El canciller Andrés Allamand anunció hoy una ofensiva diplomática, judicial y policial para frenar el tráfico internacional de migrantes luego de que se conociera el caso de una ciudadana vietnamita de 34 años acusada del tráfico de cinco inmigrantes del mismo país, los que había entregado a comerciantes chinos que los tenían trabajando en malas condiciones y sin salario.

Además, durante esta semana también se conoció el caso de la empresa colombiana “VIVEONLINE”, que ingresaba ilegalmente a migrantes venezolanos, los cuales pasaban por Ecuador, Perú, Bolivia, con Chile como destino final. La empresa funciona desde diciembre del 2017 a través de Facebook.

“La conducta de esta empresa no es una conducta aislada y lo que existe es una verdadera trama en el cual hay un conjunto de bandas criminales organizadas, internacionales, que se dedican precisamente al tráfico ilegal de inmigrantes”, sostuvo ante este caso el ministro de la cartera.

Frente a estos hechos, Allamand dio a conocer los detalles de la ofensiva, la cual según indicó, tiene como objetivo frenar el tráfico internacional ilegal de inmigrantes.

Los tres aspectos de esta estrategia incluyen en primera instancia, que “el Ministerio Público tome contacto con los ministerios y las fiscalías de los países vinculados para realizar las denuncias de estos delitos trasnacionales y lograr que exista una persecución judicial”. Esto fue solicitado al Fiscal Nacional Jorge Abbott.

En segundo lugar, indicó, “hemos coordinado con el director de la PDI para que también a nivel policial podamos realizar acciones que permitan entrabar la acción de estas bandas criminales”. Y en tercer lugar, “he tomado contacto con las cancillerías de Colombia, Perú, Ecuador y Bolivia, para establecer a nivel de las cancillerías una mesa de trabajo para poder frenar este delito internacional”.

Esta semana el Tribunal Constitucional (TC) se pronunció por el requerimiento presentado por el Partido Comunista, Partido Socialista y el Frente Amplio por la ley de migraciones declarando seis puntos como inconstitucionales, entre ellos el art. 135 el cual regulaba la ejecución de la medida de expulsión de un migrante del país y el art. 132 que regulaba el retorno asistido de niños, niñas y adolescentes.