La Agrupación Hijos y Madres del Silencio - que tiene como integrantes a padres e hijos protagonistas de adopciones ilegales- acusó hoy al Ministerio de Justicia el negar recursos para poder mejorar las investigaciones que realiza el ministro Mario Carroza.
"Manifestamos nuestro profundo rechazo al Ministerio de Justicia que ha denegado los recursos necesarios para poder ampliar y mejorar la investigación que está llevando a cabo el ministro Mario Carroza, quien suma miles de denuncias por secuestro de menores. Hoy, después que la PDI creara un nuevo equipo de dedicación exclusiva a la investigación de estos casos y cuando se está investigando el rol de las instituciones del Estado desde la Comisión Investigadora de Adopciones Ilegales en el Parlamento, nos enteramos que el ministro de Justicia Hernán Larraín ha roto su palabra y no va a otorgar ni un peso extra para esta enorme causa", precisa la agrupación.
Aseguran que el gobierno se comprometió con ellos, "realizó un compromiso con nosotros y hoy lo rompe sin complejos. Cuando el Ministro Hernán Larraín conoció de esta problemática en una sesión de la comisión de Familia en el Parlamento, sus palabras fueron 'me produce una profunda vergüenza como país que una cosa así estuviese sucediendo a vista y paciencia nuestra'. Hoy le decimos que nos produce una profunda vergüenza el que hayan jugado con las esperanzas de miles de madres e hijos, una vez más. El mismo Estado que le robó, le arrebató y le secuestró sus hijos a miles de madres, les da la espalda nuevamente dejando sin recursos la investigación, no entendiendo lo vital que es esto para poder aclarar las responsabilidades de los diversos actores involucrados".
De esta forma, La Tercera obtuvo una respuesta del Ministerio de Justicia, que precisa que "compartimos la voluntad de Hijos y Madres del Silencio en el sentido de que avancen las investigaciones que lleva adelante el Poder Judicial en los procesos conocidos como 'adopciones irregulares'. Creemos que es necesario que se sepa la verdad de lo ocurrido en estos hechos y que se propicie el reencuentro de quienes fueron separados injusta y arbitrariamente. Sin perjuicio de lo anterior debemos precisar que este Ministerio nunca comprometió aportar recursos para esta causa (como lamentablemente se ha entendido) sino que solo se manifestó la intención de explorar esa alternativa, lo que no ha sido posible hasta ahora pese a nuestros esfuerzos".
Además, agrega que "por lo mismo hemos conversado con la Corte Suprema para ver si existe espacio para que se aporten recursos propios. En todo caso, seguiremos apoyando del mejor modo posible esta investigación judicial, para lo cual hemos instruido a nuestros servicios dependientes -Servicio Médico Legal, Registro Civil y Sename- que se pongan al servicio de la misma, cada uno dentro de sus competencias".
La vocera de la agrupación, Marisol Rodríguez, indicó que "creemos necesario que el Poder Judicial entregue señales claras, pues si hoy se habla de un terremoto a raíz de lo ocurrido en la Corte de Apelaciones de Rancagua, creemos que lo que ocurrió con nuestros casos es mil veces peor. Acá se cometieron crímenes a cargo de agentes del estado como lo son jueces, actuarios, secretarios de juzgados, oficiales de registro civil, médicos, enfermeras, matronas de hospitales públicos y también de asistentes sociales de municipalidades, de tribunales, de hogares de menores, cuidadores, etc".
