El alcalde de Santiago, Felipe Alessandri, decidió tomar medidas firmes contra quienes son sindicados como los siete responsables del incendio ocurrido el pasado fin de semana en el Liceo Miguel Luis Amunátegui. Este martes, el edil insistió con la política del rompe-paga, que ha instaurado como sello de su administración.
"El Código Civil señala desde hace muchos años que los padres responderán por los daños causados por sus hijos menores de edad. Lo que hacemos nosotros es ampararnos en la legislación", argumentó Alessandri.
De los siete detenidos la noche del sábado, tres son mayores de edad. Por ello, el alcalde anunció que están a la espera de la evaluación de perjuicios para presentar una querella penal.
Consultado sobre qué pasará si quienes resultan responsables no pueden pagar, Alessandri aseguró que "veremos qué dicen los tribunales. Lo que queremos hacer es dar una señal clara. Aquí hay responsables y romper la infraestructura de los colegios de Santiago no es gratis, porque a mí me cuesta conseguir los recursos".
El departamento de infraestructura de la municipalidad cifró en $ 200 millones los costos. "Este monto corresponde solo a los daños causados en la sala de profesores, la cafetería y un par de salas a raíz del incendio", detalló el alcalde.
Docentes
Además de aplicar la política del rompe-paga, el alcalde anunció que reubicará a los cerca de 700 alumnos y 48 profesores del liceo en otros establecimientos de la comuna. Esto, para trabajar durante el resto del año en la reparación del recinto. Sin embargo, la noticia no cayó bien en la comunidad estudiantil, que calificó la medida como apresurada, injusta y jerárquica.
"Lo que ocurrió no es un daño generalizado. Esto no fue un incendio del liceo, no se quemaron los libros de clases, decir eso es una falta a la verdad. Tenemos el registro de todo lo que hemos desarrollado en el año", explicó el profesor Luis Valverde.
Además, el docente aseguró que la determinación de terminar el año los tomó por sorpresa: "En años anteriores tuvimos toma y hubo daños similares, pero jamás nos hubiéramos esperado que la determinación fuera cerrar el liceo. No entendemos cuál es la postura del alcalde. A lo mejor se vio presionado por los eventos inmediatos". añadió.
Su par, Felipe Cuevas, quien lleva tres años ejerciendo como profesor en el liceo, aseguró que "nos podemos reubicar dentro de nuestro contexto, sin eliminar la comunidad a la cual pertenecemos".
Según los docentes, los mayores daños se dieron en la sala de profesores -que había sido improvisada como tal- y en la cafetería. De este modo, aún quedarían 27 salas disponibles para atender los 24 cursos que tiene el establecimiento.
Por ahora, la prioridad de la comunidad tiene que ver con la situación de los alumnos que están en cuarto medio. La coordinadora de convivencia escolar del liceo, Victoria Chichon, explicó que estos cursos ya están en periodos de organización. No obstante, agregó que quienes participaron de la movilización sabían a qué se arriesgaban: "Esto no es algo improvisado o que vaya a hacerse solo en este caso. El alcalde ha sido consecuente con su discurso", afirmó.
De manera paralela a las acciones que está tomando el municipio, las autoridades del liceo también están llevando a cabo un proceso interno que implica notificar a los alumnos involucrados y sus padres, se realiza una investigación de cinco días hábiles y luego un periodo de descargos.
