Un segundo allanamiento a las dependencias del Ejército en la Región de Aysén se produjo el pasado 18 de octubre, luego que el fiscal regional, Carlos Palma, obtuviera la autorización del Juzgado de Garantía de Coyhaique para incautar documentación y soportes informáticos (computadores y servidores) del Regimiento Chiloé, donde se encuentra la comandancia de la IV División de la institución. Esta diligencia se enmarca en la investigación por fraude al Fisco que lleva adelante el persecutor, quien indaga eventuales pagos por contrataciones de honorarios y comisiones de servicios que no se habrían efectuado, hacia uniformados activos y en retiro que formaban parte del Fondo de Ayuda Mutua (FAM).

Este es el segundo allanamiento que se produce a las instalaciones militares en la Región de Aysén, luego de la diligencia ocurrida a finales de agosto pasado.

El FAM fue un pozo común que mantuvieron los efectivos que permanecían en la zona. Estos recursos privados tuvieron su fin en 2006, luego que quebrara y no se pudiera cancelar a un grupo importante de contingente militar. A partir de esto, se investiga el posible uso por parte de la institución de fondos fiscales para cancelar esta deuda.

"En los últimos años habrían existido fondos del Estado que habrían sido indebidamente desviados para pagar a particulares, exfuncionarios de Ejército, a propósito de una deuda histórica que habría por un fondo de ayuda mutua. A propósito de aquello se ha ido ampliando el marco de la investigación, y estamos indagando hechos desde el año 2008 a la época", señaló Palma.

De acuerdo al persecutor, el monto defraudado es de al menos $2.900 millones, y la investigación contempla a 109 oficiales y exoficiales que formaban parte del FAM.

Declaraciones

En las dependencias de la PDI se tomó ayer declaración a diversos uniformados, entre quienes destaca el excomandante en jefe del Ejército, Juan Emilio Cheyre. De acuerdo a Palma, la citación fue en calidad de testigo, a propósito de su rol como autoridad máxima de la institución en el período de 2005 y 2006, época en que se cerró la FAM, además, de que en aquel momento se entregaron las primeras medidas reparatorias que son las vías que indaga la fiscalía hacia el fraude al Fisco.

El fiscal, además, aseveró que se ha citado a un gran número de generales, activos y en retiro, además de otros comandantes en jefe y autoridades políticas del periodo investigado, como ministros de Justicia. Algunos en calidad de testigos, otros como imputados.

Querella

El general (r) Daniel Alberl es uno de los 22 imputados hasta el momento. Sin embargo, esta semana presentó una querella criminal en contra de todos quienes resulten responsables por fraude al Fisco, sumándose así a los exuniformados generales (R) Rodrigo Díaz y Fernando San Cristobal. Según el acto, Alberl se desempeñó como jefe del Departamento de Ingresos y Egresos del Comando de Personal del Ejército, instancia en que era el "encargado de las contrataciones institucionales en sus diferentes modalidades". En este período, indicó haberse percatado de los pagos hoy investigados hacia los exaportantes del FAM. Al conocer aquello, dice haber conversado con el comandante general de Personal del Ejército, general de División Luis Chamorro, quien le habría asegurado que "esta situación se encuentra dispuesta institucionalmente, la cual viene desarrollándose hace muchos años".

Además, señaló haberse reunido con el auditor general del Ejército, Felipe Cunich, quien le habría advertido del informe de la Contraloría, el cual derivó en la investigación penal de Palma. Allí, Cunich le habría pedido a Alberl que asumiera la responsabilidad de la investigación, "indicándole que esto es un tema meramente administrativo, que en su condición de retiro no le afectaría en lo absoluto". Dicha petición, dice la querella, fue descartada por el denunciante.