"La concesión de estos beneficios de jubilación por invalidez tienen una regulación legal que establece una serie de requisitos para el otorgamiento" de estas pensiones, aseguró el abogado de reos en Punta Peuco, Raúl Meza luego de que se diera a conocer la querella que interpuso el CDE en contra cuatro internos que cumplen condena por crímenes de derechos humanos, por el otorgamiento de pensiones de invalidez.

Los cuatro imputados beneficiados por estas pensiones no habrían manifestado a Gendarmería ningún tipo de enfermedad, por lo que la querella detalla que "estos pensionados no cumplían ni cumplen con los requisitos para haberse acogido a la pensión de inutilidad de segunda clase que les fue otorgada".

El abogado Raúl Meza respondió que con esta acusación "el CDE tendrá que acreditar durante la investigación penal si el funcionario de las FF.AA. actuó dolosamente al someterse a toda la normativa legal para el otorgamiento de un beneficio en su jubilación, en caso contrario tendrá que hacerse responsable por la grave imputación penal".

El abogado explica que el otorgamiento de estas pensiones está bajo una norma de la legislación que regula la materia y los requisitos que se deben cumplir para tener este beneficio, la cual debe pasar por el estudio de las Comisiones de Sanidad de la respectiva institución donde son evaluados clínicamente la afección que padece la persona que presenta alguna enfermedad susceptible de percibir algún grado de Inutilidad; la Institución respectiva (ejército, armada, fuerza aérea; la Subsecretaria de Guerra, hoy Subsecretaría de las Fuerzas armadas )y la Contraloría General de la República.

Por lo anterior, "me parece extraordinariamente grave que el CDE cuestione la probidad y las competencias profesionales de los organismos públicos que participaron en este proceso de concesión de este beneficio de jubilación de segunda clase a funcionarios de las FFAA", dice el abogado.

Y que por lo tanto, "si esta imputación penal no tiene sesgo político y responde a criterios estrictamente jurídicos" la querella del CDE no debiera ser en contra de los cuatro reos, sino que en contra de "todos los funcionarios públicos que participan de la concesión de este beneficio de jubilación de segunda clase y pertenecen a las instituciones armadas" por una eventual asociación ilícita, asegura el abogado.

"También, esperamos, en virtud del principio de igualdad ante la ley que el CDE se querelle contra todos los pensionados falsos exonerados políticos que gozan dolosamente de pensiones del Estado", concluyó.

Los cuatro reos por los que se querellará el CDE son Enrique Neira (pensión por $ 2.605.979), Patricio Ferrer (jubilación por $ 2.161.406), Jaime Torres (retiro por $ 1.647.687) y Rubén Fiedler (pensión por $ 1.340.000).