En el “pinchazo” al celular de Miguel Crispi, en el marco del caso ProCultura, que fue dado a conocer por La Tercera, se devela cómo el exjefe de asesores del Segundo Piso de La Moneda atribuye a la exsenadora Isabel Allende (PS) y su familia -en particular su abogado Felipe Vio- “mucha responsabilidad” en el escándalo por la fallida compra de la casa de Salvador Allende.

El profesional, que en el pasado hizo gran parte de su carrera como abogado en la fiscalía del Banco Santander, y que además es yerno de la exparlamentaria socialista, fue citado ante la Fiscalía, donde debió enfrentar un interrogatorio ante las sospechas de la comisión de delitos de fraude al Fisco y tráfico de influencias.

A continuación, La Tercera reproduce gran parte de su testimonio que entregó en calidad de imputado. Una de las situaciones abordadas por el Ministerio Público fue la decisión del gobierno de echar para atrás la adquisición del inmueble de Guardia Vieja cuando se comenzó a advertir la prohibición constitucional que pesaba sobre Allende de celebrar contratos con el Estado.

Vio lo recordó así: “El 2 de enero de 2025, fecha en la que ya había salido un comunicado de Bienes Nacionales informando de la firma de la escritura, Maya o Isabel, no recuerdo bien, me consultó si había revisado el tema constitucional. A lo que respondí que no. Entonces revisé la Constitución, percatándome en ese instante que existían las inhabilidades. De alló me fui a Guardia Vieja, donde estaba Isabel. Maya no estaba porque había viajado al Polo Sur. Allí empezaron los telefonazos“.

Los telefonazos

En ese minuto, dijo, llamó a Pablo Maino, del Servicio de Patrimonio, y lo primero que abordaron era era si ellos sabían o no del tema constitucional.

“Por supuesto estábamos todos sorprendidos y preocupados. Me llamó Francisca Moya, abogada de Segpres, con quien nunca había hablado antes, quien me preguntaba si había visto el tema constitucional, y si se había firmado la escritura. Además, Isabel contactó al abogado constitucional Gabriel Osorio, quien hoy en día la representa ante el Tribunal Constitucional”, dijo Vio el 5 de marzo pasado cuando fue citado y Allende aún era parlamentaria.

Días después, explicó el abogado, empezó a comunicarse directamente con Moya, quien se transformó en la interlocutora del gobierno.

“Me pide que envíe una carta de desistimiento de la operación dirigida a Bienes Nacionales, lo que hice. Era una necesidad de Bienes Nacionales para iniciar el proceso de resciliación de la compraventa, lo que a la fecha no ha sucedido”, dijo.

Luego, Vio responde a preguntas de los fiscales. Ahí sostiene que él no percibió remuneración por el mandato que tuvo para dirigir las tratativas con el gobierno y margina a las entonces autoridades de los detalles del fallido negocio e insiste que la iniciativa fue del Mandatario Gabriel Boric, nadie más.

“A su pregunta, ni la senadora Allende ni la ministra Fernández participaron o realizaron gestiones ante Presidencia, Ministerio de Cultura, SERPAT, o Bienes Nacionales, durante el proceso de venta de la casa de la familia, porque ese trabajo me correspondió a mí hacerlo. Complementando lo anterior, la iniciativa de la compraventa de la casa fue del Presidente de la República y no de la familia”.

Un “error constitucional”

Una de las cosas que debió aclarar Vio es porqué la compra pasó del Servicio de Patrimonios a Bienes Nacionales y en qué incidía esto.

“Si bien el proceso pasó desde SERPAT a Bienes Nacionales, esto no impedía que la administración de la casa museo pasara a SERPAT, como una hipótesis de administración. Complementando lo anterior, si la casa hubiese sido comprada por SERPAT, se podría haber creado una administración mixta público-privada. Aclaro que mi gestión consistía en gestionar el proceso de venta, y no el modelo de administración”, explicó.

Sobre la tasación del inmueble, Vio dijo que “en mi opinión las tres tasaciones de SERPAT cumplían la norma chilena de tasaciones, pero la verdad no los revisé en detalle como para ser concluyente. Quiero agregar que se me hizo un encargo superpreciso, cuya motivación fue apoyar a la familia, y transformar la casa de Guardia Vieja en un museo. No haber advertido el tema jurídico constitucional fue un error”.

El origen de su intervención

Felipe Vio explicó también ante Fiscalía y la PDI cómo es que llegó a involucrarse en este caso que hoy lo tiene enfrentando un caso penal como imputado.

