Desde fines de 2017 que está vigente en Chile la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) en tres causales: riesgo materno, inviabilidad fetal y violación. Norma que debutó en el país con inmediato impacto en las menores de edad: el 26 de septiembre de 2017, solo tres días después de que se publicara en el Diario Oficial, la Fiscalía recibió la primera denuncia vinculada a la legislación.

Se trataba de una niña menor de 13 años, de Chiloé, que consultó por molestias estomacales. Los exámenes revelaron que estaba embarazada producto de una violación. Sin embargo, en su región no se pudo realizar el aborto debido a la falta de instrumental, la objeción de conciencia de los profesionales y las dudas sobre el procedimiento, ya que el reglamento de la ley aún no estaba aprobado, generando temor a implicancias legales. Por ello, la niña fue trasladada a la capital. Ella fue solo la primera de decenas de casos similares.

Las estadísticas del Ministerio de Salud revelan que 351 niñas y jóvenes abortaron antes de alcanzar la mayoría de edad, de las cuales 142 eran menores de 14 años. El dato alarmante es que del total de las menores que decidieron interrumpir el embarazo, 296 (85%) lo hizo a través de la tercera causal, es decir, violación.

Con eso como contexto, Andrea Álvarez, académica del programa de Salud Colectiva y Medicina Social de la Escuela de Salud Pública de la U. Chile, explica que se podrían mejorar algunas políticas o reforzar la educación sexual en este grupo etario para pesquisar antes la situaciones de violencia.

“La ley tiene todo el detalle clínico y cómo se realiza el procedimiento, pero la pesquisa de la violencia sexual no está y eso es fundamental. Muchas mujeres, incluso mayores de 18 años, no saben que lo que vivieron es una violación. Por ejemplo, una chica de 14 años que se ve forzada o manipulada para tener relaciones sexuales sin consentimiento, es violación. Las personas más adultas tenemos más información, pero no existe esta conversación con las más jóvenes”, dice.

En el caso de las menores de 14 años, además de la expresión de voluntad, la norma exige la autorización de un representante legal para realizar el aborto. Si le niegan el permiso, la adolescente, asistida por un integrante del equipo de salud, podrá solicitar la intervención del juez para que constate la ocurrencia de la causal. El tribunal debe resolver su solicitud de interrupción en un plazo máximo de 48 horas.

Desde que entró en plena vigencia la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE), se han practicado 4.785 abortos en el país por alguna de las tres causales.

Así lo detalla el Departamento de Estadísticas e Información de Salud, que consigna que en el período hubo 5.635 embarazos que se enmarcaron en los requisitos y que en el 85% de los casos las mujeres efectivamente decidieron interrumpir la gestación.

De acuerdo al registro, la causa de aborto más frecuente ha sido la inviabilidad fetal (1.135), seguida del riesgo materno (713), ubicándose en último lugar la violación (465). Todos se concretaron dentro de la red de 70 establecimientos facultados para estos procedimientos en el país.

Desde el Ministerio de la Mujer y Equidad de Género explican que “estas cifras muestran lo importante que es entregar la opción a las niñas y mujeres que se encuentran en situaciones tan difíciles como las tres causales, permitiéndoles retomar su planificación de vida. Como gobierno nos comprometimos a mejorar la implementación de esta ley, pues representa un acto de justicia para aquellas niñas y mujeres que se encuentran en situaciones extremadamente difíciles y que hoy tienen derecho a decidir, sea cual sea su legítima decisión”.

Actualmente el Ejecutivo está tramitando cambios al reglamento de la norma, apuntando a la objeción de conciencia, para luego dar paso a otro de sus compromisos: el aborto libre. En ese contexto, desde Mujer explican que “el objetivo de las modificaciones al reglamento que ingresamos a Contraloría buscan mejorar el acceso a este derecho, asegurando más y mejor información para las niñas y mujeres que se encuentran en estos casos; la creación de un protocolo de reasignación y derivación acordes a instrucciones que emita el Ministerio de Salud y que será común para todos los establecimientos, y otros lineamientos que permitan garantizar continuidad en la atención, que esta sea siempre oportuna y sin costo adicional, evitando que mujeres y niñas tengan que deambular entre centros de salud para ejercer su derecho”.

Y es que según los datos obtenidos por La Tercera a través de la Ley de Transparencia, entre 2019 y marzo de 2024, un total de 222 pacientes tuvieron que ser trasladadas entre distintos establecimientos de salud del país, porque en el recinto al que llegaron no se podía realizar el procedimiento, para que se concretara el aborto que requerían una vez certificado que la gestación se enmarcaba en alguna de las tres disposiciones legales.