Fue a las 3 de la mañana del martes 13 de junio que vecinos de la zona Confluencia de Chillán, en la Región de Ñuble, reportaron una fuerte explosión. El estruendo motivó el llamado al Gope de Carabineros, quienes en minutos informaron que se trataba de un ataque explosivo en la línea del tren del Puente Itata.
El fiscal de Ñuble, Álvaro Hermosilla, explicó que “en uno de los pilares de cemento que soporta este puente es posible observar que hubo un artefacto explosivo que causó daños importantes a la estructura del tren. Es una fuerte carga explosiva dados los daños”.
El hecho fue catalogado rápidamente como de máxima gravedad en el Ministerio Público, y no sólo por el caso en concreto, sino porque era el tercer atentado a un punto de infraestructura crítica en cinco días. “El objetivo es producir daño y tienen una connotación distinta, porque buscan generar un hecho político al cortar el suministro eléctrico. Aún no hemos tenido adjudicación de ninguna agrupación, pero sin duda son hechos graves”, dijo el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, en T13 Radio, anunciando la presentación de querellas por Ley de Armas, en cada uno de estos eventos.
Tanto en el gobierno como en la Fiscalía hay preocupación por los casos, dado que las tres explosiones cumplieron su cometido: cortar el suministro de energía y, además, hacer daño en infraestructura fundamental para el funcionamiento de la ciudad. ¿Lo más grave? Hasta ahora no hay ninguna pista que arroje quiénes fueron los autores de estos atentados.
El primer ataque se registró la madrugada del 9 de junio, al interior del Fundo Las Cenizas, en el sector de Placilla, en la Región de Valparaíso. “Dos de los cuatro barrotes de base de una torre de alta tensión se encontraban dañados, presumiblemente por efectos de una detonación por artefacto explosivo”, resume uno de los partes policiales, que da cuenta del estado en que quedó el lugar afectado.
“Acción dolosa o maliciosa”
Los investigadores del OS-9 de Carabineros que llegaron al lugar identificaron que se trataría de un artefacto explosivo detonado adosado a los barrotes de la torre con una cinta plástica. La detonación de este elemento generó un corte en la fibra óptica, la cual se encuentra en una torre de alta tensión que se mantiene en el lugar y que provee de electricidad a los sectores de Placilla y Curauma, en la Región de Valparaíso.
Hasta ahora, según fuentes del caso, el ataque podría tener un origen de “protesta ambientalista”. Eso han arrojado las primeras pesquisas de los investigadores de la Fiscalía y policía uniformada, aunque aún no se tiene claridad sobre las indentidades de los responsables.
El mismo 9 de junio, pero a las 23 horas, y en la Región del Biobío, en la localidad de Los Álamos, un técnico de la Empresa Frontel advirtió de lo ocurrido a la policía: la señal de una torre de alta tensión se había perdido y no era posible dar con ella, por lo mismo, se envió un dron a verificar qué había pasado y ahí estaba la evidencia. Una de las estructuras estaba en el suelo, aparentemente, derribada mediante un bombazo.
Según pudieron determinar los policías que llegaron al lugar, se adosaron explosivos en diferentes lugares de la estructura de la torre para luego hacerlos detonar, derribando la torre y generando el corte de suministro eléctrico en la provincia de Arauco por cerca de 30 minutos.
De acuerdo a la querella presentada por Interior, “el uso de explosivos para derribar una torre de transmisión sólo puede deberse a una acción dolosa o maliciosa por parte de los hechores, quienes lograron destruirla e interrumpir el servicio de suministro de electricidad en gran parte de la población”.
Entre las pesquisas que realiza la policía uniformada están el empadronamiento de los peajes aledaños a los predios atacados y también recabar -desde las empresas telefónicas- las señales de los teléfonos que se activaron a los días y las horas de los atentados. Eso para poder cercar y acotar la búsqueda de los imputados.
La investigación de estos casos -al menos en lo ocurrido en Valparaíso y Ñuble- está radicada en la Fiscalía Sur, la cual dirige el persecutor regional Héctor Barros, dado que es esta jurisdicción del Ministerio Público la que indaga todos las causas relativas a la instalación de artefactos explosivos.
Barros sostuvo que “estamos trabajando con nuestros equipos especializados. Queremos señalar que todas las investigaciones a nivel nacional están en la Fiscalía Sur cuando se refiere a atentados explosivos, con las excepciones de La Araucanía (o Arauco) que son vistas por las fiscalías regionales correspondientes”.
En el gobierno, en tanto, esperan que la Fiscalía Nacional designe un fiscal exclusivo para este tipo de causas, para poder aunar todas las investigaciones que tengan que ver con la instalación de bombas en un solo persecutor y, también, en una sola policía. Eso es lo que planteará, durante la jornada del miércoles 14 de junio, el subsecretario Monsalve al jefe del Ministerio Público, Ángel Valencia.
