Amenazas a fiscal Chong: Tribunal decreta prisión preventiva para 1 de los 8 imputados

1 de los 8 imputados por amenazas a la fiscal jefa de Alta Complejidad Centro Norte, Ximena Chong quedó en prisión preventiva. Se trata de Pablo Martínez Castro, imputado por el eventual delito de tenencia de armamento prohibido de uso bélico y por el ilícito de tenencia de municiones, además de las amenazas.

Así lo decretó hoy el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago en la audiencia de formalización de Gabriel Jara Vivanco, Daniel Goldberger Garcés, Solange Aravena Méndez, Paula Narváez Orrego, Osvaldo Díaz Valdés, Benjamín Zaragoza Wotherspoon, Fernando Hasler Martínez y Pablo Martínez Castro.

El tribunal resolvió que el resto de los acusados quedara con la medida de firma mensual y prohibición de acercarse a la víctima y su familia, desechando la solicitud del Ministerio Público de decretar prisión preventiva para todos los imputados. Para estos efectos, la jueza Tatiana Escobar consideró la irreprochable conducta anterior de los imputados, aun cuando dijo que “este es un hecho que reviste la mayor de las gravedades”.

En esa línea, la jueza Escobar señaló que la amenaza “es seria y verosímil” y que “el tribunal entiende que se trata de un acto planificado”.

De acuerdo a la investigación, dirigida por el fiscal regional Centro Norte (s) Francisco Jacir, los imputados el 6 de octubre pasado se dirigieron hasta el domicilio de la investigadora, en la comuna de Providencia, y le dejaran una carta en la que se explicitaban amenazas de muerte. Esto, según antecedentes de la indagatoria, motivados por la audiencia que protagonizó Chong días antes, cuando formalizó al entonces carabinero Sebastián Zamora por haber impulsado a un adolescente al río Mapocho en medio de protestas.

Según el fiscal, llegaron hasta la casa de la persecutora en tres autos y dos motos. Ahí le dejaron dicha misiva al hijo de Chong. Es por esto que la fiscalía solicita la medida cautelar de prisión preventiva, petición que ha sido rechazada por los abogados defensores.

En esa línea, el persecutor señaló que los imputados son parte de un grupo de extrema derecha denominado “Aún Tenemos Patria”. En uno de los domicilios se incautó una subametralladora calibre 9 mm, con un cargador con 17 cartuchos de 9 mm, además de otras especies. Jacir, además, reveló que, de acuerdo a antecedentes de la indagatoria, las amenazas fueron planificadas en un domicilio de Las Condes, ubicado en Apoquindo 6550, el cual también fue allanado.

El abogado defensor de Benjamín Zaragoza Wotherspoon (19), Sergio Contreras, argumentó que “el delito de amenazas requiere, en su núcleo, coacción. ‘Si haces esto, te puede pasar esto. ‘Deja de hacer esto otro porque te puede pasar esto’. Esa coacción requiere ciertos elementos, no cualquier palabra o acción puede ser un delito de amenaza”.

Tras leer una parte de la misiva, Contreras cuestionó la seriedad de la amenaza: “¿Qué amenaza implícita? Uno podría decir que hay una amenaza oculta en la estructura gramatical de esta carta, pero la verdad que no concreta nada. ¿En qué van a consistir?, ¿pegar pegatinas en la casa?, ¿lanzar huevos?, ¿o causar un mal mayor?”

“El Ministerio Público no fue capaz entregar elementos que uno pueda decir ‘mira la supuesta amenaza es seria’”, añadió.

Sin embargo, el fiscal Jacir afirmó que “la misma carta refiere expresamente que se trata de una amenaza seria”. En esa línea, leyó parte de la misiva: “‘Constituye una amenaza seria hacia su integridad psicológica y física’”.

“Ningún defensor se hizo cargo de aquella frase contenida en la amenaza dirigida a la fiscal Chong en dicha carta”, argumentó. En ese contexto, añadió que “no fue una amenaza a distancia, no fue una amenaza solamente por redes sociales. Fue más allá y llegaron a entregarla al domicilio de ella, que ubicaron por internet. Lo googlearon para concurrir al lugar”.

Sobre la subametralladora UZI encontrada en el domicilio de un detenido, el fiscal dijo que se trata de “un arma prohibida, en pleno funcionamiento, con todas sus municiones”.

El tribunal decretó 90 días como plazo de investigación.