Alfredo Martin, presidente de la Asociación de Notarios: "El análisis de un servicio jurídico bajo criterios de mercado llevará a errores"

Cuando Alfredo Martin, el presidente de los notarios, se refiere al estudio que realizó la Fiscalía Nacional Económica (FNE) sobre su actividad, entre las palabras que más repite están "sesgo" y "contradicción". Con apuntes en mano, rebate gran parte de las conclusiones del reporte. Entre estas, que existen "rentas monopólicas" y que en promedio ganan $ 14 millones mensuales.

En conversación con La Tercera, cuestionó la metodología y la óptica que utilizó la FNE. Eso sí, destaca que la nota que los usuarios le pusieron al sistema llegó a 5,9.

¿Cómo toma el informe de la FNE sobre el mercado de los notarios?

En este informe, no obstante de tener una mirada dogmática y muy economicista para un servicio jurídico que otorga fe pública y es muy importante en la seguridad y certeza jurídica, hay aspectos que podemos compartir y que hemos estado impulsando desde hace mucho antes. Hemos planteado, por lo menos desde hace seis años, modernizar el sistema de nombramiento. Es lo que ellos llaman las barreras de acceso. Pero un sistema de acceso que sea exigente, de manera que la actividad se cumpla con la mayor rigurosidad posible. Hemos planteado la simplificación de los trámites, especialmente aquellos relacionados con los de hechos propios: estoy vivo, estoy soltero, vivo en tal parte, gano tanta plata. Nosotros, además, en el año 2011 ya le estábamos solicitando a la Excelentísima Corte Suprema que dictara un auto de acordado y fijara un piso tecnológico básico. En esos aspectos, obviamente nosotros coincidimos, pero de este informe nos preocupa que es tremendamente sesgado.

¿Por qué?

No podemos pensar que el centro de Valparaíso, el centro de Viña del Mar y el centro de Santiago (lugares donde están las oficinas que formaron parte del estudio) representa a las cientos de notarías que están muy lejanas de los centros urbanos, ubicadas en zonas rurales y en condiciones donde se desarrolla una actividad muy preciada para la comunidad. Ellos son asesores, orientadores, configuradores de instrumentos jurídicos, especialmente para la población que tiene menos recursos.

La FNE también plantea que las mejoras al sistema impactarían en menos gastos para el país...

La fiscalía habla de que abrir la competencia significaría rebajar en poco más de US$ 140 millones los gastos. Yo le contesto al fiscal que la justicia preventiva que genera el sistema notarial les significa a las personas ahorros superiores a los US$ 300 millones. En las notarías se dejan acreditadas circunstancias de actos y contratos en las notarías. Si esas circunstancias fueran reclamadas o desconocidas, tendrían que hacerlo en los tribunales, con procesos que son mucho más caros. Un contrato de arriendo autorizado en notaría demora 30 minutos y pagas $ 5 mil por ejemplar. Demostrar o acreditar esos hechos en tribunales se va a demorar más de un año y va a tener un costo superior a los $ 800 mil. Ahora, veamos desde el punto de vista del Estado. Nosotros realizamos más o menos entre 17 y 18 millones de actuaciones anuales. Si solo el 10% de esas actuaciones derivaran en juicio, porque no existe el sistema notarial, el Fisco tendría que tener tantos tribunales como hoy día existen. Y el presupuesto de operación anual del Poder Judicial son US$ 600 millones. Por lo bajo, el sistema notarial significa un ahorro mucho más significativo que lo que señala el fiscal nacional económico.

¿Es correcto hablar de un mercado de los notarios?

No, no es correcto. Nosotros no somos un mercado. El mercado se ocupa de la economía, de los bienes de consumo, mientras que nosotros nos preocupamos del derecho, de la seguridad jurídica. No somos una empresa, como lo puede ser una farmacia o una planta de revisión técnica. Nosotros somos un servicio jurídico que pertenecemos al Poder Judicial, es como hablar del mercado de los jueces. Yo creo que ahí hay un grave error. Yo entiendo que la FNE, porque tiene anteojos económicos, trata de ver todo como un mercado. Entonces, obviamente hay una mirada que proviene de la formación de ellos, pero que está equivocada.

¿Qué efectos puede tener en su actividad estos estudios?

El análisis de un servicio jurídico bajo los estrictos criterios de mercado, sin ninguna duda va a llevar a errores. Vemos que ellos plantean, por ejemplo, una apertura indiscriminada para poder ejercer el cargo de ministro de fe pública. Eso conlleva riesgos muy grandes (...). La FNE dijo que el sistema era eficaz, entonces no nos parece correcto que después se termine como conclusión que hay que cambiarlo todo. Aquí hay algo que está mal.

¿Sienten que hay alguna especie de persecución a su actividad?

Más que una persecución, yo veo una embestida de carácter comercial. Nosotros otorgamos una gran seguridad jurídica. Aquí en Chile no existe el seguro de título ni existe el seguro de compañía, que sí hay en países sajones. Quizás somos un estorbo para las compañías que se dedican a esto, porque no han podido introducir estos seguros. Por otro lado tenemos el caso de la tecnología, porque hay muchas compañías que quieren vender sus productos, pero hay que tener cuidado, porque ellos pretenden cambiar la fe pública por un dispositivo electrónico o por un determinado software, y creo que eso hoy no es posible.

¿Qué le parece que el estudio diga que, en promedio, los notarios ganan $ 14 millones?

Creo que los cientos de notarios que trabajan en áreas rurales deben estar muy molestos porque se diga que ganan en promedio $ 14 millones. Yo creo que eso es una barbaridad. Habrá notarías más grandes, que tendrán un mayor ingreso, pero de ahí concluir que el promedio son $ 14 millones, es algo infundado. Este es uno de los gruesos errores en que se incurre por ser un informe tan sesgado y tan contradictorio.