A través de Twitter, el exministro de Salud del gobierno de Ricardo Lagos, Osvaldo Artaza, abrió un debate respecto a la objeción de conciencia y el cumplimiento de la ley que despenaliza la interrupción del embarazo en tres causales. Eso, luego que se conocieran los casos de hospitales, donde todos o grandes grupos de ginecobstetras formalizaron su negativa a practicar abortos.
Así, en el contexto de dar cumplimiento a la norma, Artaza propuso que la red pública, al contratar profesionales, verifique su respaldo a estos procedimientos: "Como es obligación de gestores asegurar continuidad del servicio Contraloría, Minsal, Colegio Médico apoyarían fuera requisito próximas contrataciones la no objeción de conciencia??", sostiene.
El exministro se desempeña actualmente como gestor asistencial en el Hospital de Valdivia, recinto que, según publicó La Tercera, tiene una objeción de conciencia del 89%, pues de 18 ginecoobstetras que laboran el establecimiento, 16 han manifestado su rechazo a interrumpir el embarazo en el marco de las tres casuales.
Con todo, no es el caso más complejo, pues hay hospitales como los de San Fernando y Puerto Natales, donde todos los médicos ginecobstetras se han declarado objetores de conciencia frente al aborto -principalmente en casos donde el embarazo es producto de una violación- y se suman al servicio de salud de Osorno, donde los 16 médicos rechazan realizar la intervención.
La propuesta de Artaza tuvo eco. Débora Solís, directora ejecutiva de la Asociación Chilena de Protección de la Familia (Aprofa), respaldó la idea: "es una buena medida, porque antepone la ley y los derechos de las mujeres a opiniones personales de los médicos. En la salud pública hay que cumplir con la ley, sin objeciones". Agregó que "ningún profesional que se sume a trabajar en los hospitales públicos debería poder objetar el cumplimiento de una ley de la república".
Para Claudia Dides, directora Ejecutiva de Miles, más allá de que hayan o no médicos objetores en los hospitales, lo relevante es que existan profesionales disponibles para atender a las mujeres que lo requieran. "El ministerio tiene que garantizar que los 69 Centros de Alto Riesgo Obstétrico (recintos habilitados en el país para hacer abortos) tengan personas que no sean objetores, porque el traslado de las mujeres a otros centros, dejando sus familias y trabajos, no es digno para ellas. Ese eventual traslado y la espera por atención nos parece gravísimo si se da en el caso de violación, porque una niña o mujer, después de la violencia que vivió, no puede ser trasladada y que la hagan esperar, eso consideramos que es ir contra sus derechos humanos".
Dides enfatizó que "no estoy diciendo que no pueda haber objetores de conciencia, la objeción personal existe, pero creemos que tiene un límite en la medida que vulnera los derechos de un tercero, que es el derecho de las mujeres".
Por su parte, Natalia Henríquez, presidenta del Consejo Regional Santiago del Colegio Médico, rechazó la propuesta del exministro. "Creo que lo que plantea Artaza no es pertinente, porque es hacer una discusión en torno a si está bien o mal ser objetor, y como colegio regional no haríamos un llamado semejante, ya que las prestaciones que hacen los ginecólogos no sólo se remiten a la interrupción voluntaria del embarazo, son también muchas otras, y en este momento en que hay déficit de médicos y especialistas, no se puede hacer un llamado de ese tipo".
En la misma línea, desde el Colegio de Matronas, Anita Román planteó que supeditar la objeción de conciencia a una contratación vulneraría derechos constitucionales. "No pueden poner ese tipo de requisitos en el servicio público, porque se estaría pasando a llevar la libertad del operador". No obstante, manifestó que una solución podría ser que el Estado, como garante de la prestación, instalara en los 29 servicios de salud centros de resolución de la ley con equipos no objetores "y ahí sí que puede poner condiciones de contratación a los médicos, como centro especializado".
La exministra de Salud, Helia Molina, sostuvo que si dos personas tuviesen igual curriculum o trayectoria, y un servicio tuviese que escoger entre quien presenta o no objeción de conciencia, "estoy de acuerdo que se elija según el criterio que tenga mayor relación para dar una mejor prestación. Pero que se discrimine a un profesional sólo por si este tiene o no objeción, no me parece que sea correcto para ninguno de los dos lados".