“A principios del 2024, Isabel, la senadora Isabel Allende, mi suegra, me dice que efectivamente en el Presupuesto de la nación fueron aprobados unos fondos para adquirir la casa presidencial de Guardia Vieja y transformarla en museo, y que por lo tanto el Estado de Chile iba a comprarla. Que necesitaban un abogado que fuese de su total confianza, además de tener expertise en el ámbito inmobiliario. Así, comencé a hacer un estudio de títulos personal, en el que no encontré nada raro. Era una comunidad formada por Isabel Allende con 1/3, Carmen Paz Allende con otro 1/3, y otro tercio dividido en partes iguales entre Maya Fernández y Alejandro Fernández, ambos hermanos, hijos de la fallecida Beatriz Allende", detalló.

Fue en marzo de ese año, dijo, que lo contacta el abogado José Cortés desde el Servicio del Patrimonio (SERPAT), dependiente del Ministerio de Cultura. “Me invita a una reunión en el Palacio Pereira. En esa reunión, que fue de coordinación y de lanzamiento de toda la tramitación, planteé tres temas: el estudio de título del inmueble cómo se determinaría el precio de la compraventa y la necesidad de llevar adelante este proceso de la manera más transparente y proba, dado que participaban una senadora y una ministra”, expresó.

El precio de la casa

Consultado el motivo de que el Estado comprara la casa y que esta, que iba a ser museo, no pasara directamente de la familia a una fundación, Vio respondió que era algo que no dependía de la familia.

“La intención de la familia era preservar el valor histórico y que la casa pasara a propiedad del Estado, independiente de quien se quedara con la administración, ya que esta podía quedar en el Estado igualmente”, dijo.

Junto con esto, expresó otra cosa que para ellos era importante. “Dado el apellido Allende, que desata pasiones en contra y a favor, no queríamos ningún trato preferencial en cuanto al precio, y que el método de cálculo fuese lo más transparente posible”.

Reuniones en La Moneda

Vio relata las intervenciones suyas con asesores del Presidente Boric.

“En agosto de 2024 fui a dos reuniones en La Moneda. En la primera asistí con Genaro Cuadros, siendo recibidos por Leonardo Moreno y Bernardita Nazar, de Presidencia, donde se nos informa que el comprador no será SERPAT sino Bienes Nacionales. La razón del cambio fue porque la expertise de Bienes Naciones es esa, justamente, comprar bienes para el Estado. Se nos agrega también que Bienes Nacionales desde un principio estaba viendo la compra de las casas de la familia Aylwin. A mí no me gustó el cambio porque era comenzar todo de nuevo”, admitió.

Luego de eso vino otra reunión con más representantes del Ejecutivo. Frente a esta, Vio dice que ahí “no se hicieron advertencias o alertas sobre algún tema jurídico constitucional. La verdad es que si se hubiese levantado la alerta, yo mismo hubiese parado el proceso”.

Junto con esto, el abogado y yerno de Allende dijo que asumía que “en ese momento yo no leí la Constitución y las inhabilidades que tenían quienes participaban en la compraventa. Ojalá alguien lo hubiese levantado como tema. Yo solo reparé en ese problema el 2 de enero de 2025, cuando reventó el caso mediáticamente. Sí aclaro que se levantó como tema, inclusive yo lo hice, acerca de los efectos comunicacionales, por tratarse de la familia Allende quien vendía”.

En otro de los pasajes del interrogatorio Vio insiste que lo único que procuró es que en ningún momento del proceso se pudiera ver algo como privilegio por ser quienes eran los compradores.

“Se conversó sobre el estudio de títulos, fijación del precio, y se hizo énfasis en que no debía haber ningún privilegio en la operación. No se habló nada de los problemas jurídicos que posteriormente aparecieron. Entregué nuevamente documentación de la casa, porque estaban obsoletos a esa altura los documentos”, expresó.

Había que revisar el precio

Sobre las diligencias para aumentar la oferta por la casa, Vio asegura que la de Bienes Nacionales era inferior en un 31% al promedio de las otras tres tasaciones, y como le pareció excesiva la diferencia, tras conversar con sus mandantes “se decidió contestar esa oferta, reforzando la idea que el interés de la familia por vender seguía intacto, pero que había que revisar el precio, solo con elementos técnicos, revisando criterios y metodología utilizada, detectando inconsistencias que no eran las más adecuadas, las que constan en una carta que presenté a mediados de octubre de 2024″.

Junto con esto, explicó a los investigadores, algunas de las tasaciones hechas eran para una destinación comercial y no residencial, como lo era Guardia Vieja, y que “aunque parezca raro, lo habitacional es más caro que lo comercial. Entonces hice presente que había referencias en el portal inmobiliario. Además, que se revisaran los factores de depreciación de la construcción, porque el que se había utilizado para Guardia Vieja era injustificadamente inferior a los utilizados en las referencias de inmuebles de la misma tasación de Bienes Nacionales”.