Dos días después de que el alcalde de Maipú, Tomás Vodanovic (RD), se reuniera con la ministra del Interior, Carolina Tohá, y le planteara la necesidad de tener presencia militar en puntos específicos de su comuna, como entradas y salidas de autopistas, hospitales y estaciones de metro, el gobierno a través de la Delegación Presidencial Metropolitana desplegó una serie de operativos que vienen a dar una respuesta casi inmediata a la solicitud del militante de Revolución Democrática.

Durante el martes y miércoles, personal de Carabineros ingresó a la toma ubicada camino a Melipilla en la comuna de Maipú, misma donde fue encontrado el cuerpo del militar (R) Ronald Ojeda, lo que permitió desbaratar inmuebles que eran usados como prostíbulos y discoteques clandestinas, y que dio con 74 inmigrantes en situación irregular. Asimismo, el operativo también llegó hasta la comuna de Cerrillos, específicamente a la toma Nuevo Amanecer, la más grande de la Región Metropolitana y foco de una serie de delitos, como el reciente homicidio de una mujer ecuatoriana de 51 años.

Pero el despliegue operativo de la Delegación Presidencial, los municipios, Carabineros y la PDI, no es casualidad. Es parte de un amplio plan ordenado por la delegada Constanza Martínez en conjunto con el Servicio de Vivienda y Urbanismo de la Región Metropolitana (Serviu) que contempla distintas etapas, como el catastro de los sectores intervenidos, para dar paso a operativos policiales focalizados en lugares de alta comisión de delitos e incivilidades, que no representan lugares de habitabilidad.

Al ser consultada por los operativos realizados en la última semana, la Delegación indicó que se trata de “construcciones que no eran habitadas por personas y eran utilizadas como prostíbulos, casinos ilegales y venta de alcohol”, con al menos 50 operativos ya realizados en Maipú y 30 en Cerrillos.

Esta es la estrategia que está llevando a cabo el gobierno para intentar frenar las permanentes críticas por su manejo de la seguridad y que, en específico, está enfocada en tres ejes: la recuperación de la presencia del Estado en los asentamientos precarios; consolidar la caracterización de estos espacios para aportar en investigaciones de criminalidad; y mitigar perímetros para avanzar en soluciones a largo plazo.

El punto de inflexión fue el asesinato de Ojeda y su aparición en Maipú, lo que provocó que el alcalde Vodanovic reforzara la presión y exigiera algún gesto del Ejecutivo en una comuna que desde febrero venía presentando delitos de alta connotación social como la “casa de torturas” relacionada a delitos de secuestro extorsivo ubicada en el sector de Rinconada.

“Reforzamos acuerdos alcanzados con la delegada Constanza Martínez para desarrollar operativos policiales en las zonas de mayor presencia de delitos violentos y fiscalizaciones enfocadas en presencia de armas de fuego. No pueden existir territorios donde el Estado esté ausente ni podemos permitir que la precariedad habitacional sea aprovechada por el crimen organizado”, afirmó Tohá tras la reunión con el edil de Maipú.

Lo mismo reafirmó la delegada posterior al allanamiento en esa comuna. “Hemos trabajado muy coordinadamente durante ya dos años. Hemos tenido acciones de mitigación en muchos lugares. Hay más de 50 operativos que se habían realizado anteriormente para contener los perímetros de una toma que se arrastra desde el 2017″, remarcó.

Y agregó: “Se han hecho fiscalizaciones de controles vehiculares, pero también y especialmente fiscalizaciones migratorias. Hoy día se controlaron a más de 74 personas que hoy día están siendo trasladadas a dependencias de la PDI para poder generar los controles migratorios pertinentes”.

En paralelo, el alcalde de La Florida, Rodolfo Carter, anunció durante el jueves pasado la aplicación de un decreto para iniciar el desalojo del Campamento Dignidad, que alberga a más de 750 familias en el sector de la Quebrada de Macul. La visita por parte del edil a la toma ubicada en la ribera del Zanjón de la Aguada culminó en disturbios e intentos de agresión en contra del jefe comunal y funcionarios de la municipalidad, resultando cuatro de ellos heridos. Este, en todo caso, se trata de un operativo no enmarcado en el diseño del gobierno para hacer frente a la criminalidad dentro de las tomas ilegales.