El abogado Ramón Sepúlveda, quien ejerce la defensa del alcalde de Recoleta Daniel Jadue, aseguró que la Fiscalía “inventó” la figura de la alerta preventiva que le impidió la salida del país al jefe comunal, cuando pretendía la noche del miércoles, viajar hasta Venezuela por una invitación de ese país.
En conversación con CNN Chile, el jurista informó que solicitaron una audiencia de cautela garantía al Tercer Juzgado de Garantía de Santiago “de forma urgente” tras este hecho, la cual quedó programada para las 13 horas de este viernes.
Sepúlveda aseguró que “acá hay una situación muy irregular, arbitraria, ilegal, porque efectivamente Daniel Jadue ayer tenía un viaje programado a Venezuela, de parte del gobierno venezolano y lo detiene un PDI sin una orden judicial, sin un requerimiento, absolutamente informar e ilegal y esto de la ilegalidad no lo digo desde una subjetividad, lo digo desde lo que el Código y la Constitución garantizan y efectivamente lo invita a que la fiscal haga las gestiones necesarias para comunicarle que no podía salir del país”.
Respecto al argumento planteado por la Fiscalía, de que se impidió el periplo debido a una alerta preventiva, Sepúlveda aseguró que “en mis 10 años de ejercicio profesional no he leído ninguna normativa que establezca una alerta preventiva, este es un invento de la Fiscalía para intentar retener al alcalde de Recoleta”.
“Esta alerta preventiva tiene la Fiscalía contestar lo que es. Esta alerta preventiva no existe, por lo tanto, lo que es, por qué la piden y por qué se saltan la ley, es algo que la Fiscalía va a tener que explicar mañana en la audiencia, porque justamente la medida cautelar y así lo establece el artículo 9 del Código Procesal Penal, establece que cualquier medida del procedimiento que afecte los derechos del imputado, tiene que tener una resolución judicial”, aseguró el abogado Sepúlveda.
Asimismo, argumentó que, de acuerdo al artículo 158, número 4, del Código Penal, la medida de impedir la salida de Jadue, podría ser considerada un delito.
Respecto a las órdenes de detención verbales -que fue lo que le habría señalado el Ministerio Público a Jadue que iba a solicitar en caso de que el alcalde abordara el avión- Sepúlveda explicó que “la Fiscalía puede llamar a un juez de turno y decirle que en su criterio requiere una orden de detención porque hay grave peligro de fuga o peligro de que el imputado comparezca y el juez de garantía la puede otorgar en el acto, verbalmente”.
“Se la entrega y se despacha la orden de detención verbal y el imputado tiene que pasar toda la noche detenido y al día siguiente llega esposado a la audiencia de control de detención. Esa fotografía no se la vamos a entregar a la Fiscalía y por eso el alcalde desiste, porque baja la confianza de nosotros y de Daniel como ciudadano si me dicen que hay una medida de alerta preventiva no regulada en nuestro sistema”, planteó sobre la decisión tomada por el alcalde de no continuar en el vuelo.
Durante la conversación, Sepúlveda aseguró que la fiscal Giovanna Herrera, quien lleva adelante la investigación en contra de Jadue, le afirmó que al momento de evaluar el viaje de Jadue por teléfono, estaba en contacto con el persecutor Xavier Armendáriz y también del fiscal nacional, Ángel Valencia.
“Fue un llamado muy tarde, donde yo efectivamente estaba en otras situaciones no profesionales. Yo recuerdo que ella me dice que estaba conversando con el fiscal regional (Xavier Armendáriz) y el fiscal nacional (Ángel Valencia), pero lo del fiscal nacional me lo nombra muy a la pasada, por lo tanto, no recuerdo bien si Valencia tenía un rol activo en esto”, dijo el defensor y añadió: “si el fiscal nacional también opinó de esta situación, es más grave aún porque el fiscal no puede opinar de las cusas de un fiscal adjunto. Esto es muy grave y es probable que mañana quieran bajarle el perfil”.
Asimismo, confirmó que solicitará la remoción de los fiscales Herrera y Armendáriz de esta causa.
“Nosotros por instrucción de nuestro cliente, vamos a solicitar que el fiscal nacional Ángel Valencia instruya un sumario administrativo respecto de la fiscal Giovanna Herrera y el fiscal Armendáriz y que ordene su cambio o modificación a otro persecutor que no haya perdido la objetividad tan evidentemente””, afirmó.
