El Juzgado de Garantía de Arauco amplió en otros tres meses el plazo de investigación por la muerte del niño Tomás Bravo, quien fue encontrado sin vida el 26 de febrero de 2021, tras permanecer extraviado por nueves días en el sector de Caripilún, comuna de Arauco, Región del Biobío.
Hoy se efectuó la audiencia para discutir la solicitud realizada por la fiscalía del Biobío en septiembre, en momento en que se acababa el plazo de indagatoria. En esa oportunidad la petición se basaba “en la necesidad de disponer de un mayor tiempo para la realización de importantes peritajes que están en desarrollo en Chile y el extranjero” Específicamente, la fiscalía encargó un peritaje de pruebas con material genético a la Universidad de Santiago de Compostela, en España.
Esta es la tercera vez que el tribunal decide ampliar el plazo de indagatoria. La fiscalía señaló hoy que “la Fiscal Regional Marcela Cartagena expuso ante la magistrada que se encuentra pendiente un peritaje científico, cuyo resultado es fundamental para la investigación, además de otras diligencias que están en desarrollo. Los abogados de la madre y el padre del niño, así como la representante de la Defensoría de la Niñez, respaldaron la petición”.
Por su parte, la madre del niño, Estefanía Gutiérrez, afirmó: “Tenemos toda la esperanza puesta en esa pericia, que sabemos que viene de la mano científica. Pero la verdad igual ha pasado tanto tiempo y tantos errores que uno pierde muchas veces la confianza. Esperamos que esta vez el Servicio Médico Legal, que sabemos que también va a hacer unas pericias, sea respetuoso y responsable con todo lo que va a hacer, porque estamos hablando de algo tan delicado e importante que es sabe qué le pasó a mi hijo”.
El 2 de marzo de 2021, el Ministerio Público formalizó al tío abuelo del niño, Jorge Escobar, por el delito de homicidio calificado. Pese a que la fiscalía pidió la prisión preventiva, el tribunal rechazó la medida cautelar. “No es posible acreditar la acción homicida en la forma que formalizó el Ministerio Público”, dijo la jueza Perla Roa en esa ocasión. De momento es el único acusado en el caso.
El abogado defensor público Cristián Sleman dijo que “tras un año y medio de investigación, hemos corroborado nuevamente que, tanto hoy como en la historia de esta causa, no existe ninguna evidencia que vincule a nuestro representado en el presente caso”.
El abogado señaló que en esta causa se han utilizado enormes recursos investigativos. Por tanto, lo mínimo exigible es que el Ministerio Público si decide imputarle responsabilidad penal en esta causa a alguien cumpla aportando prueba científica de calidad y no meras estadísticas o generalidades”.