Abogados debaten si el anuncio de Cariola sobre recurrir a la CIDH tiene futuro... o no

La parlamentaria anunció que recurrirían al tribunal internacional tras considerar que se violaron los derechos fundamentales de ella y de su hijo en el operativo dirigido por el fiscal Cooper. Profesionales del derecho analizan el escenario legal de la diputada del PC y sus opciones de ganar al Estado de Chile.
A más de una semana del polémico allanamiento ordenado por el fiscal regional de Coquimbo, Patricio Cooper, al domicilio de la diputada Karol Cariola (PC) las repercusiones parecen no ceder.
El fin de semana se conoció que la parlamentaria fichó al abogado Juan Carlos Manríquez para trabajar en su defensa, en una investigación que se desprende como una arista del caso Sierra Bella. El profesional, en sus primeras gestiones, inició una ofensiva tanto contra el trabajo del persecutor, como contra los detectives de la Policía de Investigaciones que efectuaron el allanamiento.
En esta parte, el trabajo de Manríquez busca anular las acciones que se llevaron a cabo por los detectives el mismo día en que Cariola tuvo a su primer hijo. Es justamente esa la crítica que ha surgido desde el mundo político: la falta de criterio de los investigadores para concretar una acción que, dicen, debió haber sido en otro momento.
A ello se sumó que la diputada comunista anunció también el fin de semana que acudiría a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por lo que considera “una gran violación de derechos”. “Hemos acudido a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Con la fuerza que no dejaré que se me acabe por mi hijo Borja y por todos los niños y niñas de nuestro país, para que nunca más se vulnere su interés superior, vamos a seguir adelante”, dijo en una publicación de redes sociales.
Por su lado, el fiscal Cooper se ha defendido señalando que la premura se debió a que ese día la exalcaldesa de Santiago Irací Hassler había accedido a un informe de la PDI en que se detallaban conversaciones con Cariola que podrían ser constitutiva de delito. Por su nexo de amistad, se ponía en riesgo el éxito de la investigación, dijo el persecutor.

Abogados evalúan escenario
La Tercera consultó con abogados expertos en derecho constitucional y con experiencia en litigios internacionales para conocer cuáles son los escenarios que podría atravesar la parlamentaria en este caso. Sobre todo, considerando que el caso recién en etapa de investigación. Una de las dudas es si puede o no hacerlo antes de que se agoten las instancias en los tribunales chilenos.
La abogada defensora de Derechos Humanos Karinna Fernández afirma que no es necesario agotar las instancias nacionales para acudir a la Comisión Interamericana de DDHH.
“Para las peticiones el agotamiento de recursos internos es un elemento importante, pero también es un elemento que se puede agotar durante el sistema de admisibilidad antes de llegar a fondo, entonces no necesariamente en este momento es necesario que vea agotado los recursos internos para presentar una petición. Aunque efectivamente en un momento final antes de que se vea al fondo del asunto, sí deberían estar agotados esos recursos”, dice Fernández, quien tiene más de dieciocho años de experiencia en litigio nacional e internacional en derechos humanos.
La abogada pone como ejemplo un caso que ella conoció de cerca. “Pero como a veces el sistema interamericano toma tanto tiempo uno o otro también puede hacerlos en paralelo y hay en particular un caso que yo represento de Martina Vega y otros vs. Chile que tiene sentencia contra la Corte Interamericana. Nosotros hicimos los recursos antes precisamente que estuvieran agotados los recursos internos, y el sistema interamericano dio por aceptado esa situación en momentos iniciales de la presentación”.
Por otro lado, Jesica Torres, profesora del curso de Justicia Constitucional de la Clínica Jurídica de la Universidad de Chile, explica que “cuando se quieren llevar los asuntos al Sistema Interamericano de Derechos Humanos, se debe partir mediante una denuncia a la CIDH”. Torres precisa que lo que Cariola puede presentar en este estadio es la solicitud de medidas cautelares, “que impliquen urgencia en el resguardo de los derechos humanos vulnerados”. Sobre estas medidas cautelares, explica Torres, dicen relación con que los organismos del Estado se abstengan de cualquier actividad que implique afectación de los derechos de la madre y del hijo, que otorgue el resguardo de esos derechos por parte de los organismos policiales e investigativos, pero para ello debería demostrar el peligro inminente, que no procedería en este caso”.
Un escenario distinto es el que ve el abogado de la Universidad Católica Javier Couso, quien afirma que Cariola no puede recurrir a tribunales extranjeros antes de agotar las acciones en nuestro país. “El artículo 46 de la Convención Americana de los DD. HH. es bastante claro en que la solicitud que permite el artículo 44 de la misma convención para que cualquier persona pueda presentar a la Comisión Interamericana las peticiones que contengan denuncian o quejas tienen como requisito previo el que se haya interpuesto y agotado los recursos de jurisdicción interna”.
“Me parece que tenemos una situación desafortunada, pero no está claro que se haya violado los derechos fundamentales de la diputada Cariola ni tampoco que se haya agotado ningún recurso interno”, argumenta Couso, quien es máster en Jurisprudencia y Políticas Sociales por la Universidad de California-Berkeley, Estados Unidos.
Además, el abogado de la UC afirma que la Comisión Interamericana ha establecido un sistema de “priorización” ante el incremento de denuncias relacionadas a derechos humanos que sí cumplen con los requisitos del artículo 46. Couso, eso sí, afirma que el allanamiento de Cooper se realizó con una “falta de criterio grave”.
Otros abogados con amplia trayectoria en derecho constitucional concuerdan en que el allanamiento fue un “descriterio” y que la diputada puede hacer las acciones en paralelo considerando lo extenso de las revisiones de la CIDH. En este caso, dicen, “tiene todo para ganar” porque se habrían vulnerado los derechos tanto de ella como de su hijo recién nacido. También influiría que Cariola es una parlamentaria democráticamente electa. De ganar un caso así, Cariola podría ser retribuida con una indemnización.
Respecto a qué acción sería la que presentarán en la CIDH, el abogado Juan Carlos Manríquez señaló a La Tercera: “Estamos en eso”.
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