La dirección del Hospital de Quilpué realizará una auditoría clínica para revisar el actuar del equipo médico que atendió a Fernanda Sandoval (25), paciente que denunció un incumplimiento de la ley que despenaliza la interrupción voluntaria del embarazo en tres casuales.
La joven, que hizo público su caso a través de un video que se divulgó en redes sociales, ingresó el 6 de abril al recinto con complicaciones en su embarazo, asociadas a un dispositivo intrauterino, por lo que quedó hospitalizada. Allí, según su versión, solicitó la aplicación de la ley de aborto por la segunda causal, inviabilidad fetal, lo que habría sido negado por el médico tratante, luego que este se identificara como objetor de conciencia. Al día siguiente, sostiene la paciente, otra profesional revisó su caso e instruyó el inicio de un tratamiento farmacológico, el que habría sido suspendido por un tercer médico, argumentando también la objeción.
Fernanda relata en el video que la tercera doctora, quien debía continuar con el procedimiento farmacológico, le dice que "no me va administrar la pastilla ya que ella era objetora de conciencia". Sin embargo, ese mismo día comenzó con contracciones, las que finalizaron con la expulsión del feto. "Estando en la sala con más pacientes, comenzaron cada vez más fuertes las contracciones. Pedí ayuda, calmantes y no llegó nadie y tuve a mi guagüita de 15 semanas, que quedó entre mi ropa interior en la cama de la pieza del hospital. Empezamos a pedir ayuda con mi pareja y apareció mágicamente una matrona, enfermeras y el equipo", dice en el video.
Luego del retiro del feto de su ropa interior, la llevaron a pabellón donde según agregó "los médicos se empezaron a cuestionar si me atendían o no ya que no estaban de acuerdo con hacerme un legrado porque yo había solicitado la aplicación de la ley por la segunda causal. Finalmente me atendieron igual".
La abogada de la Corporación Humanas, Camila Maturana, explicó que la joven "sufrió por parte de los profesionales objetores una dilación de la atención médica y ante eso es necesario que se realice un sumario para establecer las responsabilidades personales e institucionales".
Desde el hospital, plantearon que se siguieron los protocolos establecidos para el procedimiento. Sin embargo, reconocen "problemas de comunicación", lo que deberá establecerse en una auditoría clínica. "Como establecimiento estamos haciendo el análisis correspondiente. Hemos visto que se generaron principalmente problemas de comunicación en torno a la paciente", dijo Javier Pérez, director del recinto, quien agregó que "no fue un problema en que no se haya aplicado protocolo o que haya quedado alguna acción clínica sin efectuar".
Maturana indicó que están a la espera del resultado de las denuncias que Sandoval presentó tanto en el hospital como en el Servicio de Salud Viña del Mar-Quillota y en la Superintendencia de Salud, el 25 de abril, para evaluar futuras acciones.
Esta situación se suma a la ocurrida en el Hospital de Curicó, donde una mujer de 22 años, que ingresó con un embarazo con riesgo obstétrico, falleció 10 días después, producto de un aborto séptico, lo que provocó que su familia denunciara un retardo en la atención y un incumplimiento de la ley.
Al respecto, Maturana planteó preocupación respecto de eventuales barreras que se estarían poniendo a la ley. "En la actualidad se presentan barreras u obstáculos importantes para el cumplimiento de la ley de aborto en tres causales, barreras que deben ser identificadas prontamente y abordadas con firmeza, de modo de garantizar que todas las mujeres y las niñas que requieran de la aplicación de alguna de las tres causales reciban la atención digna y de calidad que corresponde. Eso hoy no está garantizado ", enfatizó.
