener la autorización sanitaria antes de poner en operación toda la infraestructura que le cambió la cara a la salud pública".
Los documentos analizados dan cuenta, además, que el 69% de la red de APS está administrada por los municipios y solo un 7% por los servicios de salud dependientes del Minsal.
Goyenechea agregó que algunas de las falencias que presentan los consultorios, y que no les permiten obtener el permiso, son que el personal no cuenta con los espacios adecuados para trabajar, o que las instalaciones eléctricas no cumplen los parámetros. Explicó que "obtener la autorización implica en algunos casos modificaciones de infraestructura importantes, para lo cual se requiere de recursos, y ahí la tarea es de los municipios, que son los que administran estos recintos".
Para Héctor Sánchez, director del Instituto de Salud Pública de la U. Andrés Bello, se trata de "una situación grave, porque da cuenta de que estos lugares no cuentan con exigencias básicas y ahí hay responsabilidad importante de los organismos reguladores del Estado". Sin embargo, aclaró que "no se trata de ir a cerrar todos los consultorios, sino de transparentar la situación y a continuación buscar la forma de resolver el problema en un plazo razonablemente corto y acordado entre las partes involucradas".
Parte de las implicancias es que a estos consultorios no se les permite, por ejemplo, instalar botiquines farmacéuticos o salas de procedimiento. Otro punto relevante es que aquellos que no cuenten con autorización no podrán acreditarse en calidad para prestaciones con Garantías Explícitas en Salud (GES) en la Superintendencia de Salud, proceso que si bien por el momento es voluntario, más adelante será obligatorio.
Desde el Minsal explicaron que "los centros de atención primaria de salud que no cuentan con autorización sanitaria no necesariamente representan un riesgo sanitario para la población, pero deben cumplir con un proceso de regularización que todos deben realizar, y que se encuentra dentro de los planes de acción y fiscalizaciones que realiza el Ministerio de Salud".
Hasta la tarde de hoy no fue posible obtener una versión de la Asociación Chilena de Municipalidades.
