“Ya se conoce bastante de lo que ocurrió. Todo el mundo tiene cierta claridad y el informe viene a corroborarlo con cifras y análisis. En términos estadísticos la realidad chilena no dista de lo que ha ocurrido en otros países. En lo que estamos en deuda es en el juzgamiento de los responsables y, sobretodo, en la reparación de las víctimas. Estamos recién iniciando un proceso que es largo y sin duda seguirán apareciendo víctimas, personas tremendamente dañadas”.
Así abordó la abogada penalista María Elena Santibáñez, los abusos cometidos por miembros de la Iglesia Católica en Chile y sus efectos.
La docente de derecho en la UC -y especialista en delitos sexuales- fue uno de los 16 miembros de la Comisión para Análisis de la Iglesia en esta casa de estudios, instancia que acaba de dar a conocer el documento “Comprendiendo la crisis de la Iglesia en Chile”, una investigación de casi dos años sobre este fenómeno.
Allí se da cuenta de causas y factores, de clasismo, elitismo y clericalismo. De relaciones asimétricas y piramidales. Se analizan los últimos 50 años y se concluyen cifras rotundas: 194 clérigos denunciados, de los cuales 167 son sacerdotes (3,6% de los que ejercieron en el período), en su mayoría ordenados entre 1980 y 1999. El 47% tuvo más de dos víctimas y el 58% de estas últimas tenía entre 14 y 17 años. El 68% de los abusadores tenía entre 30 y 50 años. De 168 denuncias, el 62% está en curso. Y de 48 sanciones canónicas, solo el 43% fue la expulsión del estado clerical.
En esta entrevista con La Tercera, María Elena Santibáñez aborda el escenario y analiza algunos de sus detalles.
¿El abuso en la Iglesia Católica de Chile responde a parámetros criminales “tradicionales”?
En algunos aspectos sí, como el hecho de tratarse de ilícitos cometidos por personas que son referentes para las víctimas, muy cercanas a ellas y en contextos de relaciones asímetricas, lo que junto a la cronicidad de la conducta suele ser un predictor de un mayor daño. Las víctimas en estos casos generalmente son personas que tienen carencias emocionales importantes, lo que es aprovechado por su agresor, ello también se evidencia en muchos casos de criminalidad sexual en contextos intrafamiliares. Sin embargo, la edad de las víctimas es mayor en los casos de abuso sexual clerical, se trata en general de adolescentes y no de infantes, y la inmensa mayoría son varones.
Según el estudio, el mayor porcentaje de sacerdotes abusadores fue formado entre 1980 y 1999.
Es un dato muy llamativo. En todo caso, nosotros tuvimos una esfera de análisis de los últimos 50 años. En otros países, como EE.UU., el tema del abuso da cuenta de generaciones mayores que la de acá, sin embargo contaron con registros desde el año 1920. Lo nuestro da cuenta de sacerdotes más jóvenes, ordenados post Concilio Vaticano II, que precisamente generó una mayor apertura y horizontalidad en la Iglesia Católica. Era esperable entonces una mayor incidencia de generaciones previas al Concilio. Otro hallazgo más o menos conocido, pero que nos tocó analizar con mayor profundidad, y que es bien impactante, es el secretismo con que se manejaba todo, desde los casos hasta las investigaciones, lo que sin duda permitió que los abusos perdurarán tanto tiempo, con total impunidad. Por otro lado, es bien gravitante el tema piramidal que subyace a la institución de la Iglesia y que moldea la dinámica de las relaciones. Se trata de un factor que se consigna en el informe como gran facilitador de los contextos abusivos y del secretismo que las acompaña.
¿Cómo fue la relación de trabajo con representantes de la Iglesia Católica? ¿Hubo dificultades?
Tuvimos muchos invitados muy interesantes: víctimas, sacerdotes, sicólogos, teólogos, siquiatras expertos en abusos, abogados y comunicadores. En el manejo de la información hubo colaboración de algunas congregaciones y diócesis, pero no de todas. De hecho, en algunos casos se pidió información y no se dio, por lo que hubo bastante dificultad para obtenerla. ¿Cómo desarrollaron el trabajo? Nos reunimos en tres comisiones distintas con reuniones periódicas y también plenarios, eramos un grupo de trabajo independiente e interdisciplinario con académicos de seis facultades diferentes.
¿Cree que, hasta ahora, la justicia penal ha abordado bien la temática del abuso en la Iglesia?
La justicia penal ha tenido una respuesta respecto de estos casos que ha ido evolucionando a medida que ha existido más evidencia acerca de los mismos. Recordemos que las primeras investigaciones llevadas adelante en el sistema procesal penal reformado fueron muy complejas y difíciles, en algunas de las cuales me tocó participar. Hoy en día existen muchos más casos llevados adelante, con resultados satisfactorios, aunque siempre se trata de investigaciones complicadas, en que es complejo acceder a toda la información. No obstante ello, toda la evidencia reunida sobre esta clase de abusos y sobre el enorme daño de sus víctimas, hace que las mismas gocen de gran credibilidad.
¿De lo analizado, cree que hay sacerdotes ejerciendo que hayan cometido abusos?
Sin duda que sí los hay, varios han sido denunciados e investigados y continúan ejerciendo. La aparición de nuevas víctimas y victimarios, lamentablemente es algo con lo que habrá que convivir y trabajar para erradicarlo. Ya hay bastantes cambios, pero queda mucho por hacer en todos los ámbitos. El primer paso es reconocer todo lo que ha ocurrido, facilitar las investigaciones, adoptar medidas de protección y reparación de las víctimas, así como sancionar debidamente a los responsables. Ello sin perjuicio de todo lo que resta por seguir haciendo en el ámbito de la prevención.
¿Qué viene ahora?
Este estudio académico se plantea como un análisis inicial que muestra el panorama general, pero es esperable que cada una de las temáticas puedan dar lugar a futuros estudios. Se trata solo de un primer paso.
Algunas cifras del documento “Comprendiendo la crisis de la Iglesia en Chile”:
167 sacerdotes han sido objeto de denuncias de abusos. De 4.594 presbíteros activos en todo el periodo analizado.
El 84,9% de clérigos denunciados trabajaban en parroquias y escuelas; en tanto, el 8,4% laboraba en hogares de niños.
El 44,7% de los religiosos investigados eran sacerdotes que se ordenaron entre 1980 y 1999.
58,2% de las víctimas tenía una edad de entre 14 y 17 años al momento de ocurrir el primer abuso.
36,7% de los menores tenía una relación de alumno del clérigo que cometió el abuso; el 12,9% era acólito y el 12,2% feligrés.
