Administración de Gabriel Boric ha negado 105 indultos, dos de “presos del estallido social”

El viernes 24 de marzo el ministro de Justicia, Luis Cordero, selló el cambio en el criterio definido por el Presidente Gabriel Boric respecto del otorgamiento de indultos particulares. Ese día, como él mismo comunicó en ese entonces, estampó su firma en la resolución que dio por rechazada la solicitud de esta especie de amnistía de un nuevo “preso del estallido social”.

“Esto responde a los criterios de política que me indicó el Presidente de la República. Los indultos asociados al estallido tenían un contexto y un momento, y ese contexto y momento no es el que está vigente”, sostuvo enfático el secretario de Estado el domingo 26 de marzo, haciendo alusión a los polémicos 12 beneficios que se habían concedido tres meses antes a imputados por delitos vinculados al 18-O.

Y hoy, a nueve meses del episodio, cuando los reproches del mundo político contra La Moneda reflotaron -producto de la detención de uno de los beneficiarios, Luis Castillo-, el titular de Justicia se mantiene firme en que indultar a condenados es una prerrogativa a la que sólo accederán en casos muy excepcionales.

No por nada, comentan desde ese ministerio, Cordero ha visado sólo dos solicitudes de “perdón”, allegadas por dos enfermos terminales que se encontraban privados de libertad y que ya fallecieron.

De hecho, de acuerdo con antecedentes recabados por La Tercera, el abogado es más de la idea de no indultar. Ha rechazado, por lo mismo, 56 peticiones desde que está en el cargo, dos de ellas correspondientes a “presos del estallido social”.

Con eso, el especialista en derecho administrativo ha elevado el número de casos denegados bajo esta administración a 105, puesto que 46 ya habían sido descartados por quien lo precedió en el cargo, la exministra Marcela Ríos.

De ese total, nueve habían sido ingresados por mujeres y 96 por hombres. Y respecto de la situación en la que se encontraban, se explicitó que 87 estaban cumpliendo condena en algún penal del país, uno permanecía bajo arresto domiciliario, tres en Centros de Reinserción Social y once en Centros de Apoyo para la Integración Social.

Tres solicitudes, en tanto, fueron presentadas por personas a quienes se le habían aplicado penas de multa, inhabilidades temporales para cargos u oficios públicos y/o inhabilidad perpetua para conducir vehículos motorizados, por lo que mantenían su libertad.

Consultado por la política que se aplica en esta materia, el ministro Cordero fue tajante en decir que no está por visar indultos para los denominados “presos del estallido social”, ni tampoco de condenados por delitos de lesa humanidad o de personas que simplemente se “consideran inocentes”.

“El número de indultos ha ido bajando desde la primera administración del expresidente Piñera, de forma progresiva. Y en lo que a mí me ha correspondido en la materia, sólo he otorgado dos por razones estrictamente humanitarias, en circunstancias en las cuales las personas estaban en una situación terminal”, comentó el secretario de Estado.

Agregó que el razonamiento que ha aplicado es “rechazar todos los indultos vinculados al estallido social, considerando que los criterios bajo los cuales se habían otorgado los anteriores no están vigentes en la actualidad. En casos de delitos de lesa humanidad, se mantienen los criterios que se habían planteado con anterioridad -que vienen de la administración de la presidenta Bachelet- y se toma en cuenta el derecho internacional en derechos humanos, por lo que me parece que son improcedentes. Y lo tercero es que hay un conjunto de solicitudes que en realidad no reúnen mérito. Por eso, a la fecha, he denegado 56 indultos”.

Cordero, además, postula la necesidad de reflexionar en torno a cómo está regulado el otorgamiento de esta figura. “Yo sigo sosteniendo que enfrentarse a la potestad del indulto es una situación bien compleja para la decisión de una persona. Todo lo que ha pasado sirve además para evaluar, no sólo la potestad, sino que también el proceso de decisión, que es de mucha reflexión y responsabilidad”, afirmó el ministro.

Eso sí, dada la agenda legislativa y por la “intensidad” en el Congreso, Cordero ve poco margen para que en el corto plazo se reformule esta potestad. Aunque insiste: “Todo lo que ha ocurrido sirve para establecer resguardos y criterios bien verificables para así ejercer la atribución, porque es mucha la responsabilidad”.

En lo que va de este gobierno, se han concedido 17 indultos particulares, 15 visados por la exministra Ríos y sólo dos por el actual titular de Justicia. Los más conocidos fueron los referentes a 12 personas encausadas por delitos cometidos en el marco del estallido social y al exfrentista Jorge Mateluna.

Pero esos no son los únicos antecedentes. Como reportaron desde el Ministerio de Justicia, del total de los indultos concedidos, cinco se otorgaron bajo la modalidad de remisión de la condena o “perdón total”; y de esos, cuatro se fundaron en motivos humanitarios (salud) y uno con miras a “establecer la paz social”.

Y a los 12 beneficiarios restantes, por otra parte, se les concedió una conmutación de la pena impuesta por remisión condicional de la misma. Once de estos tuvieron por motivo “establecer la paz social” y uno se basó en los antecedentes psicosociales que la persona mantenía.