El caso de una joven de 22 años que ingresó el 1 de abril al Hospital de Curicó, con un embarazo de 18 semanas con riesgo obstétrico y falleció 10 días después producto de un aborto séptico, abrió el debate de la correcta aplicación de la ley que despenaliza la interrupción voluntaria del embarazo en tres causales y sus protocolos.
La joven estaba en control por una condición de desnutrición calórico-proteica e ingresó al recinto con un sangrado, producto de una pérdida prematura de membrana, "lo que hace absolutamente inviable el parto en este caso", según explicó el director del recinto, Jorge Canteros. Sin embargo, el equipo médico decidió hospitalizarla, para prevenir una infección ovular.
Lo que se esperaba, según el director, era "llegar a un período de viabilidad (del embarazo) que nosotros estimamos al menos hasta 24 semanas". Canteros informó, además, que durante los 10 días de la hospitalización se informó a la mujer y a su pareja sobre los riesgos de esa decisión.
Sin embargo, el 10 de abril la joven presentó fiebre muy alta, lo que habría configurado el riesgo de vida para la madre, primera causal de la ley, ante lo cual el equipo médico decidió interrumpir el embarazo. No obstante, y tras la posterior extracción de su útero, la joven falleció por un aborto séptico.
El director del recinto defiende el proceder del equipo, indicando que se siguieron los protocolos de la normativa, que dicen que "cuando hay una paciente con rotura prematura de membrana, con menos de 24 semanas, se puede manejar incluso en domicilio, pero nosotros optamos por hospitalizarla, controlar signos vitales, hacerle los exámenes preestablecidos, darle antibióticos por siete días y mantener una conducta expectante, tratando de avanzar". Canteros agregó que "cuando se produce un cuadro febril, como el que ella presentó, el protocolo señala que se debe proceder a interrumpir el embarazo, aun cuando el feto esté vivo. Así se hizo", dijo.
Sin embargo, la familia considera que se actuó de forma tardía, por lo cual interpuso una denuncia en la Fiscalía Local de Curicó. El jefe de la Unidad de Víctimas de la fiscalía local, Pablo Durán, explicó que, tras la denuncia, ya se han tomado declaraciones a parte del equipo médico y a la familia, además de la autopsia de la víctima y la incautación de la ficha médica.
La situación encendió las alarmas en torno a si se están aplicando correctamente las normas y plazos para la primera causal de la ley de aborto, que otorga a la madre la decisión de continuar o detener un embarazo.
Desde la Corporación de Derechos Humanos y Justicia de Género (Humanas), que asesora jurídicamente a la familia de la fallecida madre, la abogada Camila Maturana mostró su preocupación por lo ocurrido. "Una muerte materna ocurrida en el país después de la vigencia de la ley nos alerta muchísimo. Es necesario que las autoridades den garantías plenas a las mujeres de que en todos los establecimientos de salud se está cumpliendo la ley y se están aplicando rigurosamente los protocolos dictados por el Ministerio de Salud", dijo.
Maturana agregó que "estamos asesorando jurídicamente a la familia para que tengan todas las garantías de que la investigación va a determinar exactamente lo que ocurrió, si hubo o no una infracción a la lex artis y si hay responsabilidades penales comprometidas".
La lex artis médica indica que se debe propender el ejercicio de la profesión buscando el bien del paciente, usando las destrezas y conocimientos disponibles. El no actuar de ese modo puede llevar a cometer una negligencia médica. Y si bien la nueva ley deja la facultad de mediar la interrupción del embarazo en la mujer, ante un riesgo inminente de su vida los médicos deben actuar para salvarla.
Para la presidenta del Colectivo de Mujeres de Curicó, Elsa Labraña, existió una negligencia médica en el actuar de los médicos y, por lo mismo, anunció que presentará una querella. "Los médicos sabían que ella estaba muy complicada, pero no actuaron. El aborto debió ser realizado en el momento en que el tratamiento para terminar con la infección no resultó, es decir, tres días antes de que ella muriera. Creemos que si se hubiera hecho el aborto a tiempo, la madre estaría viva", indicó.
El médico y presidente de la Comisión de Salud de la Cámara, Juan Luis Castro (PS), sostuvo que "en la primera causal puede haber un dilema si la mujer no quiere interrumpir su embarazo y está en riesgo su vida, pero ante ese dilema, salvar a la madre constituye la prioridad. Me llama la atención que estando hospitalizada y monitoreada no se haya podido salvar su vida. Eso amerita una investigación".
Añadió que "no me extrañaría que médicos invoquen objeción a la primera causal como un principio de defensa, simplemente, para no verse involucrados en acciones judiciales. Podría ser perfectamente, porque los médicos están muy a la defensiva, previendo y anticipándose a todo lo que cuestione la práctica medica".
En tanto, el diputado Javier Macaya (UDI) sostuvo que "con o sin ley de aborto, la primera causal, ante el peligro de vida de la madre, el médico actúa. Con ley o sin ley, no hay diferencia. Jurídicamente, el médico siempre salva su responsabilidad, aun cuando interrumpa embarazo, de salvar la vida de la madre".
Consultados al respecto, desde el Colegio Médico su presidenta, Izkia Siches, indicó que "se ha tomado conocimiento del caso, pero es una investigación en curso y hay que ser responsables en emitir un juicio".
