Daniela San Martín, vocera de la Fiscalía Regional de La Araucanía, se refirió este martes a las afirmaciones que hizo el alcalde de Cunco y presidente de la Asociación de Municipalidades de La Araucanía (AMRA), Alfonso Coke, respecto a amenazas que grupos violentistas habrían hecho llegar a seis jefes comunales de la región.
Coke realizó la acusación ante el jefe de la Defensa Nacional en la región, el general Edward Slater. La alerta fue acogida por el gobierno central y este martes la ministra de la Secretaría General de Gobierno, Camila Vallejo, afirmó en entrevista con el matinal de TVN que se habían contactado a los alcaldes en esta situación. “Tomamos nota de esto, lo conversamos con el Ministerio de Interior y ellos -tras la reunión del comité político- se contactaron porque la tarea principal ahí es contactarse primero con los alcaldes y ver cómo delinear los pasos a seguir en conjunto, no es llegar y nosotros tomar acciones por ellos porque es delicado”, aseguró.
El propio alcalde Coke habría recibido amenazas, pero desistió de denunciar el hecho ante la justicia. En entrevista con ADN aseguró que “el remedio puede ser peor”. La autoridad ha explicado que hay temor a denunciar y afirmó que se le ha recomendado a alcaldes usar chalecos antibalas.
Frente a ello, la vocera de la Fiscalía de La Araucanía precisó que “el delito de amenaza es un delito que requiere la denuncia del afectado para poder iniciar investigación al respecto y de esta manera activar los protocolos de seguridad y brindar las medidas de protección que se requieran según el caso en particular”.
“A modo de ejemplo existe el caso del alcalde de Renaico, Juan Carlos Reinao, quién gozó de medidas de protección dictadas por un tribunal que estuvieron a cargo de Carabineros por una denuncia de amenazas en contexto laboral del ejercicio de su función y no vinculado a la violencia rural”, señaló Daniela San Martín.
El alcalde aludido, Juan Carlos Reinao, fue denunciado en el Tribunal Laboral de Angol por un caso de acoso sexual que afectó a una exfuncionaria del municipio, en el que se falló a favor de la afectada. En tanto, el Ministerio Público está desarrollando una investigación desformalizada contra el jefe comunal por una serie de denuncias de mujeres que acusan haber sido víctimas de agresiones sexuales por parte del alcalde.
