El Colegio de Expertos en Prevención de Riesgos realizó un estudio de los problemas en los inmuebles del país, incluyendo los condominios sociales. Alejandro Valdebenito, presidente de la entidad, entregará una propuesta a la Comisión de Vivienda del Senado.

¿Cuáles son las cifras que manejan en torno al estado de estos lugares?

El índice de vulnerabilidad de las viviendas sociales nos dice que alrededor del 80% de los inmuebles de ese tipo están vulnerables, pues no cumplen las normativas de organismos de construcciones, por antigüedad o porque no se han hecho las mantenciones adecuadas.

¿Es realmente riesgoso habitar estos inmuebles?

Puede ser riesgoso vivir en estas viviendas por su antigüedad o falta de mantención. El 82% de los incendios producidos en Chile en inmuebles son al interior de viviendas vulnerables. No contamos con mayores medidas de prevención, porque la normativa no lo exige. Más del 90% de los hogares no cuentan con un equipo de extinción de fuego.

Según el Minvu, el 79% de los condominios sociales tiene algún grado de deterioro en sus techumbres.

Que la estructura de las casas no esté bien realizada o no posea las mantenciones necesarias puede producir múltiples emergencias. Por ejemplo, cuando las techumbres están malas se produce alta acumulación de humedad y eso puede derivar en que un hogar sea insalubre.

¿Cómo ha sido la labor del gobierno en este tema?

Desde la primera administración del Presidente Piñera se han tratado de impulsar nuevas exigencias, pero son para los inmuebles que se están construyendo. La dificultad es que después no existe reglamentación para el seguimiento de esos planes.

¿Y los municipios?

Estos no tienen todas las herramientas para fiscalizar que las construcciones cumplan con las normativas. En prevención, en materia de gobierno comunal, no hemos avanzado.

¿Se han implementado medidas que subsanen las construcciones de los años 90?

Tenemos una frecuencia de emergencia de una por cada trimestre, lo que expone generalmente a los sectores más vulnerables. El Estado no ha querido comprender que debemos, de manera urgente, contar con un sistema integrado de evaluación de riesgos civiles en esta materia.