Abogado Zapata plantea que el Congreso autorizó comprar la casa de Allende y llama a no sancionar a Maya Fernández en AC

La comisión de la Cámara de Diputados que revisa la acusación constitucional contra la exministra de Defensa Maya Fernández sesionó la mañana de este miércoles para conocer la opinión de abogados expertos respecto al libelo contra la exautoridad.

El primero en exponer fue el profesor de Derecho Constitucional de la Universidad Católica, magíster en Ciencia Política de esa casa de estudios y máster en Derecho de la Universidad de Harvard, Estados Unidos, Patricio Zapata, abogado de las filas de la Democracia Cristiana.

El 10 de marzo, Fernández presentó su renuncia a la cartera de Defensa, a minutos de que la oposición concretara la presentación de la acusación constitucional en su contra.

La exautoridad viene siendo cuestionada por la fallida venta a Bienes Nacionales de la casa en que vivió su abuelo, el expresidente Salvador Allende, en la calle Guardia Vieja de Providencia. Como propietarias del inmueble, Fernández y su tía, la senadora e hija del expresidente, Isabel Allende, ambas del Partido Socialista, firmaron el contrato de compraventa, pese a la legislación que les prohíbe hacer negocios con el Estado.

A juicio de los impulsores del libelo, la actuación de Fernández infringiría el artículo 37 bis de la Constitución que, a su vez, establece que a los ministros de Estado les serán aplicables los preceptos del artículo 58 de la Carta Fundamental.

Esta norma señala que “los cargos de diputados y senadores son incompatibles entre sí y con todo empleo o comisión retribuidos con fondos del fisco, de las municipalidades, de las entidades fiscales autónomas, semifiscales o de las empresas del Estado o en las que el fisco tenga intervención por aportes de capital, y con toda otra función o comisión de la misma naturaleza”.

El constitucionalista Patricio Zapata señaló a los legisladores que “no puede ser indiferente al análisis de esta situación, el hecho de que haya sido el propio Congreso, a propósito de la discusión de la Ley de Presupuesto, el que haya autorizado la adquisición de esta vivienda y haya destinado un fondo ad hoc”.

“Es decir, esto fue discutido en el espacio más público, más republicano que existe, el Congreso Nacional. Nada de esto fue entregado allí a medianoche. Es una ley de la República que fue votada y se autorizó un ítem, va a haber tanta plata para este propósito. Participaron en este proceso varios ministerios, participó la Contraloría General de la República y participó una notaría”, planteó.

Zapata también apuntó a la sanción asociada a una eventual aprobación del libelo

“Lo que hace la acusación constitucional, a partir de hechos graves, es sacar de la vida política a una persona por cinco años”, recordó, señalando que no hay proporcionalidad ni atenuante.

“¿Y por qué son cinco años? Porque yo pienso que esta persona es peligrosa para la república. Pienso que no debe ocupar espacios de poder público. Puede ser rectora de una universidad privada. Puede ser dueña de un holding empresarial, pero no puede ser rectora de la Universidad de Chile. No puede participar en el parlamento, aunque la elijan conciudadanos. Porque es peligrosa para la República. Lo que más se parece a la acusación es al ostracismo de los atenienses. Te saco de circulación de la vida política porque eres un peligro”, comentó, explicando que se debe aplicar ese planteamiento como estándar.

El experto sostuvo que ese punto de vista se habría perdido como país hace 15 años cuando se acusó a Yasna Provoste cuando era ministra de Educación y fue finalmente destituida y sancionada.

“Entramos en una espiral de acusaciones recíprocas y de destituciones recíprocas que no ha cesado. La tuya, la mía, la tuya, la mía. Así que en abono espero que se entienda. No ha sido tan descriptiva mi intervención, pero repito, es la misma más o menos que me han escuchado respecto de otras acusaciones anteriores donde amigos con los cuales tengo simpatía política han sido acusadores. Y yo les he dicho, lo siento, te estimo mucho, pero no estoy de acuerdo. Y voy a defender los derechos de otra persona con la que tampoco estoy de acuerdo. Pero porque creo que hay un principio en juego. Los errores, incluso los errores graves, no son causales suficientes para destituir en juicio político, en mi opinión. El solo hecho de celebrar un contrato ha sido entendido a esta altura de manera muy transversal como no suficiente. Tiene que haber algo más. Tiene que haber un beneficio distinto al que habría obtenido un particular. Tiene que haber habido una negociación directa”, argumentó el letrado.

La exministra Fernández y la senadora Allende figuran como imputadas en la indagatoria del fiscal regional de Coquimbo, Patricio Cooper, que fue designado para encabezar la causa penal que surgió tras una querella presentada por el abogado del Partido Republicano Raimundo Palamara.