Una querella criminal por el delito de fraude al fisco presentó la Municipalidad de San Miguel contra todos quienes resulten responsables de la elaboración del presupuesto 2025, tras detectar un perjuicio fiscal estimado en $7.611 millones.

La acción judicial fue ingresada ante el 11° Juzgado de Garantía de Santiago por la actual alcaldesa Carol Bown (UDI), quien acusa a la gestión anterior-encabezada por Érika Martínez (FA)- de haber manipulado las proyecciones presupuestarias, generando un desbalance financiero sin precedentes en la comuna.

La denuncia se basa en un informe elaborado por la Dirección de Administración y Finanzas (DAF), el cual reveló una sobreestimación de ingresos por $4.687 millones y una subestimación de gastos por $2.923 millones. Ambas acciones, según el escrito, habrían proyectado una “solidez financiera irreal” que vulnera lo establecido por la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades.

“Apenas asumimos la administración, lo primero que hicimos fue revisar el presupuesto, porque no había recursos suficientes para implementar nuestro plan de seguridad. Fue ahí donde descubrimos que había ingresos inflados y gastos omitidos. No estaba construido sobre la realidad”, señaló la alcaldesa Bown en conversación con La Tercera.

Un presupuesto “maquillado”

El presupuesto municipal para 2025 fue fijado por la administración anterior en $23.067 millones, lo que representa un incremento del 22% respecto a los ingresos percibidos en 2024, sin que existiera sustento técnico para ello.

“En los permisos de circulación, por ejemplo, se proyectó un crecimiento del 15,5%, pese a que el promedio de los últimos cinco años no supera el 9,5%”, consigna el documento presentado ante el tribunal.

En paralelo, se constató que se omitieron gastos que el municipio ya tenía comprometidos contractualmente, como el arriendo de dependencias de los Juzgados de Policía Local, iniciativas de inversión financiadas en años anteriores y el remanente de una consultoría de pavimentos participativos. Solo en ese ítem, el déficit supera los $1.587 millones.

“Cuando subestimas el gasto, el riesgo es mayor: puedes dejar de cumplir con tus obligaciones legales. Podríamos haber llegado a no poder pagar sueldos municipales o caer en DICOM”, advirtió la alcaldesa.

El informe financiero detalla también que se asignaron presupuestos por debajo del mínimo histórico en áreas críticas como el programa de absorción de cesantía, la recolección de residuos, el correo municipal, el riego de plazas, y la mantención del alumbrado público. En este último caso, se presupuestaron $116 millones, pese a que el gasto de 2024 fue de $157 millones.

“Nos encontramos con un desorden generalizado. Hemos tenido que hacer malabares con el presupuesto línea por línea, recortando actividades recreativas y postergando mejoras básicas porque simplemente no hay plata”, dijo Bown. “No podemos poner lomos de toro, ni arreglar dependencias municipales, ni cambiar computadores. Eso también hay que explicárselo a los vecinos”.

La querella no individualiza delitos específicos contra personas, pero sí solicita que se cite a declarar a la exalcaldesa de la comuna; Sebastián Ahumada, exsecretario comunal de planificación; y Jaime Rodríguez D’Amico, exdirector de administración y finanzas. Todos habrían tenido participación directa en la elaboración y validación del presupuesto hoy cuestionado.

“La querella es contra quienes resulten responsables. No es una persecución política. Tengo el deber de denunciar, pero también el de explicar por qué no podemos cumplir con lo que se había prometido a la ciudadanía”, aclaró la alcaldesa.

Esta no es la primera acción judicial que presenta la administración de Bown. En enero pasado, la municipalidad también denunció a la Corporación Municipal de San Miguel por la presunta malversación de más de $1.000 millones provenientes del Ministerio de Salud. La acusación fue respaldada por Catherina Embry Cristi, exjefa de Finanzas, quien advirtió sobre el pago de remuneraciones a personal ajeno al sistema de salud, incluyendo supuestos “empleados fantasmas”.

Ambas acciones son parte del proceso de auditoría y reestructuración interna que impulsa la nueva administración, en medio de lo que califican como una situación financiera “crítica” heredada de la gestión anterior.