El lunes 5 de febrero se desarrolló la reunión del Consejo de Seguridad Nacional (Cosena) convocada por el Presidente Gabriel Boric para enfrentar la crisis de delincuencia que afecta al país.
En la cita, encabezada por el Presidente Gabriel Boric, y donde participaron integrantes de las diferentes ramas de las Fuerzas Armas, del gobierno, del Congreso, de las policías y del Poder Judicial, se plantearon inquietudes sobre cuál sería el trabajo que realizarían los militares en las calles para abordar la delincuencia.
Así se puede leer en el acta de la instancia publicada hoy. Por ejemplo, el comandante en Jefe del Ejército, General de Ejército Javier Iturriaga, señaló que su institución carece de “entrenamiento, educación o equipamiento adecuado” para resguardar el orden público.
Por su parte, el comandante en Jefe de la Fuerza Aérea de Chile, General del Aire Hugo Rodríguez, pidió que haya claridad en cuanto a al intervención de sus funcionarios. “En particular señala que le preocupa que se defina claramente el “objetivo de ingreso” y “efecto operacional” buscado con la intervención de las Fuerzas Armadas. Por otra parte, se refirió a la forma en que la Fuerza Aérea puede aportar en estos casos, citando como ejemplo la capacidad de visualización de los objetivos de protección dado que sus labores terrestres no son muy significativas”.
Por otro lado, el general director de Carabineros, Ricardo Yáñez, afirmó que era inconveniente “establecer estados de excepción constitucional en las en zonas urbanas”.
La colaboración de miembros de las Fuerzas Armadas con las policías fue planteada por el gobierno. El subsecretario de Defensa, Ricardo Montero, puso como ejemplos a EEUU, Ecuador, Brasil, Argentina, y Suecia. Agregó que esta colaboración en las infraestructura crítica ya existe desde hace más de una década en países como Italia, España, y Francia.
Por su parte, Tohá destacó que, durante el año 2023, “las estrategias territoriales desarrolladas junto a Carabineros tuvieron el efecto buscado de bajar la violencia y los ingresos irregulares”. Asimismo, pidió considerar “el aporte” que podrían realizar las Fuerzas Armadas en la lucha contra el crimen organizado, “considerando que este es un fenómeno complejo y más articulado que en el pasado”.
Además, Tohá, señaló que, dadas las dificultades de instalar estados de excepción en grandes ciudades, “deben explorarse nuevas formas de colaboración entre policías y militares y que se ha analizado la posibilidad de complementar la presencia policial con el resguardo de perímetros de la infraestructura crítica para que las Fuerzas Armadas tengan una protección disuasiva adicional. Ello permitirá concentrar la acción policial en aquellas tareas que son más complejas para las Fuerzas Armadas, especialmente en zonas urbanas de alta densidad”. Puso como ejemplos de perímetros de infraestructura crítica la Estación Intermodal de La Cisterna, la Estación Central y terminales de buses.
Agregó que el Ejecutivo concuerda en la necesidad de que este tipo de despliegue se haga “con una línea de mando bien establecida, con funciones claras y con reglas de uso de la fuerza que definan cuándo se puede hacer uso de ésta, de qué manera, y cuándo no”.
La definición de infraestructura crítica fue otro de los puntos abordados en la cita. Por ejemplo, el presidente del Senado, Juan Antonio Coloma, pidió reflexionar sobre si las cárceles deben ser consideradas infraestructura crítica “en los términos del proyecto de ley que está en discusión. Las experiencias comparadas de Ecuador y Brasil nos muestran la relevancia de considerar las cárceles como tal”.
La contralora General de la República (subrogante), Dorothy Pérez, dijo que el proyecto de ley para proteger la infraestructura crítica, aunque iba en el sentido correcto, “hay aspectos que pueden mejorar y que para ello han preparado sugerencias que le harán llegar al Ejecutivo a la brevedad”.
Finalmente, el Presidente Boric valoró los planteamientos entregados en la reunión y destacó lo planteado por el comandante en Jefe del Ejército: “Se ha mostrado que existen dudas sobre su utilidad (estado de excepción), coherencias con las funciones de las Fuerzas Armadas y operatividad”.
Según el acta, el Presidente comprendió la “necesidad de determinar claramente las funciones, atribuciones, estructura de mando y reglas de uso de la fuerza” en los militares. La instancia se extendió por más de dos horas.
