“Acceso denegado”: en 2023 se registraron 591 denuncias formales por bloqueos a playas, lagos y ríos

Basta con escribir en Google “cierre de acceso a playa” para que el buscador arroje más de dos mil resultados relacionados con el bloqueo o cobro a este tipo de zonas de uso público en Chile. El más bullado y reciente tuvo lugar el pasado 29 de diciembre cuando a través de redes sociales se viralizó un video que mostraba a la propietaria del camping Rayen Lafken, en la comuna de Saavedra, Región de La Araucanía, insultando y privando el acceso al lago Budi a dos visitantes. El episodio hizo recordar lo acaecido hace cinco años en el lago Ranco, cuando el empresario Matías Pérez Cruz -presidente de Empresas Gasco- les pidió a tres mujeres que se fueran de lo que llamó su “jardín”.

Lo ocurrido en 2019 marcó un antes y un después y disparó las denuncias por accesos a playas y lagos, además de activar una masiva fiscalización del Ministerio de Bienes Nacionales (MBN), entidad encargada de garantizar el libre acceso de bienes de uso público.

De hecho, según reseña la cartera a La Tercera, sólo en 2023 se recibieron 591 denuncias, es decir, casi 50 en promedio al mes, las que apuntaron principalmente a accesos cerrados, control de acceso, playas sin acceso o que un tercero impedía el acceso a playas públicas.

Y ya en el comienzo de la época estival 2023-2024 (diciembre a febrero) las denuncias aumentaron en paralelo al incremento de turistas intentando acceder a estos sitios, llegando a 65, aunque desde el ministerio explican que el número podría ser mayor, puesto que gran parte de las denuncias son a través de canales informales, como redes sociales, que no cumplen con los requisitos para que el ministerio intervenga de manera directa.

Al desagregar las cifras, la playa más denunciada durante 2023 resultó ser Playa Blanca, ubicada entre Tongoy y Guanaqueros (Coquimbo), la que al mes contaba con 36 denuncias formales. En tanto, las regiones con mayor cantidad de denuncias registradas fueron el Maule (69), Biobío (67), Coquimbo (66) y Aysén (66).

En Bienes Nacionales atribuyen el aumento de denuncias en el Maule por un factor en particular: cambio en la morfología de sus caminos debido a incendios forestales o lluvias del último tiempo, lo que ha incidido en las rutas o vías públicas delimitadas.

“También denuncian por cobro de estacionamiento, construcción en la playa, ingresos de automóviles o ruidos molestos o basura, que no son materias donde tengamos competencia, no obstante, siempre podemos oficiar a otros organismos para que puedan tomar acciones”, detalla la ministra de BN, Marcela Sandoval.

Según explican desde el ministerio, las denuncias comenzaron a incrementarse principalmente desde el comienzo de la pandemia por Covid-19, donde se registró una importante migración de personas a zonas cercanas a playas de mar, lagos y ríos. “Este proceso ha provocado que en muchas áreas se construyan viviendas y se obstaculice un acceso que era habitual para vecinos y visitantes. En esos casos se hace necesario fiscalizar si el terreno ocupado cumple con la normativa, de ser así, es necesario buscar y fijar un ingreso”, agrega la subsecretaria de Turismo, Verónica Pardo.

Hoy la normativa es clara: los terrenos que van entre la línea de baja y alta marea (en el caso del mar) y de aguas mínimas y máximas (en el de lagos y ríos) son bienes nacionales de uso público o playa, y no son objeto de apropiación. Y entre la alta marea y 80 metros hacia la tierra es terreno fiscal. En los terrenos de lagos o ríos, el límite es las aguas máximas del cuerpo de agua, por lo que la orilla del lago no es “antejardín” de nadie.

El grueso de las denuncias -aseguran en la cartera- siempre se concentra en los primeros tres meses del año. Por lo mismo, en esta época estival se intensifican también las fiscalizaciones, además de hacer más simple el canal de denuncias con un banner directo en la página de la cartera titulado: “Las playas son tuyas todo el año”. La campaña dirigida por Bienes Nacionales, en conjunto con la Subsecretaría de Turismo, tiene por objeto garantizar que los bienes nacionales de uso público cuenten con ingresos para la ciudadanía como lo estipula la ley e invitar a las personas a informarse y a colaborar con la denuncia por los canales formales todo el año.

El número de fiscalizaciones, no obstante, tiende a ser menor que los reclamos, porque muchas veces existe más de una denuncia en un mismo lugar.

“BN invita a la ciudadanía a denunciar cuando no hay acceso, éste se encuentra cerrado, un tercero lo obstaculiza o cobra por él, o bien, cuando el camino está en malas condiciones producto de un frente de mal tiempo, por ejemplo (...) Chile es un país extenso, estas situaciones ocurren en propiedades privadas donde el dueño puede o no ser un empresario. Para generar una sana convivencia, lo que corresponde es crear un paso aledaño que le genere garantías al propietario del lugar como a quienes asisten a éste”, sostiene la ministra.

En Chile existen 954 playas catastradas de mar, lagos y ríos, aunque un número importante no tiene ingresos fijados y las únicas vías posibles son a través de terrenos privados. Aunque según reseñan desde Bienes Nacionales, gracias al trabajo intersectorial con delegaciones, gobernaciones, intendencias, autoridad marítima, Ministerio de Obras Públicas, municipios y privados -según sea el caso- han logrado fijar 61 accesos a estos lugares a través de decreto y con publicación en el Diario Oficial: 29 corresponden a lagos, 22 a mares y 10 a ríos a nivel nacional.

Además, otros 72 lugares se encuentran en trámite para fijar una vía de acceso y tres están a la espera de su próxima publicación en el Diario Oficial: Playa Isla Gabriela; Playa Mirador Rucatrehua y Playa Puñir, todas playas del lago Panguipulli, en la Región de Los Ríos. En el intertanto, el gobierno del Presidente Gabriel Boric tiene como meta fijar más de 30 nuevos accesos durante su periodo presidencial. Hasta la fecha llevan seis.

La subsecretaria Pardo recalca la importancia de la campaña no solo en el acceso libre a playas, sino también en su valor para la reactivación económica. “La llegada de turistas beneficia directamente a alojamientos, restaurantes, artesanía, atractivos y distintas experiencias. El turismo es una herramienta de desarrollo sostenible que entrega valor a los territorios y por eso promover el acceso a playas, su resguardo y cuidado está dentro de los ejes principales del trabajo de la Subsecretaría de Turismo”.