En el 6° Tribunal Oral en lo Penal de Santiago se dio inicio la mañana de este miércoles al juicio en contra del exalcalde de San Ramón Miguel Ángel Aguilera.

La Fiscalía Metropolitana Sur está solicitando 10 años de cárcel para el otrora jefe comunal al que acusan de delitos de enriquecimiento ilícito, cohecho pasivo y lavado de activos.

Aguilera renunció en octubre de 2017 al Partido Socialista ante una polémica por supuestos vínculos con narcotraficantes que habrían operado en su municipio.

Por entonces, se conoció que Jorge Pinto, alias “El Chino”, líder de una banda delictual, estaba recibiendo dineros de San Ramón. Pinto fue detenido un mes antes, acusado de enviar pasta base al Biobío.

En mayo de 2021, Aguilera postuló como independiente para un nuevo periodo como alcalde. Entonces ganó, sin embargo, se detectaron graves irregularidades en el proceso y se ordenó una nueva votación en 65 mesas. Finalmente, Gustavo Toro se impuso en esos comicios, realizados en julio.

Ese mismo mes, ya como exalcalde, fue formalizado y se dispuso su prisión preventiva en Santiago 1. Pasó allí un año y desde entonces permanece bajo arresto total en su domicilio.

De acuerdo a la investigación, entre enero de 2013 y septiembre de 2017, Aguilera habría recibido depósitos reiterados en sus cuentas corrientes, configurando un “incremento patrimonial injustificado” de más de 263 millones de pesos.

En su alegato de apertura este miércoles al mediodía, el fiscal Víctor Núñez, explicó que al analizar las cartolas de las cuentas corrientes que tenía la exautoridad en el Banco Estado y en el Banco Santander, constataron “un sinfín de depósitos en efectivo por caja en billetes en su beneficio”.

“¿En razón de qué un alcalde en ejercicio, sin otras fuentes de inversión o de renta, recibe en sus cuentas corrientes depósitos de 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 11 millones de pesos, con la regularidad que indican sus cartolas bancarias, en billetes o en dinero en efectivo?“, inquirió el persecutor.

Núñez expuso que “en esta causa no hay cheques, no hay vales vista, no hay transferencias electrónicas imputadas a título de enriquecimiento injustificado, solo billetes, al más puro estilo de la criminalidad más corrupta, que impide toda trazabilidad, determinación de origen o causa de estos ingresos”.

La tesis del Ministerio Público es que los dineros provenían de licitaciones asignadas a la empresa Asesoría en Investigación Social (AIES), vinculada a José Miguel Zapata Vergara, que era director de la Secretaría Comunal de Planificación de la Municipalidad de San Ramón.

“En cosa de días”, según el fiscal, se pagaban las licitaciones y se depositaban los dineros en las cuentas de Aguilera.