Una jornada clave vivirá este lunes la diputada Catalina Pérez (ex-FA). La Corte Suprema escuchará los alegatos de la Fiscalía Regional de Antofagasta y de la defensa de la parlamentaria en torno a la solicitud de desafuero del Ministerio Público por su presunto rol en el caso Democracia Viva.

En esa indagatoria la Fiscalía imputó a dos cercanos a la diputada, su expareja Daniel Andrade, exdirector de Democracia Viva, y Carlos Contreras, exseremi del Minvu en Antofagasta, otrora jefe de gabinete de la parlamentaria y quien actualmente se encuentra en prisión preventiva.

El abogado de la parlamentaria, Gonzalo Medina, recurrió a la Corte Suprema luego de que la Corte de Apelaciones acordara por unanimidad desaforar a la congresista, dejando la pista libre para que la Fiscalía pueda pedir medidas cautelares en su contra. Sin embargo, el penalista está confiado en poder revertir esa situación.

¿Cómo enfrentan esta etapa tan importante en el máximo tribunal?

-La enfrentamos con la misma tranquilidad y confianza con que hemos enfrentado toda la investigación que durante más de un año y algo se ha llevado adelante por la Fiscalía contra la diputada, sabiendo que tenemos la convicción de que no existen antecedentes serios que le den responsabilidad alguna de carácter penal a la diputada Pérez.

Por tanto, ¿qué esperan de la resolución de la Suprema?

-Nosotros esperamos que acoja nuestro recurso de apelación y que declare que no ha lugar al desafuero de la diputada, porque no existen antecedentes serios que cumplan el estándar suficiente para proceder a acceder a esta solicitud de la Fiscalía.

Las conversaciones que han surgido, la conversación que tenía la diputada con su expareja, ¿no es un antecedente que podría fundar un desafuero?

-Los convenios fueron celebrados el 2022 y, por lo tanto, si se quiere atribuir algo a la diputada es algo que ella habría hecho durante el 2022 para la celebración de esos convenios. En esa época, usted no encuentra ninguna conversación en la cual la diputada de alguna manera participe, intervenga, conozca algún detalle o se pronuncie respecto a ello. Y la Fiscalía efectivamente ha citado algunas conversaciones, que son todas del 2023, muy posteriores a los hechos que se investigan, en virtud de las cuales pretende de alguna manera fundar la solicitud de desafuero. Son conversaciones que están en un contexto de una visibilización comunicacional y política del caso. Entonces, sinceramente, nosotros creemos que no existen antecedentes serios para fundar un posible desafuero.

¿A qué atribuyen esta posición de la Fiscalía en contra de su clienta?

-La Fiscalía ha sustentado, por razones que ellos tendrán que explicar, una solicitud de desafuero que carece de antecedentes suficientes. Como defensa vemos que han llevado una larguísima investigación contra múltiples personas, incluyendo a nuestra representada, que ha colaborado, le han revisado y han hecho hasta geolocalización. Sin embargo, cuando uno revisa qué antecedentes existen para decir que es coautora de un delito de fraude al Fisco, creemos que esos antecedentes no existen.

Pero la Corte de Antofagasta acogió la tesis de la Fiscalía...

-Creemos que el fallo de la Corte de Apelaciones de Antofagasta tiene defectos en su fundamentación, tiene algunas incoherencias internas, bajo qué premisa da por establecido que ciertas cosas habrían sucedido. Creemos que yerra la valoración de los antecedentes y es por eso que esperamos que el recurso de apelación prospere.

Usted cuestionó y dijo que era una resolución muy rápida. ¿Mantiene esa crítica?

-No fue una crítica la que yo formulé. Lo que dije era que resultaba llamativo que se emitiera un veredicto pocas horas después del término de la vista de las alegaciones. Y lo califico como llamativo porque revisa la historia de las pistas de desafuero, no es una práctica que uno encuentre en Chile que se realiza por los tribunales.

¿Y a qué cree que responde esa rapidez?

-No sé eso tampoco. Yo no puedo inmiscuirme en cuáles fueron las razones que tuvo la Corte para hacerlo. Lo único que yo puedo hacer es constatar que, si usted revisa en general los desafueros en la historia de Chile, un veredicto en ese tiempo es una cuestión inusual.

Y si llegase a concretarse el desafuero, y también usted dijo que siempre ha podido ser formalizada, ¿cuál es la posición de ustedes como defensa?

-Eso lo evaluaremos en el minuto. Ahora estamos concentrados en qué es lo que va a suceder ante la excelentísima Corte Suprema. Y una vez que tengamos el resultado de esa gestión será el momento de evaluar qué es lo que viene para adelante. Nosotros esperamos que de ahí en adelante el proceso simplemente no siga.

¿Su clienta cómo enfrenta este proceso ante la Suprema?

-Lo enfrenta con la tranquilidad de la transparencia que ha tenido desde el primer día, de la disposición a colaborar y esclarecer estos hechos. Por lo tanto, lo enfrenta de la misma manera, de cara al país y a la ciudadanía, dispuesta a poner todo en conocimiento para que se esclarezcan los hechos realmente y se dilucide, de una vez por todas, que ella no ha cometido ni un tráfico de influencia, ni menos una coautoría de fraude al Fisco ni ninguna forma de intervención criminal en ningún hecho.

Usted en algún momento cuestionó las filtraciones. ¿Qué le parece lo que ha sucedido en esta causa?

-Las filtraciones en la investigación respecto a la diputada han sido sistemáticas, arbitrarias, parciales, sesgadas, para crear una especie de imagen de culpabilidad más allá de los antecedentes concretos que obran en la investigación.

¿Considera que este tipo de filtraciones desvirtúa el proceso judicial?

-Creo que sí, que altera las reglas del Estado de derecho en el sentido de que se producen antejuicios públicos respecto a las presuntas responsabilidades o inocencias de las personas, y se hace mediante la exhibición sesgada y parcializada de antecedentes.