A semanas del inicio del verano, cuando la población en Zapallar pasa de 12 mil a 40 mil residentes, el alcalde de Zapallar, Gustavo Alessandri (Ind.), dio a conocer una nueva ordenanza, con la que busca conseguir “una comuna más segura”, obligando a padres y tutores que sus hijos menores de 16 años circulen entre las 23.00 y 5.00 en compañía de un adulto para evitar su exposición a conductas de riesgo, como el consumo de alcohol o drogas.

Los menores de 18, por su parte, “deberán estar siempre en condiciones de tomar contacto vía telefónica con las personas a cuyo cargo se encuentren, de manera rápida y efectiva”, dice la ordenanza.

La normativa, que se titula “Ordenanza sobre cuidado de menores de edad en bienes nacionales de uso público en la comuna de Zapallar”, establece en su artículo Nº 1 su objetivo: “Resguardar la seguridad de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes, menores de 18 años, que habitan o transitan por la comuna en horario nocturno, ante situaciones delictuales o incivilidades a las cuales puedan verse potencialmente expuestos”.

La norma declara como principio general “el libre tránsito de todas las personas por el territorio de la comuna” y obliga a funcionarios de la Armada, de las policías e inspectores municipales “comunicarse por el medio más expedito con un familiar directo” de jóvenes que sean sorprendidos bebiendo alcohol o consumiendo drogas en la calle, junto con remitir -en caso que lo amerite- “los antecedentes al Juzgado de Familia competente ante una eventual vulneración de derechos por conductas de riesgo no supervisadas por un adulto responsable”. El artículo Nº 12 señala, además, que todo procedimiento “será debidamente grabado”.

En entrevista con La Tercera, el alcalde Alessandri entrega detalles de la normativa que surgió como iniciativa de su oficina Antinarcóticos hace seis meses y que votará, el próximo lunes, el concejo municipal. Si es aprobada, entraría a funcionar de manera permanente.

En 2019, la Contraloría rechazó una ordenanza de toque de queda juvenil promovida por el exalcalde de Quilpué, tras estimar que los municipios “deben sujetarse de manera estricta al marco fijado por el ordenamiento jurídico”. ¿Podría ocurrir lo mismo con su iniciativa?

Esto en ningún caso restringe. En ningún caso es un toque de queda. Es un toque de prevención y responsabilidad. Lo que estamos buscando es proteger a los menores de edad. ¿Por qué? Porque hay muchos menores de edad que son usados para cometer delitos. Lo que estamos buscando es que, a cierta hora, cuando los menores de edad sean sorprendidos en bien nacional de uso público, solo se les pida documentación y se comuniquen con su padre, madre o apoderado. El tema es dónde están. Nada más.

¿Cómo funcionaría?

El carabinero, el policía de Investigaciones, la marina o el inspector municipal que vea a un grupo importante en la playa bebiendo alcohol, se va a acercar, les va a pedir el carnet de identidad y va a llamar al apoderado. Y el apoderado va a tener que ir a buscarlo. Y el municipio hará la denuncia al Tribunal de Familia, porque los derechos de ese menor están siendo vulnerados. Porque el responsable no puede permitir que esté en un bien nacional de uso público bebiendo alcohol.

¿Y si él o la joven no estuviera bebiendo alcohol?

No hay ningún problema. Se llama al apoderado, y el apoderado sabe que está en la esquina -te invento- de Germán Riesco. Aquí se va a aplicar criterio. ¿Qué nos pasa en la práctica? Que sabemos que hay jóvenes menores de edad que están en una parte X y después se comete un delito en esa parte X. Entonces era una banda que estaba ocupando a los menores de edad para cometer delitos.

¿Y si el funcionario llama al apoderado, pero no contesta el teléfono?

Si el joven está sano y bueno, y no hay ningún acto irregular, el funcionario municipal le va a preguntar a dónde va, y va a verificar el domicilio del joven. Nada más. Lo que queremos evitar, a toda costa, es que sigan existiendo jóvenes cometiendo delitos. Porque la cantidad que tenemos ya, después de un trabajo de tres años de la oficina Antinarcóticos, de jóvenes que están cometiendo delitos de noche es increíble. Y son inimputables.

¿Y si el joven estuviera consumiendo alcohol y nadie contesta de su entorno?

Se va detenido por Carabineros. Y la municipalidad realiza la denuncia al Tribunal de Familia. Aquí nosotros hablamos de que el padre se haga responsable. Tenemos información, de nuestra oficina Antinarcóticos, de que en cada pub, en cada discotheque y evento masivo que hay, se ocupa a jóvenes menores de edad para vender sustancias ilícitas (drogas). Estamos buscando cómo poder echar a tierra eso.

¿La ordenanza podría ser inconstitucional?

No, porque no permite nada inconstitucional. Es lo más constitucional que hay. Se ajusta a todas las leyes.

¿Estima que son los municipios los deben educar a los padres en el cuidado de sus hijos a través de una ordenanza?

En ningún caso estimo que sea el municipio el que deba educar a los padres. Lo que estoy buscando es tener una comuna más segura y dentro de las pocas herramientas que tenemos, esta es una de ellas. Ojalá tuviéramos más herramientas para poder proteger a nuestros vecinos.

¿Cuál es la razón de fondo de esta ordenanza?

Por la cantidad de denuncias anónimas que nos llegan por tráfico de drogas, de menores de edad y que tenemos investigadas ya con la oficina Antinarcóticos, que trabaja con la PDI. Y la cantidad de menores de edad consumiendo alcohol en los bienes nacionales de uso público.

¿Tratará de coordinar para que alcaldes de la zona decreten ordenanzas similares?

Estamos trabajando en eso. Ojalá pueda hacerlo todo el litoral central. He hablado con varios alcaldes. Pero querían ver cómo quedaba esto, para ver si lo copiaban o no.