Adopciones irregulares: el caso de la madre que dio a luz en 1976 y nunca pudo ver a su hijo

Gloria Cortés dio a luz el 4 de marzo de 1976 en el Hospital Barros Luco, pero nunca pudo ver a su hijo. Desde la institución le dijeron que estaba grave. Minutos después le informaron que había fallecido, a pesar de que nunca le entregaron un certificado de defunción.

Sólo sería años después que comenzaría la búsqueda de su hijo, causa legal que se encuentra en tribunales sin resolución desde 2013.

En esa línea y tras el anuncio del juez Carroza sobre abrir una nueva investigación y ampliar los rangos temporales de indagatoria, otro de los hijos de Gloria, Pedro Pablo Cortés, señaló que "esperamos que con esto el gobierno se comprometa de una vez por todas y cree una comisión especial investigadora para esclarecer todos estos hechos de violaciones de derechos humanos que fueron cometidos contra mujeres no sólo en dictadura, sino antes y después, quitándoles sus hijos y negándoles el derecho de conocer cuáles son sus orígenes. Todos los estamentos deben poner de su voluntad", manifestó.

Frente a la labor de la investigación, el juez añadió que "vamos a hacer todo el esfuerzo posible para lograr esclarecer y tener toda la información que sea necesaria, a trabajar en equipo también con las instituciones que nos puedan aportar".

"La decisión que he adoptado es que no solamente voy a circunscribir la investigación a los hechos ocurridos entre 1973 y 1990, sino que voy a llegar hasta donde pueda esclarecer todo respecto de todos los casos que haya (de adopciones irregulares)". De esta forma, el ministro de la Corte de Apelaciones de Santiago Mario Carroza se refirió a los rangos en los que indagará la posible sustracción de menores y adopciones irregulares de menores enviados al extranjero entre 1950 y 2001.

Según el peritaje al que tuvo acceso La Tercera, la asistente social Telma Uribe (96) tenía en su poder fichas de 579 adopciones, de las cuales 525 se concretaron con matrimonios fuera de Chile, principalmente en EE.UU., con 432 casos, y Perú, con 27. "Estamos buscando toda la información que se pueda a través de los pocos datos que tenemos de las personas que aparecen individualizadas (en el informe)", agregó. Por esta razón, Carroza ordenó abrir una nueva causa en torno al caso, donde la Brigada de Inteligencia de la Policía de Investigaciones (PDI) analizará cada uno de los archivos entregados por la trabajadora social.

Durante la mañana de este jueves, la fundadora de la organización 'Nos Buscamos', Constanza del Río, llegó hasta la oficina del magistrado para manifestar la disposición de recopilación conjunta de información, tras la apertura de la nueva causa. En ese contexto, Del Río catalogó de positiva la reunión, señalando que "no tenemos plazos, esto está recién comenzando y los resultados no van a ser de corto alcance, pero trabajaremos lo más rápido que podamos".

Y reiteró que "esto se extiende no sólo a los casos ocurridos en los años de la dictadura, sino en todo el período que pueda abarcar la investigación".

Paralelamente, el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) evalúa presentar una querella tras recibir siete denuncias por posibles adopciones irregulares de niños ocurridas en la época, cuatro provenientes de víctimas y otras tres desde La Araucanía, Talca e Iquique.

"Se trabaja con todos aquellos que puedan intervenir y que puedan aportar, ya sea en el porqué surgen estas adopciones, si es que los niños fueron vulnerados en sus derechos, y también en cómo participaron los juzgados de menores y las organizaciones extranjeras", añadió Carroza.

La Brigada de Inteligencia de la PDI estaría elaborando una base de datos con personas involucradas y saber si se encuentran o no fallecidas con la finalidad de determinar si estas personas serán interrogadas. Además, sobre la posible prescripción de los casos por el tiempo transcurrido, el juez indicó que eso se resolverá una vez que termine la investigación.