Un tercer año de vigencia acaba de cumplir la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE), que considera tres causales para la práctica de abortos en el país: riesgo de vida de la madre, inviabilidad fetal y violación.
Y según las cifras del Ministerio de Salud -entregadas a La Tercera a través de Transparencia-, el balance del primer semestre revela que 228 mujeres optaron por interrumpir sus embarazos, de un total de 273 gestaciones enmarcadas en alguna de las categorías.
El registro del Minsal revela una fuerte caída respecto de los procedimientos realizados entre enero y junio del año pasado, cuando se practicaron 350 abortos. Y a juicio de académicos y expertos, la baja sería atribuible a una serie de problemas sociales y de acceso asociados a la pandemia de coronavirus.
Perfil de las pacientes
De los 228 abortos practicados -189 a chilenas, 37 a extranjeras y dos a mujeres de nacionalidad desconocida- un total de 209 corresponden a mujeres adultas, mayoritariamente por inviabilidad fetal (112), seguido por riesgo de vida de la madre (57) y finalmente casos de violación (40).
También se informaron 19 interrupciones de embarazos en menores de edad. Y de este grupo, 10 gestantes tenían menos de 14 años.
De acuerdo al reporte, se practicaron 55 abortos por la causal de violación, cinco más que en igual período del año pasado, pese a la baja general de los procedimientos. Esto ha causado preocupación entre los especialistas que trabajan de cerca en el tema.
Para la ginecóloga infanto-juvenil de la Clínica Alemana, Andrea Huneeus, “el aumento de la interrupción voluntaria del embarazo en la causal violación durante la pandemia refleja el aumento de los delitos sexuales que ocurren a puertas cerradas. El 90% de los embarazos por violación son intrafamiliares”, detalla.
Acceso al diagnóstico
En ese sentido, Huneeus cree que el confinamiento ha acrecentado la brecha de acceso a la ley, sobre todo en la última causal, que dispone una restricción: que la gestación sea inferior a 14 semanas en las menores de 14 años y no más de 12 semanas en las mayores de esa edad.
La pandemia, con su encierro mandatorio, sólo acrecienta el riesgo de estos delitos. La evidencia científica internacional demuestra que sólo un 50% de las sobrevivientes de violación que se embaraza se da cuenta de esto antes del plazo que estipula la ley chilena para la interrupción del embarazo.
Andres Huneeus, ginecóloga infanto-juvenil de la Clínica Alemana
La subsecretaria de la Niñez, Carol Bown, sostuvo que las cifras de abuso sexual infantil son muy preocupantes y que “entendemos cuando los expertos dicen que las cifras podrían estar subrepresentadas, en términos de la cantidad de niñas y adolescentes que son víctimas de este tipo de delitos, ya que la mayoría no denuncia”.
Sobre esto, explicó que “el abusador sexual manipula la conciencia de las víctimas, haciéndolas sentir cómplices y culpables, y sumado a que en la mayoría de los casos es una persona de su entorno cercano, es tremendamente complejo, sobre todo para un niño o niña, develar un abuso. El contexto de pandemia podría agravar esta situación, si es que en razón de las cuarentenas la víctima no sale de su casa y no tiene cómo develar el abuso, ni es posible que un externo detecte que el niño o niña pasa por esta situación”.
Por otro lado, el ginecoobstetra de la Universidad de Chile Ramiro Molina cree que existe, en general, una baja de los embarazos, asociada al confinamiento, ya sea por parejas que quedaron separadas debido a las cuarentenas o porque dilataron la decisión de tener hijos debido a la emergencia.
Pero el experto también dice que la pandemia puede haber levantado una barrera para las mujeres que podrían haber optado a un aborto: “Creo que hay más ocurrencia de delitos sexuales y todo lo que tiene que ver con servicios de salud ha estado alterado”.
En esa línea, el académico de Salud Pública de la Usach, Claudio Castillo, asevera que se trata de un problema del que ya hay reportes globales. “La situación muestra un panorama complejo y preocupante. La interrupción de servicios de salud sexual y reproductiva ha sido reportado en todos los países, incluyendo nuevas barreras de acceso, porque los centros han estado cerrados o porque se han suspendido atenciones, considerándolas no urgentes”, explica.
Y a propósito de esa oportunidad de consulta en un sistema de salud abocado al tratamiento del Covid-19, y con las restricciones propias de las cuarentenas que dificultan el diagnóstico de embarazo, es que la doctora Huneeus aborda que “fue un error legislar sobre la tercera causal (violación) con plazos. Lo que vemos es que estamos diagnosticando embarazos en estas víctimas a las 13 semanas, en el caso de las mayores de 14, y a las 15 semanas en las menores de 14, y lamentablemente no podemos ofrecerles la interrupción del embarazo en con esos plazos”.
Brechas de atención
Desde el Colegio de Matronas, su presidenta, Anita Román, cree que la brecha es “difícil de medir, porque no tenemos el dato de quiénes dejaron de consultar. Desde el día uno debimos haber previsto que la salud sexual y reproductiva no se pueden descontinuar en una pandemia”.
Lo mismo apunta Castillo, quien cree que en los próximos meses se debe hacer un análisis en profundidad. “Tenemos que analizar si existe un aumento en el mismo periodo de la mortalidad materna o si la suspensión de consultas de especialistas materno-fetales pudo impactar en la falta de un diagnóstico que exige la causal 2 (inviabilidad fetal)”, afirma.
A su vez, la exministra de Salud Carmen Castillo apunta que debe haber mayor fiscalización al acceso que están teniendo las mujeres a esta ley.
La garantía de oportunidad es fundamental para cumplir con la normativa, sobre todo en los plazos, y ahí es importante la fiscalización permanente de las distintas autoridades para facilitar al máximo la decisión a la mujer, sea por sí o por no.
Carmen Castillo, exministra de Salud
Sobre el efecto de la pandemia en mujeres vulneradas, la exministra planta que es complejo, pues facilita la “violencia intrafamiliar, abuso sexual y embarazos no deseados por situaciones de violación. Por eso es relevante estar atentos a la consecuencia de este encierro no voluntario de muchas mujeres con un agresor, y que les ha impedido acceder por desconocimiento o por no tener claridad de a quién consultar”.
