Abogado de Ezzati: "Es una mala práctica juzgar antes de la debida investigación"

Han sido días turbulentos para el arzobispo de Santiago, cardenal Ricardo Ezzati. El reciente sábado 4 de agosto, y tras presiones de gobierno, anunció que se restaba de oficiar el tedeum de septiembre, y el lunes 6 informó que dejaba sus tareas como gran canciller de la Universidad Católica.

Sin embargo, lo más complejo lo espera el 21 de agosto, cuando debe declarar ante la Fiscalía Regional de Rancagua, en calidad de imputado, por el eventual delito de encubrimiento.

Uno de los casos por los cuales se le consultará es el del excanciller del arzobispado, el sacerdote Óscar Muñoz, formalizado por supuestos abusos a menores y que permanece actualmente en prisión preventiva en la Cárcel de Rancagua.

Frente a ese escenario, Ezzati informó ayer que el conocido abogado penalista Hugo Rivera Villalobos será quien lo represente.

"Ante consultas periodísticas, informó que he solicitado al profesional Hugo Rivera Villalobos que me asesore jurídicamente en la causa que lleva la Fiscalía Regional de Rancagua", indicó el arzobispo. Agregó que "reitero mi compromiso de contribuir a esclarecer la verdad, cumpliendo como todo ciudadano con lo que se requiera, confiado en que nunca he cometido encubrimiento ni obstrucción a la justicia".

El profesional Hugo Rivera ya había asistido al Arzobispado de Santiago en 2013, en la querella presentada por la arquidiócesis contra un grupo que irrumpió en medio de una misa y causó destrozos en el templo.

Consultado por La Tercera, Rivera sostuvo que "en este país se ha transformado en una mala práctica ya permanente el juzgar públicamente a las personas antes de una debida investigación, vulnerando el sagrado derecho a la defensa y el proceso de respeto a las garantías que toda persona tiene".

Añadió que "hoy pasa mucho que se sanciona con ligereza, en forma drástica y pública, lo que genera un daño enorme a las personas y a nuestra sociedad. Con estas razones, y creyendo en la total y absoluta inocencia de señor cardenal, he asumido su defensa".

Rivera es reconocido en la plaza penalista como uno de sus miembros destacados. En su currículum de clientes aparecen figuras nacionales de distintos ámbitos. Entre los más emblemáticos de sus representados se encuentra Andrónico Luksic Craig. El abogado ha sido requerido por el empresario en diversas oportunidades, por ejemplo, cuando fue citado a declarar como testigo en el caso Caval o en la querella por injurias que el empresario presentó en contra del exdiputado Gaspar Rivas.

La oficina que Rivera posee en Las Condes, así como el despacho que dejó tiempo atrás en el centro de Santiago, también ha visto pasar a Mario Kreutzberger, José Yuraszeck, la Asociación Nacional de Fútbol Profesional (ANFP) y Martín Larraín, hijo del exsenador RN Carlos Larraín, quien enfrentó a la justicia tras atropellar y dar muerte a Hernán Canales, en septiembre de 2013.

"Es un hombre de bajo perfil, que no tramita sus causas por la prensa. Con ese estilo ha tenido mucho éxito en su carrera", indicó un penalista, quien solicitó no publicar su nombre.

Un perfil que lo destaca, pero que también provoca críticas entre quienes han cuestionado a la Iglesia, principalmente por el costo que tendrían sus servicios. Juan Carlos Claret, vocero de los laicos de Osorno, reconoció que toda persona tiene derecho a una defensa, no siendo Ezzati la excepción, pero en este caso sí expresó dudas respecto de la forma. "La plata del obispo es la plata que los fieles les damos. Cuando uno dona el 1% a la parroquia, esta se va en su mayoría al arzobispado. Y no sabemos si de ese fondo se les está pagando a los abogados", sostuvo.

Sin acuerdo político ni patrocinio del Ejecutivo, ayer la Comisión de Derechos Humanos del Senado inició la discusión de un proyecto ingresado por las legisladoras Adriana Muñoz (PPD) y Ximena Rincón (DC), que busca revocar la nacionalidad por gracia del cardenal Ricardo Ezzati Andrello, que se le otorgó en abril de 2006.

"Ezzati no es una persona que haya aportado valor, que haya defendido a las personas, a los niños, a los ciudadanos en nuestra patria, todo lo contrario", dijo la senadora Rincón. Su par de la UDI, Víctor Pérez, indicó que "la propuesta debe ser por razones graves y muy fundadas, y yo no las encuentro. Por eso, llamo a esperar el proceso judicial y luego debatir el tema".