El contralor general de la República, Jorge Bermúdez, se refirió este jueves al contrato que visa el acto conmemoración de los 50 años del Golpe de Estado, y que fue retirado de Contraloría por el gobierno, ya que tenía objeciones y, de mantenerse como estaba, se corría el riesgo de que el documento fuera decretado ilegal.
Fue el martes que el Ministerio de las Culturas, a cargo de la ceremonia protocolar, retiró desde el ente contralor el contrato de la empresa que realizaría la actividad. La productora contratada para llevar esta actividad es la firma Weise y Asociados Ltda., más conocida como “La Oreja”, reconocida por realizar recitales y eventos masivos de alta envergadura.
Según se estipula en la resolución N°16 del ente contralor, publicada el 17 de diciembre del 2020, este tipo de contratos tiene que pasar de manera obligatoria por Contraloría, para la toma de razón.
Al abordar por primera vez públicamente la acción del gobierno, Bermúdez señaló este jueves: “Efectivamente se trataba de un acto administrativo del Ministerio de las Culturas, que iba a contratar a esta empresa productora, y tuvieron que retirarlo porque tenía objeciones por parte de la Contraloría”.
El contralor precisó -en Radio Cooperativa- que “se trata de un trato directo que estaba mal fundamentado” y que “ellos tienen que rehacer al acto administrativo, me imagino que eso es lo que va a ocurrir, para efectos de poder saber bien cuál es la causal del trato directo y si ésta se justifica o no”.
“Prioridad para la revisión”
Por lo mismo, Bermúdez dijo que se espera “que en las próximas horas se reingrese” y que “debería tener prioridad para la revisión”. “Esto es analizado en la Contraloría Regional de Valparaíso, porque el ministerio tiene su sede en Valparaíso, pero evidentemente está en coordinación con el nivel central”, apuntó.
Consultado respecto a si la objeción fue una cuestión de forma y no de fondo, el contralor enfatizó: “Voy a aprovecharme de la pregunta para aclarar algo, siempre nos dicen, la Contraloría hizo observaciones de forma, pero aquí es el fondo, que esté mal fundado algo, no es forma, es fondo”.
De acuerdo a Bermúdez, se trata de una cuestión de forma cuando “tiene un problema de referencia numérica o está mal citado el nombre de la persona, eso es una cosa de forma”, sin embargo, en este caso -aclaró- “el trato directo es algo legal, se tiene que fundar bien, si no está bien fundado, está mal”.
Sobre este tipo de objeciones, el contralor desdramatizó la situación, asegurando que “no es primera vez que ocurre algo así, no es poco habitual que la Contraloría objete tratos directos”.
“Lo que pasa es que se trata de una actividad que es el próximo lunes y estamos un poco encima”, recalcó. “Evidentemente uno hubiese esperado que (el contrato) llegara antes”, cerró.
