En marzo de 2024 se cumplirán dos años desde que entró en vigencia la Ley de Matrimonio Igualitario (Ley 21.400), cuya implementación ha estado a cargo del Servicio de Registro Civil e Identificación.

En ese contexto, la Unidad de Género del servicio, junto a la Fundación Chile Diverso y la Universidad de Talca, reveló los resultados del primer estudio sobre la experiencia de usuarios de dicha normativa. En la actividad participaron el subsecretario de Derechos Humanos, Xavier Altamirano, y el director nacional del Registro Civil, Omar Morales, además de representantes de la organización y la casa de estudios implicadas.

El sondeo se aplicó a 960 personas que fueron encuestadas online -en cuatro regiones- y, dentro de sus conclusiones, muestra que la gran mayoría (89,7%) de quienes se casaron por la Ley 21.400 declara no haber sido discriminado durante el proceso.

Además de catalogar este resultado como “una gran noticia”, Morales detalló que hasta la fecha van inscritos más de 3 mil matrimonios igualitarios, en una “demanda que ha sobrepasado la expectativa”.

En tanto, el subsecretario Altamirano felicitó a los funcionarios del servicio por el seguimiento a la medida y relevó que “es un tremendo avance que el 90% de los encuestados perciban que no se han sentido discriminados al momento de celebrar su matrimonio”.

“Esta es la confirmación de la dirección que debe tomar el Estado de Chile para tratar a todas las personas con el mismo espacio de dignidad, protección y acogida”, agregó.

El 10,3% que dice haber sufrido discriminación

Pese a la percepción de la mayoría de los consultados, un 10,3% dice haber sufrido discriminación en el proceso para casarse. Entre las razones, apuntaron a problemas en el acceso a la información, limitaciones legales a los regímenes patrimoniales, protocolos poco actualizados en las oficinas, y conducta y comentarios no adecuados de los funcionarios del servicio.

El director del Registro Civil argumentó que esa percepción de discriminación se relaciona “esencialmente a la legislación que estableció la Ley 21.400, que no son resorte de este servicio, y a temas de la pandemia, donde se registraron ciertas limitaciones”.

Por su parte, el subsecretario de Derechos Humanos señaló que algunas de las mejorías que se pueden incorporar en este proceso son “reforzar la capacitación del personal del Registro Civil, estandarizar el abordaje de los distintos casos que se presenten, así como también seguir sensibilizando a la ciudadanía en su conjunto, ya que el entorno también favorece tanto el trabajo del funcionario como de las personas que deciden casarse”.

“Finalmente, este tipo de estudios debiera hacerse periódicamente en conjunto con la sociedad civil, porque a futuro la ley podrá ser objeto de modificaciones. Este estudio debiera considerarse como una línea de base, muy exitosa, para seguir manteniendo un monitoreo activo de la aplicación de esta ley. Debemos mantener los altos estándares obtenidos y ojalá reducir ese pequeño porcentaje del 10% que nos falta por mejorar”, añadió Altamirano.

El perfil de los usuarios

Otras de las conclusiones del estudio muestra que, en general, la población que ha accedido a la Ley 21.400 tiene entre 29 y 59 años y cuenta un buen capital cultural, económico y social.

El instrumento fue aplicado tanto a connacionales como a personas extranjeras que hayan celebraron su matrimonio una vez implementada la normativa. En ese sentido, se observa que la gran mayoría son chilenos (78,6%), seguidos por venezolanos (15%) y colombianos (2,7%).

De los encuestados, un 48,2% es gay, un 41,8% lesbiana y 6,5% bisexual. Un 3,5% dijo ser de otra orientación sexual. Además, la mayoría reside en zonas urbanas del país.

En cuanto a los regímenes de contrato matrimonial, no hay mucha brecha entre quienes se casaron con separación de bienes (58,6%) y con participación de gananciales (41,4%).