"Nos parece grave que la fiscalia se niegue a recibir la información y paralelamente solicite al OS9 diligencias en esta misma línea de investigación". Así contestaron la tarde de este lunes Antonio Garafulic y Carlos Fierro, los abogados de Sebastián Dávalos y Natalia Compagnon, a las acusaciones hechas por la Fiscalía de O'Higgins en torno a que habrían solicitado garantías para entregar un disco duro perteneciente a Mauricio Valero, el otro socio de la empresa Caval.
De acuerdo a un comunicado que entregó la Fiscalía, el jueves pasado ambos abogados se habrían reunido con el fiscal jefe de Rancagua, Sergio Moya, para ofrecer la información de Valero. Sin embargo, y siempre según la versión del Ministerio Público, se rechazó en esa instancia la entrega porque habrían condicionado "la entrega de dicho soporte informático a que la Fiscalía de O'Higgins cesara y pusiera término a las investigaciones y causas pendientes de los imputados Natalia Compagnon y Sebastián Dávalos (Caval principal y estafa Gonzalo Vial)".
Además, la fiscalía sostuvo que la defensa pidió que se les asegurara que Dávalos y Compagnon "no serían perseguidos penalmente por la información que pudiere contenerse en el citado soporte informático, y que eventualmente pudiera afectarles".
Sin embargo, Garafulic y Fierro tienen otra versión. "Es absolutamente falso, toda vez que lo que se discutió fue la forma en que se entregarían dichos antecedentes", señalan en su comunicado, al que accedió La Tercera, agregando que Moya le dijo que tenía que consultar los pasos con su jefe, el fiscal Emiliano Arias, y que habrían tenido la respuesta recién ayer domingo, "señalándose que no les interesaba contar con dicha información".
Ambos abogados afirman también que "nunca hubo un condicionante a la entrega de esto, tanto es así que hoy (lunes) se ofreció de manera pública y voluntaria en la audiencia llevada a efecto en el tribunal".
"Nos parece grave que la fiscalia se niegue a recibir la información y paralelamente solicite al OS9 diligencias en esta misma línea de investigación. Los fiscales parecen olvidar una vez mas que tiene la obligación por ley de investigar con igual celo aquello que culpa, como lo que exculpa a los imputados, quedando de manifiesto la falta de objetividad del ente persecutor, atentando contra las garantías y derechos de los imputados y permitiendo dudar de esta manera sobre la existencia real de un debido proceso", dicen Garafulic y Fierro.
Acusaciones a la Fiscalía
Pero más allá de ese punto, ambos lanzan un duro cuestionamiento al actuar de la fiscalía regional. "No es la primera ni la única actuación en este tenor. Anteriormente, sumado a las innumerables filtraciones que ha tenido esta investigación (incluyendo las boletas de honorarios de nuestros defendidos cuya privacidad esta protegida por el codigo tributario), a nuestros defendidos se les ha sugerido "no molestar a la fiscalia", ni pedir sobreseimiento pues sería muy grave que se hiciese pública información privada que se encontraba en cadena de custodia", señalan.
"La fiscalia parece olvidar su anterior propuesta de mediados del 2017, en la cual se solicitaba información que pudiese constituir actos ilícitos de personeros de gobierno a cambio de una suspensión condicional para la señora Compagnon. Mas grave que la misma denuncia de extorsión, es el que la fiscalia intente ignorar cuál ha sido su actuar y atribuya a otros conductas que rozan en ilícitos", afirma uno de los pasajes más duro del comunicado.
"Dados los últimos antecedentes no nos queda mas que interponer las acciones legales correspondientes para que sea el fiscal nacional, o en su defecto a quien él asigne, quien deba llevar a cabo una investigación acuciosa respecto del actuar de la fiscalia regional de O´Higgins", cierra el documento, que anticipa los siguientes pasos que tomará la defensa de Dávalos y Compagnon respecto del Caso Caval.
