A 20 años de la muerte del adolescente: parte nuevo juicio contra exoficial de Carabineros por homicidio de Alex Lemun

Este miércoles se desarrollaron los alegatos de apertura del nuevo juicio oral en contra del coronel en retiro de Carabineros Marco Aurelio Treuer Heysen por el homicidio del adolescente de origen mapuche Edmundo Alex Lemun Saavedra, baleado por el efectivo policial en noviembre de 2002 en el marco de un procedimiento en fundo Santa Alicia de Angol, Región de La Araucanía.

El fiscal jefe de la Fiscalía Local de Pucón, Jorge Calderara, ante los jueces del Tribunal Oral en lo Penal de Angol, presidido por la jueza Ximena Saldivia Vega, explicó los fundamentos de la acusación del Ministerio Público contra el exuniformado.

En diciembre del año pasado la Corte de Apelaciones de Temuco acogió un recurso de nulidad interpuesto por la fiscalía y los querellantes contra la sentencia del primer juicio que fijó un castigo de tres años de cárcel para Treuer y que se dio por cumplido por el tiempo en que permaneció con diversas medidas cautelares.

Lemun y otros integrantes de la comunidad Requen Pillan, del sector Aguas Buenas, realizaban una ocupación ilegal del predio Santa Alicia el 7 de noviembre de 2002. El grupo atacó a pedradas a una patrulla de Carabineros que concurrió al lugar, encabezada por el entonces oficial Marco Aurelio Treuer Heysen. El joven comunero mapuche tenía 17 años de edad y recibió un disparo de escopeta en la cabeza, ejecutado desde una loma a unos 100 metros de distancia, con munición de plomo calibre 12 que el jefe de la patrulla había decidido usar en lugar de balines de goma. El joven falleció a los cinco días en un recinto asistencial de Temuco.

Los abogados querellantes, por la familia Sebastián Saavedra y el representante del Instituto Nacional de Derechos Humanos Marco Ravanal, solicitan para el excarabinero una pena de 20 años de reclusión por el delito de homicidio calificado.

En 2018 la Fiscalía Regional de La Araucanía solicitó la formalización del imputado, en un caso que en su inicio fue indagado y sobreseído por la justicia militar. La familia Lemun Saavedra llevó el 2005 su solicitud de justicia hasta la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que el 21 de marzo de 2017, llamó a corregir la situación al ser el ejecutor de la muerte del comunero un agente del Estado. Frente a ello, la Corte Suprema ordenó reabrir el caso e iniciar nuevamente una investigación que estuvo a cargo de las unidades de Derechos Humanos de la Fiscalía de La Araucanía y la PDI de la región.

El fiscal Jorge Calderara en parte de su exposición señaló que los hechos investigados configuran el delito de homicidio simple del Código Penal, “tanto en cuanto del tipo objetivo, tanto en cuanto el tipo subjetivo, las conductas desarrolladas, la acción, la relación causal con el resultado y por supuesto el dolo, la intención de causar el resultado”.

“El imputado era el jefe de la Comisaría de Angol, tenía experiencia en este tipo de arma de fuego, conocía las consecuencia que se pueden obtener de usar este tipo de municiones en contra de una persona (...) decide cambiar esa cartuchería y decide disparar en contra de unas personas donde estaba precisamente la víctima, por lo tanto ese resultado fue previsto, se lo representó y aún así actuó igual”, expuso el persecutor.

”También, como lo dijimos antes, lo sostenemos hoy, que esperamos que así se reafirme en el fallo final. Esta acción del imputado no estaba justificada, es un acto que no respondió a una agresión y que por cierto el uso de un arma de estas características, es del todo desproporcionado“, cerró.

En tanto el abogado Sebastián Saavedra, en su alegato sostuvo que el acusado “estando en una distancia aproximada entre 70 y 100 metros de distancia, cuando las piedras ya no los alcanzaban, según reportó un testigo presencial durante la investigación, cambió la munición de su arma de cartuchería de goma a cartuchería de plomo, disparando en contra del adolescente, impactando una posta en la parte frontal de su cabeza en la parte frontal derecha de su cabeza”.

“Esto es, estando en un sector privilegiado, con completa visión, a una altura y distancia que impedían cualquier defensa por parte de la víctima, descartando cualquier tipo de legítima defensa producto de la acción. La víctima falleció el 12 de noviembre de 2002, estableciéndose como causa de muerte un traumatismo encéfalo craneano abierto por proyectil de arma de fuego, sin salida del mismo. Estimamos que dada la posición del tirador respecto de la víctima, la imposibilidad de defensa de la misma, un adolescente de sólo 17 años, así como la absoluta seguridad en la ejecución del crimen, es que nos encontramos frente a un homicidio calificado, por un actuar sobre seguro o alevoso”, aseguró.

Durante los próximos días de audiencia la fiscalía presentará su prueba documental, pericial y testimonial, con lo que espera obtener convicción en los jueces, para que dicten un veredicto condenatorio, donde se solicita una pena de presidio efectivo de 10 años para el excarabinero.