La tarde de este jueves, en votación dividida, el Pleno del Tribunal Constitucional (TC) declaró admisible el requerimiento ingresado por el Senado a fin de que el organismo se pronuncie sobre la constitucionalidad de la Comisión Asesora contra la Desinformación creada por el gobierno. De esta forma, la instancia entrará al fondo del recurso.
Y es que de acuerdo con sectores de la Cámara Alta que presentaron el proyecto de acuerdo que habilitó al presidente Juan Antonio Coloma (UDI) para recurrir ante el TC, la iniciativa del Ejecutivo “es inconstitucional por incidir en una materia de ley que debe ser discutida en el Congreso Nacional”.
Así, tras ponderar elementos del escrito, los ministros fijaron que los alegatos se realizarán el próximo 17 de agosto. Previo a ello, tanto el Presidente Gabriel Boric como el contralor Jorge Bermúdez, tendrán un plazo de 10 días para que, si así lo estiman, “se pronuncien sobre el asunto sometido a la decisión del Tribunal”.
Durante la discusión, la presidenta Nancy Yáñez, Daniela Marzi y Nelson Pozo estuvieron por la inadmisibilidad, mientras que Christian Letelier, José Ignacio Vásquez, Pía Silva, Miguel Ángel Fernández y Manuel Antonio Núñez se impusieron por la admisibilidad.
Pese a los cuestionamientos que ha recibido la iniciativa, desde el Ejecutivo han insistido defenderla. Y es que como han indicado la ministra secretaria general de Gobierno, Camila Vallejo, y su par de Ciencia, Aisén Etcheverry, la comisión no va a proponer proyectos de ley, ni realizará una revisión de redes sociales ni emitirá opinión sobre plataformas digitales. Tampoco, han dicho, definirá temas de la coyuntura, ni menos, qué es verdad y qué no.
De acuerdo con lo expresado por ambas secretarias de Estado, de hecho, la misión de la citada instancia será “asesorar al ministro o ministra de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación y al ministro o ministra secretario(a) general de Gobierno, en los aspectos que permitan analizar el fenómeno global de la desinformación y su manifestación a nivel local en Chile”.
Fue en ese sentido que durante la jornada de ayer miércoles la vocera Vallejo, en medio de una sesión especial desarrollada en la Cámara para abordar la materia, indicó: “Este es un debate colectivo que es más grande que nosotros, este debate sobre el fenómeno de la desinformación no es sobre el debate que se pueda dar el Congreso Nacional, es un problema de nivel global, es una preocupación de varios países del mundo”.
Y agregó que “se ha llegado a la convicción de que la desinformación es una amenaza a las democracias y a los derechos de las personas, no solo a la información, sino también a la libertad de expresión”.
A pesar de esas exposiciones, en conversación con este medio el presidente del Senado, remarcó: “Me parece absolutamente impensable que conclusiones que se deriven de la libertad de expresión, se reglamenten por la vía de un decreto y no por medio de una ley, como pretende hoy el gobierno. Es especialmente inquietante que la aplicación práctica de un principio como la libertad de expresión quede entregada a una comisión que dirigen dos ministras de un gobierno, sea de este gobierno o de cualquiera”.
“Quienes pretenden decir que esto es sólo consultivo, como si eso fuera irrelevante, tienen que tener en cuenta que esto señala que la misión específica de este consejo es elaborar conclusiones sobre el fenómeno de la desinformación y su manifestación a nivel local. ¿Qué significa eso para un medio? No está definido qué es desinformación, entonces ¿Cuál es el efecto de esto? Me parece que esto es un tema demasiado relevante que debiese ser parte de un debate democrático y no ser reemplazado por un decreto”, agregó Juan Antonio Coloma.
