Amenazas a autoridades y convencionales: la agenda de Delgado

“Agenda contra la violencia y amenazas digitales”. Así se titula una minuta de cuatro páginas que elaboró el Ministerio del Interior, a cargo de Rodrigo Delgado.

Es un documento que el jefe de gabinete comenzó a trabajar hace unas semanas, luego de las amenazas que en el último tiempo han recibido algunas autoridades, como la fiscal Ximena Chong -quien formalizó a un efectivo de Carabineros por la caída de un menor al río Mapocho en octubre pasado-, distintos parlamentarios y algunos ministros de gobierno.

“Se ha planteado la necesidad de contar con una agenda contra la violencia digital y contra las amenazas, que incluya, por un lado, una o más iniciativas legales y que, por el otro, permita empaquetar una serie de iniciativas de gestión que ya existen de forma dispersa en diversos ministerios”, comienza señalando el informe preparado por Interior, poniéndose de relieve que, “en lo referente a amenazas, los tipos penales no han sufrido mayores modificaciones desde 1874, que el delito ha adquirido una gran relevancia pública recientemente y que existe una necesidad de actualizar los medios a través de los que se pueden cometer”.

“Uno de los casos más recientes fue el de las amenazas contra la fiscal Ximena Chong, que derivó en la detención de ocho personas el 26 de noviembre de 2020. De forma similar, el Presidente de la República se ha visto afectado por amenazas desde el comienzo de su gobierno (16 durante el año que acaba de terminar), las que han derivado en la presentación de querellas contra los responsables. Además, varios parlamentarios han sufrido amenazas en el contexto de la tramitación de proyectos de ley”, se agrega.

El texto detalla que el “delito de amenaza se encuentra regulado en los artículos 296, 297 y 297 bis del Código Penal, que contienen la regulación común y general al respecto. Dicho cuerpo normativo señala que el delito existe cuando se amenaza seriamente a otro con causarle un mal”, agregando que “la regulación anterior de las amenazas y su aplicación ha resultado ser deficiente, porque, aunque los delitos de amenaza representan un porcentaje relevante de la cantidad de denuncias anuales, la mayor parte de ellos termina en los juzgados de garantía con alguna salida alternativa o absolución”.

Así, Delgado plantea una agenda que se tendría que materializar a través de algunos proyectos de ley y, de acuerdo a la minuta, “se propone perfeccionar los tipos penales de la amenaza para ajustarlos a las propuestas contenidas en el proyecto de nuevo Código Penal del Ministerio de Justicia”.

Así, en el texto se propone crear el nuevo tipo penal de coacción, como delito contra la libertad, y separarlo del de amenazas propiamente tal, como delito contra la seguridad pública. Adicionalmente, se propone incluir un nuevo delito de hostigamiento.

De esta forma, se estipula rediseñar el delito de amenazas de los artículos del Código Penal y contar un párrafo dedicado a la coacción, tipificando coacciones simples y coacciones a funcionarios públicos, entre otras. “La gravedad estará dada por la autoridad del funcionario público (contralor general de la República, consejero del Banco Central, delegado presidencial regional, gobernador regional, juez, fiscal judicial y fiscal del Ministerio Público)”, dice la minuta.

También se plantea calificar la coacción contra los poderes del Estado respecto de víctimas como el Presidente de la República, ministros de Estado, parlamentarios o miembros de tribunales superiores de justicia. Asimismo, se estipula crear un párrafo dedicado a las amenazas.

Por otro lado, el titular del Interior busca que exista un “empaquetamiento” de todas las medidas de gestión que ha hecho el gobierno en contra de la violencia digital, pero que, a su juicio, se encuentran dispersas. “El 4 de diciembre de 2020, el ministro Bellolio pidió a nueve ministerios, la Subsecretaría de la Niñez y el Injuv, que informaran de las iniciativas que existen en la materia. Se propone que dicho ministerio coordine la acción interministerial, con miras a dar más visibilidad al tema”, se explica.

El ministro Delgado ya ha conversado el tema con parlamentarios y autoridades que han recibido amenazas y también con algunos partidos políticos. Su apuesta es comenzar a impulsar esta agenda a partir de este mes y discutirla con todas las colectividades en la búsqueda de un acuerdo transversal.

De hecho, el tema ya lo conversó con el Presidente Sebastián Piñera y lo está trabajando en conjunto con la Segpres y la Segegob. Esto, porque una de sus principales preocupaciones es que las amenazas continúen y puedan afectar a los miembros de la convención constitucional que se elegirán en abril próximo y, por ende, que estén bajo presión a la hora de redactar la nueva Carta Fundamental.

“Cuando una persona es amenazada hay un atentado a la dignidad, a su integridad y la de su familia, de su entorno. También hay un atentado al funcionamiento de las instituciones, y en este caso, también a la democracia”, afirma Delgado, agregando que existe un riesgo de que posibles amenazas hagan que en la convención se “pueda afectar la libre deliberación y el Chile de las próximas décadas”.

“Espero que esta agenda pueda materializarse, presentarla a todas las bancadas y poder generar un acuerdo para decir todos, de manera fuerte y clara, que no estamos disponibles para aceptar amenazas de ningún tipo”, concluye.