El abogado Álvaro Pérez Verde-Ramo junto a su esposa, la exdirectora del Sename, Solange Huerta, son los defensores de Alex Trigo, el exgobernador del Choapa del gobierno de Michelle Bachelet que fue formalizado el sábado por presunta asociación ilícita y tráfico de casi 400 ciudadanos chinos, desde 2016. Por el ingreso de cada extranjero la supuesta agrupación recibía US$ 4.900.

Los defensores de Trigo además fueron fiscales. De hecho, Huerta estuvo ocho años como fiscal regional Metropolitana Occidente. Hoy, su representado está con arresto domiciliario nocturno por los hechos que le imputa el Ministerio Público.

Sobre los delitos a lo que apunta la fiscalía en contra de su cliente, Pérez señaló que "el tribunal estimó que no existen antecedentes para sustentar los hechos imputados en la formalización con respecto a Trigo y que guardan relación con la carta de invitación (a ciudadanos chinos) firmada por él 9 de febrero de 2018 cuando era gobernador".

Detalló, además, que "esa gestión (Trigo) la realiza en el marco de las gestiones propias de quien es gobernador, que es poder atraer recursos e inversiones a su comuna".

También, precisó que "una vez que él (Trigo) cesa en el cargo, en el marco del conocimiento que había tenido de Alex Brito (formalizado por tráfico de migrantes), quien se había presentado ante él como un funcionario importante del Ministerio de Relaciones Exteriores, Trigo gestionó cuatro cartas de invitación de la misma manera que lo han hecho una serie de personeros públicos, entre ellos, el alcalde de Los Vilos, de Los Ángeles, la presidenta de la Cámara del Comercio de Illapel, pero la diferenciación respecto de Trigo es que con ocasión de esto no ha lucrado, porque nunca recibió dinero respecto a estas gestiones".

Asimismo, dijo que "tampoco nunca tomó conocimiento de que estas invitaciones eran espurias o tuvieran una finalidad distintas de aquellas que se expresaban en la carta".