Un nuevo foco de tensión se vive en el caso de presunta corrupción judicial que golpea a Rancagua. Así lo señalaron distintas fuentes de la causa, en la que la Fiscalía Regional de O'Higgins investiga a dos jueces de la Corte de Apelaciones de la zona, Emilio Elgueta y Marcelo Vásquez. Además, en paralelo, la ministra instructora de la Corte Suprema, Rosa María Maggi, indaga a estos dos magistrados y a un tercero, Marcelo Albornoz.

El caso, donde se pesquisan distintas actuaciones de los ministros para presuntamente favorecer a cercanos y amigos, hoy atraviesa una etapa de definiciones. Aquí, para el Ministerio Público, falta un actor clave: el Consejo de Defensa del Estado (CDE).

El organismo, encargado de velar por los intereses del Fisco, aún no se querella en la causa, lo que ha generado un choque de posiciones entre el CDE y la fiscalía. Esto motivó al fiscal nacional, Jorge Abbott, a pedir un informe al persecutor regional de O'Higgins, Emiliano Arias, para saber en qué está la remisión de antecedentes al consejo.

No obstante, ya han existido conversaciones entre ambas instituciones. De hecho, el 26 de marzo el fiscal Sergio Moya entregó antecedentes de la causa al CDE. El propio persecutor aseguró que "yo me reuní con los abogados del consejo, Guillermo Lara y Carlos Chacón, acá en Rancagua. En una presentación les expliqué los antecedentes de la causa e incluso les di cuenta de los movimientos bancarios del señor Elgueta, como también los tráficos telefónicos autorizados por el Juzgado de Garantía".

Moya agregó que "incluso les dije que yo no tenía problema en ir a exponer el caso al Comité Penal del consejo. Quedaron en darme una respuesta, la cual hasta el día de hoy no recibo".

La información que ha entregado la fiscalía no bastaría para el organismo estatal. La presidenta del CDE, María Eugenia Manaud, explicó a La Tercera que "inmediatamente de aparecida la información, el CDE, a través de su Procuraduría Fiscal de Rancagua, requirió formalmente los antecedentes a la Fiscalía Regional de O'Higgins, mediante oficio enviado el lunes 25 de marzo, requerimiento que reiteró en tres oportunidades más, mediante oficios de fechas 3, 10 y 11 de abril, y en uno de los cuales se señaló claramente que la información recibida se encontraba incompleta".

Manaud agregó que "si bien existió una exposición oral realizada por el fiscal Sergio Moya a dos abogados de la Procuraduría Fiscal de Rancagua el martes 26 de marzo, la información ahí obtenida resultó insuficiente para la adopción de una decisión tan trascendente como lo es la interposición de una querella criminal".

Es en base a estos antecedentes que la presidenta del CDE pidió una reunión para este martes con el fiscal Arias en Rancagua. Allí, dijo, buscará aclarar "las dificultades enfrentadas hasta ahora y destacar la indispensable condición para este organismo de acceder a la cabalidad de la información del caso".

Fuentes del caso señalaron que hace cerca de dos semanas la causa fue conversada en el consejo pleno del organismo, donde los abogados del Comité Penal expusieron cuáles eran los antecedentes que tenía sobre el caso. Esta semana se podría tomar una decisión respecto de una eventual querella.