A seis años de la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo: se contabilizan 4.272 casos, 139 son menores de 14 años víctimas de violación

Este jueves, a seis años de la promulgación de la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE), la ministra de la Mujer, Antonia Orellana y la subsecretaria de Salud Pública, Andrea Albagli, entregaron un balance respecto de su implementación y las medidas que ha desarrollado el gobierno para optimizar su acceso.

La ley IVE, promulgada el 14 de septiembre y publicada en el Diario Oficial el 23 de septiembre del 2017, regula la despenalización de la interrupción voluntaria del embarazo en tres causales: riesgo vital de la gestante, inviabilidad fetal y violación.

La autoridad de Salud detalló que 4.272 mujeres se han acogido a la ley, incluyendo 139 menores de 14 años víctimas de violación.

La inviabilidad fetal ha sido la causal más frecuente y desde 2018 a la fecha concentra un 48,6% de los casos, con un total de 2.080. El riesgo vital de la gestante concentra un 30,3% del total de las causales constituidas, lo que se traduce en 1.296 casos.

La tercera causal, por violación, engloba el 21%, con un total de 896 mujeres que debieron acogerse a la ley.

• Primera causal, riesgo vital de la gestante: 1.296 casos constituidos.
• Segunda causal, inviabilidad fetal: 2.080 casos constituidos.
• Tercera causal, por violación: 896 casos constituidos.

En cuanto a las edades, el promedio de edad de mujeres que acceden a esta tercera causal (violación) es de 23 años.

Al respecto, la subsecretaria Albagli destacó que “es una cifra menor, muy por debajo de lo observado en las otras causales, cuyo promedio de edad son 30 y 31 casos para la causal 1 y 2 respectivamente”.

“Esto evidencia que dentro de la población que accede en su mayoría a la causal 3 son adolescentes y jóvenes, y la edad donde se concentra el mayor número de casos de la causal 3 son 13 años, lo que demuestra la cruda realidad de la violencia sexual sobre niñas y adolescentes en nuestro país”, afirmó.

Asimismo, indicó que la mediana de tiempo de interrupción para la primera y segunda causal son 19 y 18 semanas respectivamente, y ocho semanas para la tercera causal, “lo que demuestra que las interrupciones por la tercera causal se dan a edades gestacionales tempranas”.

Sobre el uso del programa de acompañamiento que incluye la ley -al que toda mujer en el marco de las tres causales tiene derecho tanto en el proceso de discernimiento como también durante el periodo siguiente y posterior a su toma de decisión- se han realizado 19.664 atenciones, lo que incluye consultas a asistentes sociales, psicólogos/psicólogas y psiquiatra para todas las causales.

Según se informó, hasta la fecha, y dependiendo de los años, la determinación de aceptar el proceso de acompañamiento ha sido mayoritaria en todos los casos, “observándose frecuencias entre 77,48% y 92,74%”.

De todos los casos constituidos, el 86% decidió interrumpir su embarazo y el 14% decidió continuarlo.

Respecto a las cifras, a seis años de la promulgación, la ministra Orellana destacó que si bien “fue un largo y áspero debate en el Congreso”, logró trascender los distintos sectores políticos.

Asimismo, rechazó la discusión en el Consejo Constitucional sobre aborto, indicando que “el tono del debate ha sido efectivamente un retroceso”.

“Durante el año pasado, el 2022, sectores más integristas conservadores en el Congreso cuestionaron su continuidad e ingresaron proyectos de ley para su derogación. Como Ministerio de la Mujer y Equidad de Género manifestamos nuestro rechazo a distintas propuestas como la ingresada por el Partido Republicano, considerando que derogar las causales sería un grave retroceso en los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres”, afirmó tajante.

En esa línea, también valoró el planteamiento que hizo la expresidenta Michelle Bachelet, a propósito de la discusión en el Consejo Constitucional.

En un encuentro convocado por Icare este miércoles, Bachelet manifestó su preocupación porque sectores de la derecha busquen imponer en esa instancia su agenda “para hacer inviables en el futuro derechos o políticas públicas con las que no están de acuerdo, como en salud, previsión, interrupción del embarazo o el carácter inapropiable de ciertos bienes públicos”.

El primer borrador de nueva Constitución, que será votado en el pleno del órgano redactor, en su artículo 16, encabezando el segundo capítulo sobre derechos indica que la Carta Fundamental, asegura a todas las personas el derecho a la vida y que “la ley protege la vida de quien está por nacer”.

En su alocución, Bachelet incluso dijo que en caso de que el texto aprobado no sea representativo ella misma estará “marchando por los derechos de todos y todas y de las mujeres”.

Consultada por los dichos de la exmandataria, Orellana agradeció lo planteado por Bachelet y compartió sus palabras.

“Creo que el tono del debate ha sido efectivamente un retroceso respecto a todo lo que se discutió el año 2017. Creo que es importante recordar que se dijeron muchas cosas y por eso es tan importante entregar los números. Se dijo que las mujeres iban a inventar violaciones para poder acceder a la causal. Como si denunciar una violación en nuestro país fuera una cuestión muy fácil, muy a la ligera. Se dijo que se iba a acabar la Teletón, incluso. Entonces, estamos olvidando toda la discusión que dimos como país y que costó tanto”, expresó la ministra de la Mujer.

“En ese sentido yo comparto y agradezco la apreciación de la Presidenta Bachelet y me permito recordar que además, de acuerdo a distintos instrumentos, por ejemplo la encuesta del Centro de Estudios Públicos y la encuesta Cadem, la mayoría de la población chilena está en contra de penalizar la interrupción voluntaria del embarazo y además respaldan fuertemente la legalidad ya acordada que es la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo en tres causales”, aseguró.

Desde enero del 2023, fecha en que fue lanzando el manual de consideraciones para la inspección sanitaria y la pauta de chequeo de esta ley, a nivel nacional se han realizado 24 fiscalizaciones tanto en el sector público como en el sector privado de la salud, y eso ha derivado en la apertura de un sumario sanitario.

En esta línea, la secretaria de Estado reiteró que continuarán trabajando para garantizar los derechos de las mujeres, en este caso brindar acceso a una atención médica oportuna y libre de cualquier tipo de violencia, “porque creemos que los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres son un tema también de dignidad de ciudadanía y de condiciones de una buena vida”.