El abogado penalista Carlos Tenorio, en representación del diputado independiente por La Araucanía y exintegrante de la bandada del Partido Republicano, Mauricio Ojeda Rebolledo, presentó un escrito en la Corte de Apelaciones de Temuco, para hacerse parte en la solicitud de desafuero hecha por el Ministerio Público respecto del parlamentario indagado de manera desformalizada por delitos reiterados de fraude al fisco.
“Presenté un escrito haciéndome parte en la solicitud de desafuero, con la finalidad que se formalice esta solicitud de desafuero al diputado Ojeda, toda vez que nosotros nos habíamos enterado de una serie de requerimientos y otros comentarios que eran absolutamente falaces, falsos, en cuanto a la intención del diputado de eludir la notificación, no sé con que finalidad”, expuso Tenorio.
En el escrito piden obtener una copia de los antecedentes del desafuero que solicitó la Fiscalía de La Araucanía para elaborar la estrategia de defensa, asunto que debe resolver el Pleno del tribunal de alzada.
Ojeda no estuvo ubicable en sus domicilios de Villarrica y Valparaíso durante este 29 y 30 de mayo, lo que impidió que fuera notificado judicialmente de la solicitud para que sea despojado de su inmunidad parlamentaria. Desde su entorno señalan que lo anterior sucedió porque el parlamentario asistió ambos días al Congreso.
De proceder el desafuero, el legislador podría ser formalizado.
El 9 de mayo, en el marco de las indagatorias por líos de platas en los traspasos desde entidades públicas a fundaciones, el fiscal Carlos Cornejo ingresó una solicitud firmada por el fiscal regional Carlos Garrido para desaforar al diputado de oposición por una indagatoria sobre delitos de corrupción en los convenios por más de $700 millones alcanzados por el Gobierno Regional de La Araucanía (GORE) y las fundaciones FOLAB y EDUCC.
Ya fueron formalizados los hermanos Rinett y Juvenal Ortiz, que debían desarrollar proyectos con 200 mujeres jefas de hogar de las comunas de Temuco y Padre las Casas en peluquería, manicure y otros oficios que no se concretaron tras la adjudicación de los dineros desde el GORE.
El diputado habría incurrido en un presunto tráfico de influencias al haber intervenido a favor de una fundación investigada ante autoridades del GORE. De acuerdo a la investigación del Ministerio Público, el diputado gestionó recursos por $140 millones que puso a disposición de Rinett Ortiz para dar solvencia y liquidez a las fundaciones para que pudieran adjudicarse los proyectos.
