La jornada de este jueves, la Contraloría General de la República emitió un informe consolidado sobre el cumplimiento de los municipios a nivel nacional en cuanto a la prohibición de la entrega de licencias de conducir a deudores de pensión alimenticia.
Según el documento, desde noviembre de 2022 a septiembre 2024, 242 de las 345 municipalidades a nivel nacional habrían infringido la Ley N°21.389, es decir el 70% de los municipios.
De manera más específica, el órgano contralor señala que 3.432 personas han recibido o renovado su licencia de conducir, “a pesar de estar vigentes en el registro por adeudar la pensión de un total de 4.706 alimentarios, equivalente a la suma de $17.473.007.109″.
Municipios bajo la lupa
En el texto, se enfatiza que seis municipalidades a nivel nacional otorgaron, cada una, más de 100 licencias de conducir.
En el desglose, se identifica que Antofagasta entregó 172 licencias, La Granja 117, Lo Espejo 115, La Serena 114, Punta Arenas 112 y Arica 111.
Para los casos donde ocurre esta situación, la Contraloría señala que “si el funcionario municipal aprueba la licencia de conducir a un deudor de pensión, incurrirá en una responsabilidad disciplinaria, la que será sancionada con una multa de entre 10% y 50% de su remuneración”.
Ante esta situación, la ministra de la Mujer y Equidad de Género, Antonia Orellana enfatizó: “Es preocupante que se reporte que al menos 242 municipios entregaron licencias de conducir a personas que estaban en el registro de deudores, siendo que la ley lo prohíbe. En ese sentido desde el Ministerio de la Mujer hemos trabajado arduamente en una mesa de coordinación con distintos actores para dar a conocer la normativa y capacitar al respecto”.
“Además, hemos estado permanentemente fiscalizando que todas las instituciones que tienen las obligaciones que cumplir, que detalla la ley, tengan acceso al registro”, añadió la secretaria de la cartera.
