“Son 26 años de trabajo los que llegan a su fin, porque fue imposible seguir pagando el arriendo, que tenía un valor de dos millones de pesos. Y si estamos sin funcionar desde el 15 de marzo, sin saber cuándo vamos a retornar, es imposible seguir endeudándonos”.

El testimonio es de Loreto Marín, sostenedora del Jardín Infantil y Sala Cuna Pequeña Lulú, de Concepción, que hace un par de semanas decidió cerrar por la crisis financiera que gatilló la suspensión de actividades a causa de la pandemia, dejando a 45 niños y 14 trabajadores a la deriva.

Cuenta que cuando empezó la crisis sanitaria, muchas empresas, incluso algunas estatales, cancelaron los contratos que tenían con el recinto para sus trabajadoras, lo que se sumó a la imposibilidad de seguir pagando de muchas familias que perdieron sus trabajos. “A menos que los colegas puedan aguantar, todos los jardines particulares van a quebrar”, dice.

Este drama se repite en todos los recintos infantiles constituidos como pymes. La agrupación Jardines Particulares Unidos se formó hace un par de meses para enfrentar esta situación y hoy suma a 260 recintos, el 12% de todos los jardines privados del país -son 2.200-. Según la entidad, la mayoría de sus recintos desaparecerá en cuestión de meses.

Marcela Olivares, vocera de la organización, detalla que 49 de estos jardines (19%) van a cerrar este mes, otros 66 (25%) subsistirán solo hasta julio, y 89 (34%) cree que no pasarán agosto. En total, 242 jardines (93%) afirman que en septiembre estarán en la quiebra.

“Cuando volvamos a la nueva normalidad, las familias se encontrarán con que los jardines cerraron, no vamos a existir”, dice Olivares, quien cuenta que hubo un retiro masivo de niños, por lo que la matrícula en estos 260 jardines bajó de 13 mil a 6 mil niños. Asimismo, explica, han tenido que despedir a mil de los tres mil trabajadores que tienen, en su mayoría mujeres.

Olivares afirma que solicitan ayuda desesperadamente, pero que no la encuentran. Por ejemplo, 81 jardines pidieron el Fondo de Garantía para Pequeños Empresarios (Fogape) y 61 fueron rechazados. Y ninguno recibió el subsidio de Sercotec.

“Se nos han cerrado todas las puertas, primero por el retiro masivo de niños y ahora por la falta de ayudas. Y seguimos con gastos de personal, arriendos, impuestos y créditos”, añade.

La Asociación Gremial de Jardines Infantiles y Salas Cunas Particulares, que reúne a 274 establecimientos, observa la misma situación.

Su presidenta, Ana María Ramírez, dice que el 67% de los planteles quebrará entre mayo y agosto, según el catastro que hicieron, y que ya hay cuatro recintos cerrados en Santiago y otros tres en Valparaíso. A la fecha, ya perdieron al 65% de los 12 mil niños que tenían.

¿Cuál es la solución? Ramírez cree que el Estado les debe entregar un subsidio de emergencia mientras dure la pandemia, “porque estamos realmente mal y prestamos un servicio a los niños que el Estado no ha sido capaz de cubrir”.

Una de las puertas que han tocado es la de la subsecretaria de Educación Parvularia, María José Castro. Ella dice que hay cerca de 2.200 jardines privados en el país y que se han acercado a ellos para evaluar su situación.

“Hemos tenido reuniones con agrupaciones y sostenedores, llegando a más de 500 jardines privados, y junto al subsecretario de Economía (Esteban Carrasco) los orientamos sobre las medidas del gobierno en apoyo a las pymes”, cuenta Castro, aludiendo a fondos como el Fogape, “que facilita su acceso a distintos tipos de financiamientos, otorgándole una garantía estatal, para respaldar dichas deudas”, y también al subsidio de hasta tres millones que entrega Sercotec.

La autoridad llamó a que los jardines “se acerquen a nosotros para orientarlos respecto de estas y otras ayudas”, pero admite que “el Estado cuenta con recursos limitados y las necesidades son múltiples” (ver entrevista).

Regreso a clases

Una de las prioridades educacionales del gobierno es aumentar la cobertura de la educación parvularia. Hasta el año pasado, había más de 240 mil niños que no iban al jardín infantil (el 49% de los niños en edad de asistir). En este contexto, Olivares cree que “la cobertura va a disminuir enormemente” con la pandemia.

Paulina Pizarro, directora de Pedagogía en Educación Parvularia de la U. Diego Portales, afirma que la crisis de los jardines particulares no impactará en la cobertura, porque estos representan el 6,5% de la matrícula del sector, mientras que el resto está en jardines Junji, Integra o municipales, que siguen recibiendo una subvención. Pero advierte otro grave impacto para todos los jardines: debido a las medidas de precaución, es imposible saber cuándo reabrirán. “No me puedo imaginar una sala con niños donde funcione el distanciamiento social. En España, redujeron la cantidad de preescolares por jardín o estos asisten en días diferidos. Pero creo que sería una irresponsabilidad que se permita el retorno a clases presenciales este año, sobre todo si no hay una vacuna”.

El académico de Salud Pública de la Usach, Claudio Castillo, también tiene dudas sobre el reintegro de los más pequeños. Afirma que esto solo debe ocurrir cuando exista una reducción sostenida de casos, un testeo efectivo para aislar a tiempo a los contagios y medidas especiales en los recintos, para salvaguardar el distanciamiento. “¿Es seguro que vuelvan niños y niñas a clases? No por ahora. Creo que es muy difícil que vuelvan este año, incluso aunque el brote esté controlado, porque es complejo que los niños cumplan con las medidas protectoras: distanciamiento físico, uso de mascarillas y lavado de manos”.

Mientras, el profesor asociado de la UC y expresidente de la Sociedad de Pediatría, Humberto Soriano, señala que, cuando se inició la pandemia, se pensó que los niños eran los grandes vectores, pero que la experiencia actual apunta ahora a los adultos. “Parece ser que las personas mayores contagian más”. Sin embargo, sobre el retorno de los más pequeños, aclara que “la fecha, por el momento, es muy difícil de determinar y va a depender de la evolución de la pandemia”.