El abogado Mario Vargas, interpuso este jueves, un recurso de protección contra el Consejo de Defensa del Estado (CDE) y el Ministerio Público, para impedir que el CDE acceda a los distintos chats sostenidos con Luis Hermosilla, quien es investigado de oficio por el llamado caso Audios.
Cabe recordar que, en medio de la investigación vinculada a Hermosilla, se incautaron distintos dispositivos electrónicos, entre ellos su celular, desde donde se han extraído más de 770 mil páginas de transcripciones de conversaciones mantenidas a través de la aplicación de mensajería WhatsApp y a las cuales, el CDE pretende tener acceso, mientras aún son periciados por la Fiscalía Metropolitana Oriente.
En ese contexto, el jurista recurrió de protección ante la Corte de Apelaciones de Santiago, donde solicita la orden de no innovar por parte de la Fiscalía, para que así no se entreguen los respaldos de los diálogos mantenidos.
En ese sentido, Vargas expuso que dentro de los fundamentos de la acción se incluye que tiene conversaciones con Luis Hermosilla “desde hace años, las que tienen diverso contenido, y que van desde cuestiones absolutamente personales, intercambio de opiniones, hasta las situaciones de algunos clientes que defendimos de forma conjunta, las que no tienen relación alguna con los hechos investigados, si no que se insertan dentro mi ámbito privado y el acceso a otras conversaciones importa una infracción al secreto profesional”.
Por ello es que acusa que, de acceder el Ministerio Público a entregar las conversaciones, se estarían violando una serie de garantías constitucionales. “En ese orden de ideas, y sin que yo haya tenido vinculación alguna con los demás intervinientes que participaron en la reunión que dio origen a la incautación del teléfono, el acceso a mis conversaciones privadas, por parte del Ministerio Público y la consecuente solicitud del Consejo de Defensa del Estado, constituyen actos ilegales que perturban y amenazan, respectivamente, mis garantías constitucionales de igualdad ante la ley, la inviolabilidad de las comunicaciones privadas y mi derecho a la honra y privacidad”, sostiene el escrito.
Asimismo, dentro de su argumentación el letrado sostiene que el CDE “no puede arrogarse competencias para estudiar las 770.000 páginas que tiene el informe de extracción por cuanto no todas aquellas dicen relación con hechos ilícitos ni tampoco participan en ellas solo funcionarios públicos, como es mi caso. Ese solo criterio debería hacer desistir al Consejo de acceder a la totalidad del informe, por cuanto, en mi caso particular, no cuentan con la legitimación que justifique la intervención lesiva en mis derechos fundamentales”.
En su recurso, Vargas, asegura que durante el último tiempo “ha surgido una nueva categoría de personas”, entre las que hizo la diferenciación de los que han mantenido conversaciones con Hermosilla y los que no, “lo que incide directamente en la honra y prestigio de un profesional”. Asimismo, apuntó a la ministra de la Segegob, Camila Vallejo, por señalar la existencia de una presunta “red de corrupción” y también al diputado PS, Daniel Manouchehri, quien preside la Comisión Investigadora por el caso Audios, quien afirmó la existencia del “Tren de Vitacura”.
“Esta estigmatización, avalada por el Ministerio Público al extraer la totalidad de conversaciones sin límite temporal ni referidos a los hechos que estaba investigando inicialmente, trae consecuencias gravísimas al estatuto de garantías que la Constitución garantiza a todas las personas”, sostiene Vargas.
Además, acusa que ha existido una “violación flagrante” a la garantía de reserva que pesa sobre la investigación, acusando directamente de las publicaciones realizadas por Ciper Chile, “lo que precisamente da cuenta de la existencia de filtraciones de piezas de la investigación, entre las que se cuentan las comunicaciones”.
“Por su parte, el Ministerio Público, al extraer todas las conversaciones del teléfono incautado, sin límite temporal, distinción ni relación con la autorización otorgada por el 4º Juzgado de Garantía, ha creado una categoría sospechosa de ciudadanos, en el que me encuentro por el solo hecho de constar mi registro en el teléfono incautado, sin que tenga relación siquiera accidental con la investigación que dio origen a la orden de incautación, entrada y registro ni tampoco con aquella que determinó la formalización del ex director general de la PDI”, reza el escrito.
Vargas sostiene que las vulneraciones en su contra son las garantías constitucionales de “igualdad ante la ley”; “respeto y protección a la vida privada” y la “inviolabilidad del hogar y toda forma de comunicación privada”.
Por ello, solicita al tribunal de alzada que se solite al CDE que se “inhiba” de solicitar al Ministerio Público las conversaciones vía WhatsApp con Luis Hermosilla, al tiempo que a este último le solicita no hacer entrega a cualquier tercero de los respaldos de la comunicación sostenida entre ambos abogados.
La Corte de Apelaciones deberá determinar si acoge a trámite o no el recurso de protección, como también definir los ministros que estarían en condiciones de fallar en la tramitación del mismo.
